Uno de cada cuatro peruanos cree que en las elecciones de la segunda vuelta electoral se ha producido un fraude que perjudica a Keiko Fujimori; pese a que, hasta ahora, no se han presentado pruebas. El que muchos consideren que hubo #trampaenmesa, no quiere decir que sea cierto; además, porque en el otro lado tenemos a tres de cada cuatro peruanos que no lo cree. Sin embargo, esa minoría tiene poder suficiente para petardear la democracia y ha dado muestras de estar dispuesta a llevar al Perú a un escenario de inestabilidad aún mayor.
El afán de tomar el poder ha perdido todo pudor y hace cada vez más evidente que, nuevamente, para el fujimorismo “no importa que se perjudiquen mil o cien mil” a cambio de lograr sus mezquinos objetivos. Así, mientras se mantiene la zozobra en el país, millones de peruanos siguen sufriendo los embates de la crisis sanitaria y económica. ¿Hay algo más detrás de todo esto?
Los representantes del fujimorismo están sugiriendo para el Perú, un proceso similar al que sucedió en Bolivia en el 2019. Desconocer los resultados electorales, acusándolos de fraudulentos, sin ningún sustento legal es el objetivo evidente; pese a que diversos organismos internacionales han expresado su respaldo al proceso realizado en el país y han felicitado su transparencia. Echar todo por tierra y hacerse del poder sería el paso siguiente, que se condice con el nombramiento apresurado de un nuevo Tribunal Constitucional y la renuncia de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Si le sumamos la avalancha de noticias falsas en redes y el sesgo informativo de muchos medios de comunicación nacional, nos estamos asomando rápidamente a un nuevo intento de toma de poder por asalto.
No perdamos de vista que muchos de los involucrados en esta especie de golpe blando -como viene siendo llamado- están vinculados a la mafia de los Cuellos Blancos y el caso Odebrecht; y que si tienen éxito en sus perversos planes estarían más cerca de librarse de la cárcel. De hecho, el magistrado renunciante del JNE no es otro que Luis Arce, a quien en un audio se le escucha conversar con César Hinostroza. Le dice: “Juntos somos dinamita, hermanito”. No olvidemos tampoco que el caso de los Cuellos Blancos se originó en el lavado de activos y el narcotráfico; y terminó revelando lo peor del sistema político y judicial en el Perú.
Hoy menos que nunca debemos quedarnos callados, pues no se trata de defender a ningún político en particular, sino la estabilidad de nuestro país; para que no caiga en manos de grupos mafiosos que quieren librarse de la prisión por encima de todo; incluso por encima de la vida y el futuro de los peruanos.
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