
La base del partido Fuerza Popular de Arequipa presentó oficialmente a sus precandidatos a la región, alcaldía y distritos. Para el gobierno regional, se lanza Sonia Sanchez, quien dijo sentir un «honor demasiado grande» de volver a estar voceada como posible candidata al gobierno Regional. Aseguró que el 50% de la población de Arequipa es fujimorista y que reconoce la labor «del mejor presidente del Perú».
«Vamos a trabajar con absoluta transparencia, a luchar contra la corrupción. Hay gente que dice ser de izquierda pero vienen a nosotros, Arequipa no es antifujimorista».
Sonia Sanchez – fujimorista y precandidata a la región de Arequipa.
Sánchez tiene un pasado cuestionable, pues fue jefa del Pronaa (Programa Nacional de Asistencia Alimentaria) en Arequipa entre 1991 a 1999. Ella fue denunciada por utilizar los programas de reparto de víveres con fines políticos. Así también, por favorecer a la panificadora de su madre, utilizándola como proveedora durante toda su gestión en el Pronaa. Según las publicaciones de la época, la precandidata «utilizó su cargo como instrumento de proselitismo político y chantaje a las clases populares. Todo en busca de votos para el fujimorismo durante la segunda reelección».
Candidata fujimorista: «Nunca tuve sentencia»
Cuando fue consultada por la prensa por sus denuncias, ella aseguró que nunca tuvo sentencia, que fue algo insignificante y que la «irregularidad» se debió a papeles incompletos que se han regularizado con el tiempo. Además, dijo que las acusaciones llegan de personas que «solo quieren molestar».
A la alcaldía de Arequipa postularía Mauricio Aguirre, quien durante su presentación dijo que felizmente Arequipa no tiene a una Verónica Mendoza ni un Pedro Castillo y que la ciudad tiene sus propios problemas. Yamel Romero, coordinador de la campaña de Fuerza Popular, dijo que la estrategia de campaña es «devolverle la representatividad a un candidato como el buen vecino y devolverle la historia a Arequipa».
Como era de suponer, celebraron la resolución del Tribunal Constitucional y negaron que el expresidente Fujimori haya cometido delitos de lesa humanidad. Desconocieron el caso de esterilizaciones forzadas y se reafirmaron en una vacancia presidencial.
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