El ansiado “efecto rebote” en la economía no llega a las municipalidades y Gobierno Regional de Arequipa. En el 2021, varias empeoraron su ejecución presupuestal de proyectos respecto al año de la pandemia y la gran mayoría no vuelve a sus niveles de antes del coronavirus.
El primer año de la pandemia interrumpió de forma abrupta la inversión en el país. Un freno de mano gatillado por el confinamiento prolongado, que no solo detuvo al sector privado, sino también al público. Sin embargo, cerca de terminar el segundo año de la pandemia, la economía no acaba de reponerse en un periodo donde se anticipaba un rebote pronunciado.
Desde el gobierno se intentó impulsar proyectos de inversión pública como un shock reactivador para el sector construcción. Con ese fin, el Ejecutivo anunció una cartera de obras que permitan un flujo importante de recursos económicos.
Hasta octubre de este año, el plan parecía haber funcionado en los indicadores nacionales. La ejecución presupuestal del Estado alcanzaba el nuevo histórico de los últimos 20 años con 28 mil 543 millones de soles invertidos. Es decir, 12 mil millones más que en 2020 y 6 mil millones arriba del 2019.
Este comportamiento se reflejaba en el disgregado del gasto en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), que deja entrever un rebote muy pronunciado, con especial énfasis en las municipalidades del país, donde se recuperaron veinte puntos porcentuales de la ejecución presupuestal en la comparación entre 2020 y 2021.
Letargo municipal
Sin embargo, la situación en Arequipa no es la misma que en el resto del país. A días de terminar el 2021, la ejecución global del gasto en los distintos niveles de gobierno en el departamento es del 72%, cinco puntos por debajo del año pasado, el más duro de la pandemia.
La situación es más desfavorable al hacer el comparativo solo en lo ejecutado en proyectos de inversión. Arequipa cierra el año con un 49.8% de inversión, frente 61.2% de todo el país. Incluso, sigue por debajo del registrado en un atípico 2020, cuando se ejecutó el 51.8% de lo destinado a obras. Y frente al 2019, que tuvo un 53.7%, queda aún más retrasado.
El análisis, de acuerdo a los niveles de gobierno, refleja el mismo escenario de baja capacidad de gasto en las gestiones que administran el departamento. Por una parte, las municipalidades distritales evidencian serios problemas para dar uso a los recursos de los que disponen. Una problemática que afecta en mayor medida a las comunas de localidades rurales, muchas veces sin el personal capacitado para hacer viables sus proyectos de inversión. Sin embargo, los municipios de Arequipa metropolitana tampoco hacen mejores gestiones, incluso gozando de presupuestos muy superiores y personal especializado.
Según la plataforma de Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el 51% de las municipalidades distritales no gastó ni la mitad del presupuesto para obras aprobado para el 2021. Es decir, 52 de las 101 que conforman Arequipa. La medición se realizó al 14 de diciembre último, y pone en evidencia como persisten los problemas para hacer obras en la base de la pirámide estatal. Lo alarmante es que la recuperación anhelada no se pudo cristalizar. En el 2019, solo 32 distritos no superaron el 50% de los niveles de gasto.
A nivel de las comunas de la provincia capital, la de peor performance es Alto Selva Alegre (52 millones de soles), que solo gastó el 31.5% de lo presupuestado para obras, seguida por José Luis Bustamante y Rivero (12 millones), con un 37.9%. Más arriba se posicionan Mariano Melgar (31 millones) y Uchumayo (48 millones), con 49.2% y 49.9% respectivamente.
Precisamente, se trata de algunas de las comunas distritales que más dinero reciben en todo Arequipa. Otras con grandes presupuestos, pero ejecución mediocre, son Yarabamba (130 millones – 32.9%) y Socabaya (45 millones – 51.1%).
En el nivel superior la situación no mejora, y se puede decir que es peor que en sus pares distritales. El 75% de las municipalidades provinciales no llegó al 50% de ejecución del dinero determinado para obras públicas. En el comparativo, se trata de seis de las ocho jurisdicciones en que se divide el departamento. Se trata de Condesuyos, Caravelí, Caylloma, Camaná, La Unión y Castilla, en orden del mayor a menor. Solo se salvan Islay y Arequipa, que rondan el 60% del gasto al 17 de diciembre.
De las que se encuentran por debajo del 50% de inversión, cinco registran un descenso en los niveles del 2020. Asimismo, frente al 2019 son cuatro las que se mantienen a la baja en la ejecución. En lo positivo, Islay superó los niveles de hace dos años, mientras que la Municipalidad Provincial de Arequipa registra un crecimiento sostenido en los últimos tres periodos.
Los discretos niveles de gasto en obras contrastan con los pedidos de mayores presupuestos de parte de los alcaldes distritales y provinciales. En especial con el episodio registrado a mediados de año, después de confirmado el pago de la deuda de Cerro Verde.
Desde las comunas, exigieron al gobierno el reparto y transferencia del canon minero y regalías producto del abono de la empresa. Incluso, se amenazó con realizar huelgas de hambre y protestas, además de insistir en gestiones directas ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al final, el gobierno atendió las demandas de los ediles. Empero, si no aprovecharon el dinero del que dispusieron, ¿harán mejor uso del proveniente de Cerro Verde?
La otra pandemia en el Gore
Si la situación en los municipios no fue la óptima, la del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) fue crítica. Antes del 2018, la ejecución presupuestal del GORE era de las más altas del país. Una performance que fue remitiendo con los años y que se agudizó en este 2021. No por la pandemia, sino por el escándalo de corrupción por el caso ‘Los hijos del cóndor’, que tuvo a la administración regional en suspenso por alrededor de un mes, con sus principales autoridades y funcionarios detenidos. Una situación agravada por la muerte del vicegobernador Walter Gutiérrez y la burocracia del Consejo Regional.
Al 18 de diciembre, el GRA ejecutó el 54% de su presupuesto para obras, seis puntos por debajo del promedio de gobiernos regionales del país (60.1%). Al momento, se sitúa en el puesto 17 de las 26 administraciones catalogadas en ese nivel. El comparativo lo sitúa por debajo del gasto del 2020, cuando se alcanzó el 58.6% de inversión en proyectos. También es menos que lo ejecutado en los años 2019 y 2018.
La situación del gobierno regional no es la deseada. En la última rendición de cuentas, realizada por la gobernadora interina, Kimmerlee Gutiérrez, encontraron varias obras paralizadas. Del mismo modo, de las 125 obras ejecutadas por la región, el 90% registraron adicionales. Asimismo, hallaron alrededor de 70 expedientes encarpetados hace más de un año. Con el cambio de gestión, la autoridad anunció una serie de cambios en las gerencias, que se espera reviertan las deficiencias en el GRA.
El avance de ejecución presupuestal se mide mediante un cálculo propuesto por el propio Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La fórmula planteada compara el gasto por concepto de Devengados con el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Dividiendo ambas cifras se obtiene el porcentaje de ejecución presupuestal.
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