La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través de su primer vicepresidente Edgar Ralón, consideró que, en la resolución del Tribunal Constitucional (TC) a favor del indulto del expresidente Alberto Fujimori, no se cumplió con el fallo emitido por la Corte IDH el 2018, ni se realizó un control de convencionalidad del llamado indulto humanitario.
Fue durante la Audiencia en esta Corte, sobre la solicitud de medidas provisionales para las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, ante la posible liberación de Fujimori en Perú.
“Por tratarse de una acción de la más alta corte constitucional del país, tenía la obligación de realizar un control de convencionalidad del llamado indulto humanitario. Y considerar lo indicado por la Corte Interamericana en el 2018”, dijo.
El magistrado añadió que la comisión entiende que la situación es de extrema gravedad en la medida en que se ha restituido un indulto humanitario de carácter discrecional y cuya convencionalidad fue cuestionada el 2018 por esta honorable corte.
“Indulto sería en perjuicio de las víctimas”
Ralón recordó que, “en esa oportunidad la Corte indicó que con el otorgamiento del indulto el Estado no dio cumplimiento total a las obligaciones en materia de justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta”.
Además, puntualizó que el TC no analizó otras medidas –que sin ser perdón– puedan proteger al expresidente. Esto, en caso de que su detención ponga en riesgo su vida.
Por ello es que la CIDH solicitó que se realice una supervisión reforzada. Y que se determine que el indulto discrecional constituye un obstáculo para el cumplimiento de la sentencia de los casos Barrios Altos y La Cantuta. Señaló en ese sentido que la institución se muestra a favor de las medidas provisionales que presentaron las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta. “El indulto sería en perjuicio de las víctimas”, expresa.
Velar por la justicia es tarea del Estado no de los familiares de las víctimas
Gisela Ortiz, hermana de Luis Enrique Ortiz Perea, víctima del caso La Cantuta, señaló que los familiares de las víctimas no han descansado por denunciar la impunidad y la injusticia, logrando incluso la extradición de Alberto Fujimori.
“Los familiares no podemos cargar con el peso de pensar que somos nosotros los que debemos velar por la justicia. Esa es tarea del Estado y de sus compromisos internacionales…queremos la CIDH que se pronuncie firmemente sobre estas medidas provisionales que garanticen la justicia, y que se pronuncie sobre el indulto conferido indebidamente”.
Gloria Cano, de Aprodeh, en relación al fallo del TC dijo que la Corte IDH en su resolución de 2018 reconoció la inconvencionalidad del indulto que se otorgó, no por razones humanitarias; sino que buscaba garantizar la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por Fujimori.
TC intenta reestablecer un indulto que es excluyente de responsabilidad
A su vez, Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal – IDL refirió que el indulto está en contra de las obligaciones establecidas en las sentencias de los casos de La Cantuta y Barrios Altos, por lo que carece de efectos jurídicos. “El indulto que hoy el TC intenta restablecer es un excluyente de responsabilidad que, de acuerdo con el desarrollo jurisprudencial de esta Corte, es inadmisible en casos de graves violaciones a los derechos humanos”.
Asimismo, se hizo ver que, de efectuarse la decisión del TC representaría un gran retroceso e incumplimiento internacional por parte del Estado peruano, a través del propio órgano encargado del control e interpretación de la constitucionalidad y los derechos constitucionales. Y finalmente, Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, manifestó que “esta es una oportunidad única para que la Corte IDH tome la mejor decisión que ponga un punto final a este largo camino que las víctimas han recorrido desde que ocurrieron los hechos.”
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