El instituto Solidaria Perú ha emitido una serie de cuestionamientos a la Adenda 13, del proyecto Majes – Siguas II en la región Arequipa. Su argumento es que, de firmarse esta adenda, se estaría incurriendo en un acto nocivo para los intereses de la región Arequipa.
Arturo Salas Vildoso, representante legal del instituto Solidaria Perú, explicó que se ha presentado la documentación donde se resaltan cinco puntos concretos. Las razones expuestas buscan evitar que la comisión de Agricultura del Consejo Regional de Arequipa incurra en la aprobación de este documento que devendría en la firma de la gobernadora regional Kimmerlee Gutiérrez.
El primer cuestionamiento es verificar que la venta de la concesionaria Angostura Siguas, constituida por la empresa española Cobra y que ahora pertenece a capitales franceses de la empresa Vinci, no vulnera el contrato de concesión. Salas recuerda que en la segunda cláusula, numeral 4, se determina que la venta de la concesionaria debe ser autorizada previamente por el Gobierno Regional de Arequipa, pero esta autorización nunca se dio.
Esto provoca que se incurra en una falta grave por parte de la concesionaria, generando una causal para solicitar incluso la resolución del contrato.
Contraloría sobre proyecto en Arequipa
El segundo punto es que la concesionaria no quiere resolver los riesgos y recomendaciones que detectó la Contraloría. En una reunión con representantes de Solidaria Perú, el gerente de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema), Arturo Arroyo, les indicó que en una reunión con representantes de la concesionaria, ellos le indicaron que no considerarían estas recomendaciones, porque implicaría modificar el proyecto de la Adenda 13, y correría el riesgo de postergarse por más tiempo.
Recordemos que en agosto del 2021 el entonces gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Gregorio Palma, informó que Contraloría detectó 48 observaciones a la adenda. Pero el 12 de octubre se anunció que el exgobernador Elmer Cáceres Llica y una delegación de funcionarios regionales de Arequipa se reunieron con gerentes y técnicos de la Contraloría General de la República, para comprometerse a asumir las medidas necesarias que involucre la resolución de estas observaciones; sin embargo, todo apuntaría a que no se cumplió con este compromiso.
Salas recalca en el tercer punto que el Gobierno Regional de Arequipa debe explicar qué medidas se vienen adoptando, luego que la concesionaria Angostura Siguas enviara al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) el anuncio del inicio de la resolución del contrato del proyecto Majes Siguas II, el pasado 11 de enero.
Para Salas, esto no es nada más que una forma de presionar a las autoridades a la firma, con el temor que el proyecto se detenga más años, sin poder cuestionar los lineamientos de la Adenda 13.
“Es una forma de chantajear, de ponerte entre la espada y la pared, de presionarte”
Arturo Salas Vildoso, representante legal del instituto Solidaria Perú
Otros cuestionamientos
El representante de Solidaria Perú también advirtió, como cuarto punto, que la empresa Cobra reclama el pago de 45 millones de dólares. Obligación que deberá ser asumida por el Gobierno Regional de Arequipa. La razón es que aducen que ejecutaron trabajos en la primera etapa de Majes – Siguas II, pero la empresa nunca acreditó el cierre financiero.
El Consejo Regional no ha tenido acceso hasta hoy a la documentación que acredita que la empresa invirtiera ese dinero. Se mencionó un acta de acuerdo, pero este documento no puede superponerse las obligaciones contractuales de la empresa y el GRA, indica Salas.
Por último, Solidaria Perú exige que el Consejo Regional cumpla con sus funciones y estudie con detenimiento le expediente técnico del proyecto. Señalan que esta instancia es la encargada de su evaluación, para corroborar que el proyecto se ejecutará en benefició de la región.
Salas advirtió que los consejeros regionales que aprueben la firma del documento, la gobernadora regional que concrete la rúbrica, y el aval de la administración de Autodema, serían objeto de denuncias directas a cada implicado. Los delitos que se estarían cometiendo son colusión y omisión de funciones, advirtió.
Todas estas observaciones fueron remitidas en un documento al presidente del Consejo Regional de Arequipa, José Luis Hancco,
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