Varias empresas arequipeñas emitieron comunicados y realizaron charlas para intentar influir en la intención de voto de sus trabajadores. Incalpaca, Incatops, Frankie y Ricky, Michell y Cía y la sede de ISM en Arequipa, entre otras, se pronunciaron sobre la coyuntura electoral, advirtiendo sobre los presuntas consecuencias negativas que acarrearía la elección de Pedro Castillo.
En los documentos que las empresas hicieron circular entre sus colaboradores, se hace énfasis en los Tratados de Libre Comercio. Señalan que, de eliminarse estos acuerdos, las compañías en mención tendrían que reducir su producción o incluso cerrar sus puertas definitivamente. De esta manera, se pone en duda la estabilidad de los puestos de trabajo de los empleados.
Este tipo de acciones se están replicando en varias partes del país. Hace poco, se difundió un video de una empresa en Sullana, Piura, donde un gerente exhorta a sus trabajadores a votar por Keiko Fujimori para “defender la libertad”.
Las advertencias en los comunicados
La primera empresa de la que se supo su posición frente a las elecciones fue la textilera Franky y Ricky. En un comunicado, el directorio de la compañía anuncia la suspensión de sus inversiones y la posible toma de “medidas drásticas en el corto plazo”. Así, se da a entender que, en función de los resultados electorales, Franky y Ricky podría cesar sus actividades y, consecuentemente, despedir a sus trabajadores.
Por su parte, dos marcas del Grupo Inca, Incalpaca e IncaTops, también emitieron un comunicado similar a sus empleados. En ellos advierten de las efectos negativos de la “anulación de los tratados internacionales” (TLC’s) y las “restricciones de las importaciones”. Como se sabe, estas propuestas se encontraban en el ideario de Perú Libre que fue presentado como plan de gobierno al JNE.
En esta línea, ambas compañías textiles hacen un llamado a “generar consciencia… para tomar decisiones responsables que procuren un mejor futuro para el Perú”. De este modo, se evidencia una intención de hacer que sus trabajadores reconsideren su voto.
Asimismo, Michell y Cía, otra empresa de Arequipa dedicada a la extracción de fibra de alpaca, también hizo énfasis en las “condiciones de libre negociación”. En un comunicado a sus trabajadores, la marca señaló que, de no tener aseguradas la importación y exportación de sus productos, habrían “consecuencias nefastas para la compañía y sus trabajadores”.
Los casos de ISM y La Ibérica
En el caso de la planta de ISM en Arequipa, se dio a conocer la realización de un evento interno en donde se toca el tema de la segunda vuelta electoral. El pasado 2 de junio, la empresa manufacturera de bebidas convocó a sus trabajadores a una charla vía Zoom del economista Jorge Gonzales Izquierdo. En el flyer de invitación se especifica que el ponente “analizará el impacto que tendrán estas elecciones en el futuro económico del Perú”.
Gonzales Izquierdo es docente en la escuela de Economía de la Universidad del Pacífico, en Lima. El académico ha mostrado su desacuerdo con el plan económico de Pedro Castillo. En una entrevista con el diario Gestión, Gonzales afirmó que las propuestas de este candidato afectarían a toda la sociedad peruana, en especial, a los más pobres.
En el caso de La Ibérica también se ha reportado que se estaría tratando de influenciar en la intención de voto de los trabajadores. De acuerdo a una de las trabajadoras, el pasado lunes se colocó en una de las vitrinas de la empresa de Arequipa un mensaje haciendo alusión al debate del domingo 30 de mayo.
En este comunicado, se manifiesta que los trabajadores deben tomar en cuenta las propuestas presentadas por los candidatos para emitir “un voto consciente y democrático”. Según nuestra fuente, esta sería una manera sutil de intentar direccionar las preferencias políticas de los trabajadores.
La reacción de los trabajadores en Arequipa
Muchos de los trabajadores de estas empresas de Arequipa están en desacuerdo con esta situación. Un integrante de uno de los sindicatos de IncaTops, cuya identidad quedará en reserva, indicó que el comunicado que les hicieron llegar a los trabajadores no fue escrito por el área de recursos humanos, como es usual. En este caso, el mensaje fue elaborado por el directorio de la empresa.
Asimismo, la fuente que consultamos indicó que sí se está tratando de persuadir a los empleados para que no voten por Pedro Castillo. Esta situación nunca antes se había dado en la empresa.
En el caso de Michell y Cía, en la página de Facebook del sindicato Sitrotex, perteneciente a trabajadores de la empresa, se pronunciaron en rechazo a “las campañas de amenaza para inducir al voto de los trabajadores”.
Este viernes, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa emitió un pronunciamiento al respecto. Allí se señala que las empresas IncaTops, Franky y Ricky, Michell, Diamante y otras están usando el amedrentamiento y la coacción para advertir sobre los peligros de votar por Pedro Castillo y así “torcer la voluntad de los trabajadores”.
Por su parte, las empresas arequipeñas mencionadas no han dado hasta el momento alguna declaración o descargo sobre el tema.
Coacción contra trabajadores de Arequipa
Direccionar o someter el sentido del voto constituye un delito, de acuerdo a la legislación peruana. El mismo que se podría denunciar ante el Ministerio Público, con los medios probatorios correspondientes que acrediten el ilícito. Algo que el especialista en derecho electoral, José Tello Alfaro, consideró una bajeza.
“Es nefasto que hagan eso, es terrible. Porque eso es de verdad delictivo, es coacción. A una persona no la puedes someter para que vote por una determinada tendencia so pretexto de botarlo del trabajo, cerrar la fábrica donde trabaje, donde mantiene a su familia. El tema es terrible, eso no se puede hacer. Me parece bastante bajo”.
Abogado José Tello Alfaro, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral.
No obstante, este tipo de casos presentan algunas complicaciones al momento de ser tipificados. Ocurre que existen dos normas que sancionan la coacción del voto. Así lo explico el abogado Tello Alfaro.
“El Código Penal y la Ley Orgánica de Elecciones tienen delitos electorales. Ambos incorporan los denominados delitos electorales o contra la voluntad popular. Sin embargo, se genera un problema tal que cuando la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) toma acciones, normalmente tu cuestionas cual de las normas tu vas a aplicar, y con eso desvirtúas el tipo penal que infringes. Porque existe todavía una dualidad de normatividad en lo que se refiere a las sanciones penales, y eso esta mal. Eso no se corrigió con la reforma política”.
Abogado José Tello Alfaro, integrante del Instituto Peruano de Derecho Electoral.
Si bien se presentan algunas dificultades para casos de coacción al voto, existe jurisprudencia sienta precedentes importante. El abogado Jorge Luis Mamani, también especialista en derecho electoral, nos remite a la Casación 760-2016, La Libertad; que fija criterios para sancionar estos delitos.
Fundamento 26:
Casación 760-2016, La Libertad.
Como criterio axiológico general se tiene que el delito de inducción al (no) voto atenta contra la voluntad popular; como expresión de la soberanía del pueblo en la elección de sus representantes en los diversos estamentos de ‘una sociedad democrático representativa. La voluntad popular se forma con la conjunción de la libre elección de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, un segundo nivel de protección, se relaciona con el derecho que tiene todo ciudadano a sufragar -objeto jurídico específico de protección-, sin presión, coacción o inducción alguna.
El Código Penal peruano consigna como delito cualquier coacción que busque influenciar en el sentido del voto. Así lo estipulan sus artículos 355 y 356, que proponen penas privativas no menores a uno ni mayores a cuatro años.
Las comunicaciones de las empresas también constituyen un claro acoso laboral. Así lo señaló el abogado laboralista Christian Sánchez respecto a los mensajes de empresas en oposición a Pedro Castillo:
“Es un acto de hostilidad. Está prohibido por las normas vigentes. Es un clima de presión que invade la esfera de la libertad de las personas. Tiene que haber sanciones ejemplares, las más graves que están en la ley de trabajo. Hay violación de derechos fundamentales”.
Christian Sánchez, abogado laboralista entrevistado por Hildebrandt en sus trece.
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