El representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique, se reunió con la gobernadora regional interina, Kimmerlee Gutiérrez, para analizar la reactivación de sectores afectados tras la detención preventiva de autoridades por el caso ‘Los hijos del cóndor’. Como conclusión, se ha priorizado cuatro puntos que deberá atender el Gobierno Regional de Arequipa.
El primero es el sector Salud, puntualizando en el proceso de vacunación para mayores de 5 años, que debe iniciar en enero del 2022. “Este proceso no puede verse interrumpido”, recalcó Manrique.
Manrique recalcó que deben culminarse las obras en el área de Emergencia del hospital Honorio Delgado. Además, concluir los trabajos de mantenimiento en el resto de centros de salud de la región.
En cuanto al sector Educación, el defensor del Pueblo enfatizó que deben iniciar las clases presenciales para el Año Escolar 2022. Para procurar este objetivo, el GRA debe garantizar la ejecución de obras de restauración y mantenimiento de la infraestructura en las instituciones educativas.
Obras pendientes en Arequipa
Otro de los perjuicios que provocó la detención de las principales autoridades de la región, fue la paralización de las obras ejecutadas por el GRA. El titular de la Defensoría del Pueblo explicó que deben dar prioridad a las obras principales para el desarrollo de la región.
“Se tiene que informar a la población la activación de todas las obras públicas a cargo del Gobierno Regional que en este momento están paralizadas, y que afectan a la economía de miles de familias, que justamente están esperando la activación de estas obras”
Representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Ángel María Manrique.
Manrique explicó que se ha solicitado la priorización de las obras viales, saneamiento, agua potable. Por ejemplo, mencionó las obras del puente Añashuayco, 4 carriles. Las cuales tendrán un impacto importante en la reactivación de los sectores económicos en Arequipa.
Por último, recalcó que se ha pedido a la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez a aplicar mecanismos para prevenir actos de corrupción dentro del Gobierno Regional. Entre las acciones, está mejorar los procesos de selección de personal, la transparencia en los canales de información sobre las gestiones realizadas por el GRA, entre otros.
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