Rosario de denuncias sobre ministros de Estado y renuncias de funcionarios

Desde sus designaciones se han revelado imputaciones y hechos que los implican como funcionarios o profesionales. Gobierno sin reacción

Ejecutivo
Sigue sin resolución los cuestionamientos a algunos de los ministros del cuarto Gabinete del gobierno.

A los cuestionamientos dirigidos al ministro de Salud, Hernán Condori y su permanencia en el cargo, que está siendo evaluada por el presidente de la República, se suman una serie de denuncias sobre otros ministros del Gabinete, las que incluyen al propio presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres.

Asimismo, las renuncias de los funcionarios de algunos ministerios como el de Salud y de Energía y Minas, causan preocupación en la ciudadanía, sin que hayan indicios por parte del gobierno, de efectuar cambios o enmiendas en estas designaciones.

Destituciones y procesos administrativos

El presidente del Consejo de ministros, Aníbal Torres, está bajo el escrutinio público por dos actos concretos. El primero, la salida de la presidenta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Susana Silva Hasembank, por “volver a Fujimori a su cárcel dorada”. Una decisión que Torres calificó de acto de corrupción y de discriminación entre sentenciados”.

El segundo, la destitución del Procurador del Estado, Daniel Soria, que Torres determinó en base a un informe de la Contraloría General de la República. En éste brindaba advertencias sobre indicios de irregularidades en su designación al cargo. Sin embargo, Soria, solicitó hace unos días, una medida cautelar para ser restituido en el cargo.

Además, está el rumor que corrió sobre que el ministro quiere excarcelar Antauro Humala, pedido que promovería Pedro Castillo. Aunque Torres dijo que “por ley, Antauro Humala no puede salir en libertad, lo dije desde que asumí el cargo”.

En el caso del ministro de Justicia, Ángel Yldefonso Narro, pesan las diez visitas que realizó al presidente Castillo y sus asesores en Palacio. Esto, cuando era juez, entre diciembre del 2021 y enero del presente año. El abogado, hoy sucesor de Aníbal Torres en Justicia, es cuestionado porque absolvió a procesados por narcotráfico cuando era juez en Áncash. Y porque defendió a un sentenciado a 25 años de prisión por abuso sexual contra una menor, aunque no tuvo éxito.

Asimismo, recién se supo que la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) le abrió un proceso por negligencia en el cumplimiento de deberes en el cargo. Fue en relación a sus funciones como magistrado en la Corte Superior de Justicia de Áncash. Esto apenas hace dos semanas atrás.

Nombramientos, renuncias y censura

Carlos Palacios, ministro de Energía y Minas del ala cerronista de Perú Libre, este jueves, a tan solo dos días de su jefatura nombró al abogado de la madre de Vladimir Cerrón, Loly Wider Herrera Lavado, como el nuevo Secretario General del Ministerio de Energía y Minas. Y a David Fernando Caballero Llanos como Jefe de Gabinete de Asesores, quien es el dueño de una radio que apoyó a Perú Libre en la campaña electoral.

Frente a estos hechos, este viernes, Jorge Luis Chávez Cresta, viceministro del Ministerio de Energía y Minas (Minem) presentó su renuncia irrevocable. Denunció “que se está realizando una repartición de puestos en el ministerio”. “El Minem requiere de funcionarios y políticas técnicas y especializados. Condiciones que no se estarían respetando en estas recientes designaciones. Las cuales responderían a una consigna partidaria de repartición de puestos y no a méritos ni experiencia profesional”, le habría comentado al ministro Carlos Palacios en persona.

En el caso del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, pesa aún una moción de censura que firmaron ocho congresistas de distintas bancadas por considerar que “no está capacitado para ejercer el cargo y porque elige personas que no tienen el perfil para los cargos de designación”.

Asimismo, se le cuestiona, sobre todo, la autorización del Ministerio de Transportes para formalizar los taxis-colectivos en todo el país, salvo en Lima y Callao.

Nueva denuncia y pedido de profesionales del sector

La vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, está incluida en una investigación por recaudar aportes que se exigían a trabajadores del GORE Junín para pagar reparación de Vladimir Cerrón y financiar a Perú Libre. Ella declaró:r “cuando concluya esta investigación se demostrará que nada tengo que ver con lavado de activos”. Sobre el hecho, el propio Vladimir Cerrón dijo que se le había “incluido injustamente con la clara intención de continuar la persecución a Perú Libre”.

Este sábado se conoció que un sobrino de la vicepresidenta realizó contrataciones con el Estado, según reveló la Contraloría. Jorge Gamarra Boluarte, hijo de su hermana Olga Marina Boluarte Zegarra, contrató a través de la empresa Grupo Peruano Suiza SAC que ganó un concurso para tomar exámenes de tomografías al Hospital Regional del Cusco, servicio valorizado en S/ 170 mil.

El también congresista de la bancada de Perú Libre, Óscar Zea, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, tuvo una investigación por peculado en agravio de la Municipalidad de Huancané, en Puno. La Procuraduría Anticorrupción pidió el pago de 50 mil soles de reparación civil, pero el titular de esta cartera negó que haya en curso una investigación en su contra.

Los agricultores reunidos este viernes en la Primera Cumbre Regional Agraria de Arequipa reclamaron por soluciones al ministro del Midagri, frente a la problemática agraria que se vive en el país desde hace varios años atrás. Piden un profesional del sector y no un maestro.

Otro caso de violencia familiar, falta de experiencia y abuso de autoridad

El contralmirante (r) Gavidia Arrascue, ministro de Defensa, tiene una denuncia que data del 2021 por violencia familiar. Sobre las acusaciones en contra de Héctor Valer por violencia familiar, dijo que era un “tema personal”.

El actual titular de Cultura, Alejandro Salas, no cuenta con ninguna experiencia en ese sector y se viralizaron en redes sociales sus frases racistas, xenofóbas y contra la izquierda peruana, cuando el presidente Pedro Castillo es de tendencia izquierdista.

En tanto el ministro del Interior, Alfonso Chávarry, fue denunciado por abuso de autoridad y tiene otros dos procesos por tráfico ilícito de drogas y delito contra la administración pública; pero se defendió indicando que no todas las denuncias son ciertas. “Si estuviera manchado o tuviera antecedentes, no me hubiese presentado a este puesto. He venido trabajando en Sucamec y en otras entidades y en mi hoja (de vida) no tengo ninguna sentencia por narcotráfico, me están haciendo daño. Yo tengo más de 30 felicitaciones en la PNP durante la época en la que he estado en actividad”, dijo.

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