A 30 años del autogolpe del 5 de abril de Alberto Fujimori

El expresidente, hoy preso, disolvió el Congreso, tomó el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Contraloría y su mayoría congresal destituyó a tres magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales para permitirle ir a una segunda y fraudulenta reelección

Análisis
A 30 años del autogolpe del 5 de abril del hoy sentenciado Alberto Fujimori
Fujimori afrontó un juicio que lo envió 25 años a la cárcel por sus actos y aún quedan casos por ventilarse en su contra. Foto: RPP

“He decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República”, inició el mensaje a la nación del expresidente Alberto Fujimori aquel 5 de abril de 1992.

“Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Tercero, reestructurar la Contraloría General de la República”

Tras el autogolpe, el expresidente Fujimori, instauró el ‘Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional’, al amparo del cual se produjeron diversos actos de corrupción y medidas autoritarias.

Con solo un anuncio por televisión, el Perú inició una dictadura con apariencia democrática, pues desde entonces, el Poder Legislativo, Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura (ahora Junta Nacional de Justicia), el Tribunal Constitucional, Ministerio Público y la Contraloría, se reestructuraron a la medida del gobierno que tenía como segundo al mando a Vladimiro Montesinos.

Cierre de instituciones, persecución de políticos y secuestros

No quedaron libres de su influencia, ni el sector empresarial, ni las Fuerzas Armadas, e incluso, las iglesias católica y evangélica.

Además, se desarmó a los sindicatos, se privatizó la mayoría de empresas públicas, y la totalidad de instituciones estatales se sometieron al poder central, bajo la justificación de “reestructurarlas”; pero acabaron operando al servicio del régimen.

Adicionalmente, el régimen mandó a perseguir a líderes del APRA y el PPC, a quienes arrestó u obligó a huir del país. Ese, fue el caso del expresidente Alan García, quien tuvo que buscar asilo en Colombia.

Los derechos humanos quedaron conculcados y “luego fue tras los medios de comunicación para intentar censurarlos. Enrique Zileri, director de la revista Caretas, quedó detenido. Intervino las oficinas de La República, y el periodista de investigación Gustavo Gorriti fue secuestrado”, recuerda La República.

“Lo que pasó ese 5 de abril fue un golpe de Estado, cuidadosamente planeado. No estoy del todo seguro de cuánto en los cálculos de Fujimori, pero de Montesinos sin ninguna duda, básicamente, desde el comienzo del Gobierno. Fue a buscar las condiciones para hacerlo posible. Fue incluso a tratar de manipular la situación y que esta pudiera agravarse para poder justificar la medida extrema de un golpe de Estado”, dijo Gorriti a Paola Ugaz, el pasado 1 de marzo.

OEA lo llamó a convocar elecciones y se dicta nueva Constitución para permitirle la reelección

Al día siguiente, las Fuerzas Armadas sitiaron Lima con tanques y formaciones militares. Supervisaban las principales avenidas ante cualquier posible disturbio, hubo arrestos y maltrato a congresistas, magistrados y otras autoridades a quienes se destituyó sin contemplaciones.

Solo cuando la Organización de Estados Americanos hizo un llamado a Fujimori, convocó a elecciones del entonces denominado Congreso Constituyente Democrático. En ese foro, donde no participaron todos los partidos políticos, se redactó la Constitución de 1993, aprobada por referéndum. Esta carta magna le permitió a Fujimori reelegirse en 1995.

Luego, en el año 2000, quebró uno de los artículos de esa Constitución para reelegirse por segunda vez, pese a que estaba expresamente prohibido. Para ello hizo uso y abuso de su mayoría parlamentaria que, mediante una “interpretación auténtica” le dio el pase. En el camino, debieron destituir a tres magistrados del Tribunal de Garantías Constitucionales que se opusieron a la ley de re-reelección.

Pero en el año 2001, fueron revelados los “vladivideos”, donde se perennizo los sobornos con dólares en efectivo a congresistas, magistrados, dueños de canales de televisión, empresarios y otros, para que todos apoyaran el régimen de manera incondicional. Ante el escándalo, Alberto Fujimori huyo del país, presentando su renuncia por fax. Veinte años después, el Tribunal Constitucional le ha concedido la posibilidad de ser indultado, aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha impedido su liberación inmediata.

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