Las Bambas: Continúa la tensión entre comuneros y miembros del orden

Comuneros denuncian hay civiles vestidos de policías y empresa que están sufriendo ataques. Aquí algunas claves para entender el conflicto

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Los comuneros de toda la provincia de Cotabambas defenderán a Fuerabamba tras el violento desalojo. Foto: RPP

Porfirio Gutiérrez Paniura, alcalde de Chalhuahuacho, distrito de la provincia de Cotabambas en Apurímac, dijo saber que más comunidades y organizaciones sociales se sumarán a la protesta en apoyo de Fuerabamba, debido al violento desalojo que sufrieran este miércoles los pobladores de las inmediaciones de la mina Las Bambas, con el saldo de 17 heridos, una de mayor gravedad. Asimismo, responsabilizó al presidente Castillo por lo sucedido.

“El reclamo y la protesta ya no es solamente de Fuerabamba, ahora se han sumado más comunidades. Ayer hemos escuchado a más organizaciones sociales que se van a sumar a esta protesta en apoyo a estas comunidades”, refirió a Exitosa esta mañana.

El presidente Pedro Castillo “no puede lavarse las manos” por el desalojo de los comuneros de Fuerabamba dijo el burgomaestre. En tanto el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, relató que “el ministro de Energía y Minas tenía que llegar a las 2 p.m., ahí estaban los niños y las señoras tranquilamente esperando, pero nos ha sorprendido cuando aparecieron los policías, militares y el personal contratado de las Bambas, los delincuentes venezolanos, y agredieron”, declaró.

“Las Bambas nos ha traicionado y ahora Fuerabamba no permitirá la permanencia de la minera MMG Las Bambas que nos ha declarado la guerra”, dijo.

Para entender qué es lo que sucede en Las Bambas

De acuerdo a un informe de Noticias SER.PE, hay seis frentes sociales que se deben considerar para entender mejor lo que sucede con la comunidad de Fuerabamba. Y es que esta comunidad fue cambiada de lugar para que pudiera existir el proyecto minero. Y precisamente sus demandas, a lo largo de los años, están relacionadas a que la minera cumpla con los compromisos que asumió para ese reasentamiento, así como a temas laborales, contratación de bienes y servicios. Son demandas dirigidas a la empresa.

Luego, otro frente se creó cuando se modificó el Estudio de Impacto Ambiental inicial, quedando solo 17 comunidades en la zona de influencia directa que son las que piden mejoras con la contratación de mano de obra y bienes y servicios, además de mayor inversión social. También son las que participan de las movilizaciones y/o paros en Chalhuahuacho.

Siguen las comunidades que se excluyeron y que perdieron los beneficios de estar en la zona de influencia. Para éstas, la empresa ha creado una zona de tratamiento especial, pero no ha logrado satisfacer sus demandas. Son las comunidades que están en el que fue el trazo del mineroducto, iniciando en Chalhuahuacho hasta Espinar. Éstas piden como prioridad, volver a ser consideradas en la zona de influencia directa del proyecto.

Unos quieren estar en la zona de influencia directa de la mina, otros renegociación de terrenos

También están alrededor de 20 comunidades del distrito de Chalhuahuacho que, si bien no están consideradas como zona de influencia directa, sí están incluidas como parte de la zona de influencia indirecta, ya que están en ese distrito. Se agrupan en la Federación de Comunidades Campesinas de Chalhuahuacho y convocan a paros, movilizaciones y bloqueos en los últimos años, porque quieren ser zonas de influencia directa y recibir los beneficios que reciben otras comunidades: empleo e inversión social por parte de la empresa.

Para que el proyecto pudiera desarrollarse, la empresa compró sus tierras a algunas comunidades, la más importante, a la comunidad campesina de Fuerabamba, pero también algunos terrenos a comunidades como Chila, Choaquere, Huanquire o Pumamarca. Este es el otro frente. Algunas comunidades han demandado a la empresa la renegociación de los montos pagados, ya que los consideran muy bajos, y algunos han iniciado procesos judiciales.

Finalmente, el otro frente social lo componen los empresarios dueños de diversos locales en Chalhuahuacho, que se generaron con la inversión al inicio del proyecto. Hoteles, restaurantes, lavanderías, transporte de personal, entre otros, han visto disminuidos los pedidos o contratos por las paralizaciones y la demora del segundo tajo. Así se entiende que, unos se vean o consideren afectados por los otros.

Minera denuncia ataques a la empresa

Según MMG Las Bambas, desde el jueves 28 de abril los comuneros están atacando a la minera y a los agentes de seguridad privada que protegen las instalaciones y equipos durante el conflicto, en Cotabambas, Apurímac.

Con un comunicado, MMG Las Bambas denunció las agresiones que desde este jueves viene sufriendo su personal de seguridad y ataques a sus equipos e instalaciones por parte de los comuneros de Fuerabamba y Huancuire (Challhuahuacho, Cotabambas, Apurímac) con piedras y bombas molotov, a fin de invadir los terrenos de la compañía.

“Desde tempranas horas y hasta el momento, venimos siendo sistemática y violentamente atacados por pobladores de estas comunidades en nuevos y mayores intentos de invasión como represalia a la legítima defensa posesoria ejecutada el miércoles 27 de abril”, indica el comunicado.

En video personas que dicen ser civiles visten como policías

Vistiendo uniformes de policías, y a través de videos, algunos varones denunciaron que los llevó la empresa con engaños a la zona. Dicen ser civiles y peruanos y portan chalecos y uniforme de policías. El video está circulando por las redes sociales. Señalan que los contrataron y trasladaron, al parecer, desde Lima.

“Acá es una matanza. Nos han engañado (…) Estamos con temor, todo alrededor está la población (…) Nos han traído con engaños, somos civiles, somos peruanos, dijeron que esto estaba cercado”, indican reclamando.

Al respecto, según informó La República, el periodista de ese diario, Raúl Cabrera, en un principio fue intervenido por este grupo de personas que se hacían pasar por policías, quienes lo trasladaron hasta las instalaciones de la mina en calidad de detenido.

Policías que trabajan en la zona e incluso el Ministerio del Interior confirmó el uso indebido de la indumentaria policial, a otra periodista del diario.

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