El presidente de la República, Pedro Castillo, tendrá que afrontar en los días venideros una serie de demandas por parte del Congreso de la República. La Comisión de Fiscalización lo está citando para interrogarlo el lunes 7 de marzo; sabrá al día siguiente si su Gabinete ha sido aceptado o no por el Congreso y apurarse a recomponerlo, si es el caso. Ya pesan sobre él, una denuncia constitucional por una probable traición a la patria y dos mociones de vacancia de distintas agrupaciones políticas.
Como se informó, la Comisión de Fiscalización del Congreso, que preside Héctor Ventura, solicitó al presidente interrogarlo por los presuntos actos de corrupción que se coordinaron desde el inmueble de Breña, del pasaje Sarratea. Esto será, el lunes 7 en Palacio, a las 10 de la mañana. Sin embargo, el mandatario no respondió aún dicho requerimiento.
Según su abogado, Eduardo Pachas, “se va proceder de acuerdo a ley” y se dará toda la información –recalcó también- “de acuerdo a ley”. Pero no respondió exactamente si el mandatario recibirá o no a la comisión en Palacio. Y por su parte, el primer ministro, Aníbal Torres, aseguró que el mandatario Pedro Castillo responderá ante la convocatoria de esta comisión ordinaria por el caso Sarratea.
¿Recibirá o no Castillo a miembros de la Comisión de Fiscalización?
Cabe recordar que otros jefes de Estado que fueron citados por comisiones ordinarias o investigadoras del Congreso, no participaron o respondieron por escrito. Expusieron entonces varios motivos como que solo eran invitados y no investigados, caso Humala; o elaboraron sendos informes de por qué no debía presentarse ante determinada comisión y solo aclarar los hechos por escrito, como lo hizo Kuczynski.
Para el jurista Víctor García Toma, consultado por La República, lo importante es dar respuesta. “En caso que Castillo no responda a Fiscalización, le generaría una grave afectación a su imagen política. Se estaría negando a que el Parlamento tenga acceso a la información”, dijo.
Al presidente de la República se le está citando conforme al artículo 88 del reglamento del Congreso. Éste estipula que todo funcionario público, servidor o ciudadano, debe rendir cuentas cuando las comisiones ordinarias del Parlamento lo dispongan. Y el presidente de la República es un funcionario, aunque existen interpretaciones jurídicas para argumentar que un presidente en ejercicio de sus funciones no debe recibir a una comisión del Congreso, señala el propio titular de la comisión, Héctor Ventura, de las filas de Fuerza Popular.
Denuncia constitucional
El otro procedimiento contra Castillo es una denuncia constitucional, por supuesta infracción a la Carta Magna y la probable comisión del delito de traición a la patria. Esta última fue aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por 9 votos a favor y 8 en contra, luego que la presidente de ese grupo legislativo, Rosío Torres, de Alianza Para el Progreso, usara su voto dirimente a favor.
El texto del respectivo informe precisa: “Se declara procedente la denuncia constitucional 219, formulada por los ciudadanos Fernán Altuve-Febres Lores, Ángel Delgado Silva, Lourdes Flores Nano, Hugo Guerra Arteaga, Francisco Tudela van Breugel-Douglas y, César Vignolo Gonzáles Del Valle, que hicieron suya los congresistas Norma Yarrow Lumbreras (Avanza País) y José Cueto Aservi (Renovación Popular) contra el presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones, por presunta infracción constitucional”; y con idéntica resolución, también, “por la presunta comisión del delito de traición a la patria, atentado contra la integridad nacional, tipificado en el Código Penal y del Código de Justicia Militar.
Antes de la aprobación, el congresista Waldemar Cerrón (Perú Libre), presentó una cuestión de orden señalando que el plazo para la calificación de la citada denuncia constitucional había vencido, pero la subcomisión la rechazó. Siete legisladores lo apoyaron, mientras que ocho parlamentarios se opusieron.
El informe será calificado por la comisión Permanente, tras lo cual, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales realizará la investigación y presentará su informe. No deberá exceder el plazo de 15 días hábiles y también su debate ante el pleno.
El plazo es según lo disponga la Comisión Permanente por una sola vez o, por excepción, se puede dar un plazo mayor cuando el proceso a investigarse sea susceptible de acumulación con otra u otras denuncias constitucionales.
Segunda moción de vacancia presidencial contra Castillo
Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, anunció que su bancada presentará una segunda moción de vacancia presidencial, con más de 35 firmas; pero lo hará los primeros días de la próxima semana y ya no este viernes, como lo anunció. Según el Reglamento del Congreso, el número legal es de no menos del 20 % de congresistas.
“Existen motivos suficientes para vacar al mandatario. Los supuestos vínculos de ministros con el terrorismo, sus declaraciones sobre la salida del mar a Bolivia, negarse a dar la lista de proveedores que estuvieron en reuniones secretas en Breña; la denuncia de tráfico de influencias, las designaciones cuestionadas, las revelaciones de la empresaria Karelim López, los ascensos policiales, la fiesta en Cieneguilla”, entre otros.
El congresista dijo que la iniciativa ha recibido sugerencias de Fuerza Popular y Avanza País. “Con todo eso hemos integrado una moción de vacancia con 20 puntos y como 30 páginas, bien sustentadas y argumentadas”, agregó el congresista exmilitar.
El Búho, para más noticias nacionales, síguenos también en nuestras redes sociales:
Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y además en YouTube.
