La malas decisiones de Pedro Castillo han comenzado a pasarle factura. El 5 de abril del 2022 hubo convulsión social y política en la capital. Las expectativas de lograr consensos tangibles en la anunciada reunión del Congreso y la presidencia del Consejo de Ministros se desestimaron cuando el mandatario tuvo que irse a prisa con la excusa de derogar la ley que decretó la inamovilidad social obligatoria. Algo que no sucedió.
María del Carmen Alva, presidenta del Congreso, señaló que la responsabilidad de la situación actual en el país ha surgido por responsabilidad del Ejecutivo. El argumento fue refutado por el presidente quien indicó que todos sus proyectos de ley “continúan durmiendo” en el Parlamento y no pasan a debatirse.
La reunión no estuvo exenta de incidentes entre los congresistas, sobre todo con la bancada oficialista. El reclamo de una congresista de Perú Libre contra el congresista Carlos Anderson por no “respetar la investidura del presidente” desató la furia de la presidenta del Congreso. Alva le recordó que únicamente en la reunión debían estar presentes los voceros pero se les permitió estar presentes a algunos congresistas de la bancada. Ante la negativa de Perú Libre a rectificarse, Alva echó de la reunión a los parlamentarios del partido oficialista.
Mientras tanto, en las calles hubo enfrentamientos y desmanes por parte de algunos manifestantes, quienes están siendo investigados por el ministerio del Interior. Precisamente el vandalismo registrado contra la sede de la Corte Superior de Justicia de Lima, hace prever que fue planificado según dijo la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios.
“No cualquiera conoce que la parte posterior es la más vulnerable”, dijo. Barrios indicó que hasta el momento se conoce que la turba se llevó computadoras, impresoras y otros equipos informáticos, esto afecta seriamente documentos de casos civiles.
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