Arequipa: evitan que empresa vinculada al Club de la Construcción cobre más de 2 millones al Estado

Empresa Queiroz Galvao pretendía suma por obras de mejoramiento y rehabilitación en carreteras de Arequipa y Cusco.

Economía
Arequipa: evitan que empresa vinculada al Club de la Construcción cobre más de 2 millones al Estado
Constructora estaba a cargo de ejecución de vías en Arequipa y Cusco. Foto: MTC

La empresa Queiroz Galvao, investigada por el caso ‘Club de la Construcción’, no podrá cobrar los S/ 2 millones 537 mil 568 que demandó al Estado por dos obras ejecutadas en Arequipa y Cusco. La Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) consiguió que la Corte Suprema anulara el desembolso que había dispuesto la Sala Comercial de Lima.

La constructora había argumentado que el monto de dinero era motivo de ampliaciones de plazo de la obra de rehabilitación y mejoramiento de la carretera Yauri–Negromayo–Imata, Tramo: DV Imata–Oscollo–Negromayo, ubicada entre las regiones de Arequipa y Cusco.

El representante de la Procuraduría, David Ortiz Gaspar, explicó que la Corte Suprema de Justicia acogió el recurso de casación interpuesto. El tribunal determinó que el laudo arbitral que favorecía al Estado y que fue anulado por la Sala Comercial de Lima se encuentra debidamente fundamentado, en cuanto a la valoración de la prueba.

El fallo de la Corte Suprema señala que la sentencia de la Primera Sala Comercial de Lima vulneró lo establecido en la Ley de Arbitraje. Este prohíbe al órgano jurisdiccional revisor inmiscuirse en el fondo de la controversia y calificar los criterios, motivaciones e interpretaciones del tribunal arbitral.

“La Procuraduría Pública ha logrado con éxito defender los intereses del Estado. Esto reafirma el compromiso del equipo profesional que conforman el órgano de defensa jurídica del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, señaló el procurador público Ortiz. De tal manera, el MTC evitó que el Estado pierda dinero.

Finalmente, la intervención del MTC evitó que el Estado desembolse dinero a la empresa sin respetar el fallo del laudo arbitral.

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