Inicia control de acusación en proceso contra Juan Manuel Guillén por Puente Chilina

El exgobernador regional de Arequipa es presunto responsable de haber negociado irregularmente el precio de la compra de unos terrenos para la construcción del puente Chilina

Regional

Se inicia la fase del control de acusación de los delitos de corrupción por los cuales son inculpados Juan Manuel Guillén y dos de sus ex-funcionarios. El juez José Málaga Pérez se encuentra en proceso de revisión de las pruebas y requerimientos del Ministerio Público y la fiscalía. 

El exgobernador regional de Arequipa es presunto responsable de haber negociado el precio de la compra de unos terrenos para la construcción del puente Chilina. Junto a él también son acusados Jorge Luis Aguilar y Sara Peña, ex gerente regional y ex jefa de una área de obras estratégicas, respectivamente. Estos ex-funcionarios habrían pactado pagar un precio más alto que el de las tasaciones del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento. 

Propietarios de terrenos implicados en el caso

El Ministerio Público ha presentado un requerimiento de acusación por los delitos de colusión y negociación incompatible contra los tres exfuncionarios mencionados. Asimismo, en el caso también están implicados los 7 propietarios de los terrenos. Estos fueron acusados inicialmente de ser cómplices por, presuntamente, haber negociado con Guillén, Aguilar y Peña los precios de los predios.

Sin embargo, en vista de la ausencia de pruebas, la fiscalía ha presentado un requerimiento de sobreseimiento para los propietarios. En otras palabras, el proceso penal contra estos individuos no continuaría más contra la familia Zegarra Arenas.

En estos días se emitirá la resolución pertinente a este pedido de archivo del proceso. De la misma manera, esta etapa de control proseguirá hasta el 3 agosto. Después de culminada, se podrá determinar si las ex autoridades serán enjuiciadas por los delitos que se les imputa o no.

En caso de que se halle responsable a Guillén y sus funcionarios, estos podrían enfrentar una pena de cárcel de entre 19 y 23 años. 

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