Desde Arequipa la congresista por Juntos por el Perú, Ruth Luque, reafirmó los objetivos que pretende su proyecto de ley que busca despenalizar el aborto en casos de violación. La parlamentaria consideró que el aborto por violación tiene como objetivo proteger una serie de derechos para la mujer. Durante el foro que reflexiona sobre los miles de casos de mujeres y niñas víctimas de violencia sexual en el país, Luque afirmó que no hay derechos absolutos a conceptos como “a la vida”, tal como argumentan quienes están en contra.
También recalcó que la legislación que permite el derecho al aborto existe en muchos países, siendo Chile la de aprobación más reciente. Cuando hablamos de aborto también hablamos de prevención, dice. Considera que este derecho se debería utilizar solo en casos extremos, además de evitar que cientos de niñas y adolescentes pongan su vida en riesgo al someterse a un aborto clandestino
Se refirió a la moción que decidió declarar como día nacional el Día del Niño por Nacer, en la que se dijo que la campaña proderechos tiene fines económicos, por lo que llamó a las ONGs a participar de manera más activa. “Algunos congresistas decían, por ejemplo, el aborto es un negocio, que quienes plantean la despenalización del aborto atentamos contra la vida”, indicó.
En ese sentido pidió mayor tolerancia a sus colegas y ciudadanos para crear el diálogo ante una triste realidad que aqueja al país hace tiempo. Finalizó su presentación en Arequipa indicando que quienes piden el aborto en caso de violación no son “anti-vidas” o “aborteras” cómo se refirieron literalmente algunos colegas.
Dia del niño por nacer
Efectivamente, el debate sobre dicha moción permitió evidenciar algunas opiniones radicales, conservadoras e intolerantes de los congresistas. El primero fue el congresista por Arequipa, Edwin Martínez de Acción Popular, quien aseguró que un niño sí puede curar “las heridas de violación” en una mujer sin importar que resulten gestando niñas. Criticó a quienes piden el aborto legal denunciando un “doble crimen” e intentó suavizar sus palabras diciendo que los violadores deben recibir pena máxima.
“Aquí que quede claro, estamos defendiendo el derecho a la vida”, dijo la congresista Rosángella Barbarán secundada por la congresista fujimorista Mery Infantes. Ella confesó haber sido parte de la polémica gestión de Estado durante el mandato de Alberto Fujimori, cuyo abuso culminó en esterilizaciones forzadas. Infantes le dijo a la congresista Luque que se ha había levantado “muy amargada de su silla y que desconoce la clase de persona que es”.
Según la congresista Milagros Jáuregui, la moción no se trata de temas religiosos sino de defender el derecho de futuros peruanos que van a nacer. “No existe el derecho de la madre de matar a sus propios hijos”, dijo la congresista Noelia Herrera. Aseguró que el aborto es una gran industria y que el Perú no puede permitir ser parte de ello.
Waldemar Cerrón, fue más allá con sus palabras y dijo que no por 2 o 3 personas que sufran alguna vulneración, los demás que sí desean tener un bebé se van a perjudicar.
Obligadas a ser madres
Cada 25 de marzo, desde el 2002, se conmemora el Día del niño por nacer. Una ley que tiene el propósito de proteger la vida desde el vientre materno y el reconocimiento de los derechos del no nacido. Debido a esta ley, más de 5 mil niñas en el Perú han sido obligadas a ser madres.
Solo en el 2020, el Perú triplicó el número de niñas menores de diez años de edad forzadas a ser madres. El 2022 aún no hay datos, pero se estima que el número podría incrementarse. El hecho de obligar a una niña a ser madres es calificado como tortura por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el informe del Relator Especial publicado el 5 de enero de 2016, junto al Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem).
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las complicaciones durante el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte entre las jóvenes entre 15 y 19 años en todo el mundo. Sin contar que un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) informó que siete de cada diez madres adolescentes no quería el embarazo, además se suponer un riesgo para su salud física y mental.
En Chile, la Convención Constitucional aprobó incluir el aborto legal como parte de la nueva Constitución. La norma indica que el Estado debe procurar “las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos”.
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