El Juzgado de Corrupción de Funcionarios de Arequipa ordenó este miércoles la apertura este del ‘megajuicio’ por el caso de la autopista Arequipa – La Joya. El proceso se celebra a siete años de la denuncia de supuesto direccionamiento en el proceso de licitación para que salga como ganador el consorcio Ingeniería Arequipa – La Joya. El hecho ocasionó un perjuicio económico al Estado de más de 3 millones de soles.
En el caso figura como principal imputado el expresidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, quien se presentó al proceso, a sus 79 años de edad. Asimismo, están comprometidos sus exfuncionarios y representantes de la concesionaria a cargo de la elaboración de los estudios definitivos de la segunda etapa de construcción de la autopista regional Arequipa – La Joya. La fiscal anticorrupción Marita Cueva Ojeda los acusa de cometer el delito de colusión agravada.
Se ha pedido pena privativa de la libertad de 5 años y 8 meses para Guillén Benavides. Mientras que para el resto de acusados se ha solicitado condenadas desde 5 hasta 10 años. Además, se demandó el pago de 95 millones de soles como reparación civil a favor del Estado.
Demoras y retrasos en el proceso
Pese a que se tomó previsiones para que el juicio inicie formalmente, tampoco en esta ocasión pudo concretarse. Desde el 2019, fecha en que se dictó el inicio del auto de enjuiciamiento, el proceso ha sufrido diversas postergaciones. Entre las principales razones, se encuentran los problemas para notificar a los empresarios de la concesionaria que radican fuera del país.
Ese mismo inconveniente volvió a repetirse el miércoles en la audiencia. El empresario español Carlos Ríos Sánchez, según dijo su abogada, no pudo asistir porque no había sido notificado en su domicilio real que es en España. Tampoco concurrieron los procesados Víctor Mantilla Chávez, Antonio Joaquín García del Villar e Ignacio Cerrero Villa. Ante la inasistencia, el juez Eddy Leva Cascamayta los declaró reo contumaz y ordenó su detención y conducción compulsiva.
En cambio, se justificó la ausencia del empresario Carlos Camacho Sevillano, debido a que fue intervenido quirúrgicamente; mientras que el ex viceministro de Economía, Fernando Toledo Arburúa, se hizo presente casi al finalizar la audiencia, salvándose así del arresto.
La acusación por el caso Arequipa – La Joya
De acuerdo a la acusación de la fiscal Cueva Ojeda, los imputados habrían concertado los términos de referencia de la licitación para efectuar los estudios de la segunda etapa de la carretera Arequipa- La Joya, en favor de un consorcio peruano-español.
Los acusados deben deslindar responsabilidades de un supuesto direccionamiento para favorecer al “Consorcio Ingeniería Arequipa –La Joya”, integrado por las empresas españolas Clothos, Epypsa y la compañía peruana de Jack López Ingenieros.
Los imputados habrían tenido la responsabilidad de viablizar o dar conformidad al proceso de selección de esta obra, vulnerando las normas de contrataciones del Estado; según el Ministerio Público.
Para Juan Manuel Guillén Benavides y su ex asesor, Delfor Sarmiento, se pidió de 5 años y 8 meses por su avanzada edad. Y, se solicitó 10 años de pena efectiva para el exgerente general, Jorge Luis Aguilar, el ex asesor regional, Miguel Ocharán y los exfuncionarios Fernando Castillo Gutiérrez, Nadia Heredia Espinoza, Victor Manuel Mantilla Chavéz, René Francisco Huanca Ramos, Rossana Patricia Morays Velásquez, Arcemia Bustamante Quispe y Juan José Vilelle Torres.
En cambio, para los cómplices primarios: Fernando Toledo Arburúa ex viceministro de Economía, Jesús Eduardo Ramón Tolmos Toledo, Carlos Ríos Sánchez, Raúl Fuentes Reynoso, Carlos Roberto Camacho Sevillano, Antonio García del Villar, Ignacio Cerredo Villa, Emiliano Sanz Cañada y Sergio Hernando Alvarez se está solicitando 9 años de prisión. La siguiente sesión se programó para el próximo miércoles 13 de octubre, desde las 8:30 de la mañana.
Antecedentes del proceso
Por este caso, el expresidente regional, Guillén Benavides, sufrió prisión domiciliaria por varios meses. Además, Miguel Ocharán Pichu estuvo preso en el penal de Socabaya. Igualmente, los otros acusados que tuvieron medidas restrictivas de diverso grado, incluyendo a Delford Sarmiento, Jack López, el exministro Toledo y los empresarios españoles.
Sin embargo, vale aclarar que fue Jack López quien denunció a las empresas españolas y a los asesores del presidente de coludirse con el objeto de cambiar el diseño por otro menos costoso. Además, de sustituir a los profesionales presentados como responsables en el proceso de licitación, por otros extranjeros sin acreditación; y por último, de concertar todos los términos de la licitación.
La obra, iniciada en el mandato de Daniel Vera Ballón, no se ha concluido hasta la fecha. Tras estas denuncias, quedo paralizada y se retomó en la administración de Yamila Osorio Delgado, pero no se culminó y ahora está paralizada nuevamente.
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