El fiscal Rubén Nuñez reiteró su pedido de 10 años de cárcel para el alcalde provincial de Arequipa, Omar Candia Aguilar, en el juicio que se le sigue por el caso de la compra irregular de cámaras de seguridad, cuando fue alcalde de Alto Selva Alegre.
El magistrado señaló que Candia Aguilar y sus exfuncionarios son coautores del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado. Precisó que el delito se basa en una infracción del deber bajo el sustento de que los imputados dejaron de cumplir sus funciones y permitieron que se cometiera el ilícito.
“Los funcionarios públicos a quienes el pueblo ha elegido tienen el deber de cuidar a la institución, tienen el deber de buscar lo mejor. No puede delegar funciones para así dejar que las cosas fueran por otro lado”, expresó el fiscal Rubén Nuñez.
En ese sentido, concluyó que “ha habido una concertación evidente y clara” en el proceso de adquisición e instalación de 40 cámaras de seguridad. Esto generó un perjuicio de más de 2 millones de soles. También el pago de una multa de más de 30 mil soles impuesta por la empresa Seal al usar sus postes sin autorización.
Alcalde de Arequipa es culpable
Indicó que Candia Aguilar, al ser alcalde, conocía de los procesos administrativos del municipio y pese a ello delegó funciones a funcionarios para librarse de responsabilidades. “Él pudo haber intervenido en la cancelación del proceso”, alegó el fiscal tras enumerar todas las observaciones que halló la Contraloría desde el inicio del proyecto.
En base al informe de control, la compra de las cámaras se realizó sin tomar en cuenta los informes de OSCE. Se permitió la presentación de cotizaciones falsas. Se contrató a un ingeniero de sistemas para elaborar el proyecto cuando se requería un ingeniero de telecomunicaciones o electrónico. También se hicieron modificaciones permitiendo que el proyecto deje de ser obra y se convierta en un bien. Se dieron adelantos de pagos a la contratista Soluciones Andinas y, al momento de la entrega de las cámaras, éstas no encendían.
El Ministerio Público también solicitó la inhabilitación por 3 años del alcalde de Arequipa, lo que le impediría ocupar algún cargo público en el futuro. Por su parte, la Procuraduría de la Contraloría ha demandado una indemnización de 2 millones a favor del Estado que debe ser pagada por todos los procesados.
Cabe señalar que este es el tercer juicio que afronta la autoridad edil desde que arrancó el proceso. En el primero fue absuelto y la Sala ordenó un nuevo juicio al existir vicios durante su desarrollo. Mientras que en el segundo se le condenó a 6 años de cárcel, pero en segunda instancia se anuló la condena.
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