El presidente de la Comisión Investigadora del proceso de Elecciones Generales 2021, Jorge Montoya de Renovación Popular, presentó su informe al Pleno del Congreso, insistiendo en sus conclusiones que sí hubo acciones ilegales que determinaron que el candidato Pedro Castillo Terrones ganara los comicios con fraude.
El Pleno aprobó por 77 votos a favor, 24 en contra y 2 en abstención, dar un plazo de 15 días para revisar y analizar el informe que fue deslacrado en la sesión. Esto, a fin de poder debatir y votar si se aprueba o no, ya que entre las recomendaciones está que el Ministerio Público realice investigaciones por posibles infracciones penales. Las acciones irían en contra los responsables del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la exfiscal de la Nación.
El congresista Montoya expuso que su grupo legislativo halló una “presunta responsabilidad penal en el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas. Y en la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos”. Los presuntos delitos cometidos serían los de abuso de autoridad y usurpación de la función pública.
Presidente del JNE no debió aceptar renuncia de miembro
Según refirió, el delito se habría configurado porque “el fiscal Luis Arce Córdova no podía renunciar al cargo de miembro del JNE. Esto, según el artículo 16º de la Ley 26486, Ley del JNE, que declara que el cargo es irrenunciable”.
“Sin embargo, el presidente de dicha entidad aceptó su renuncia. No le correspondía al presidente del JNE declarar la renuncia de Luis Arce Córdova; ni oficiar a la fiscal de la Nación para que nombre su reemplazo”.
Asimismo dijo que, “la fiscal de la Nación actuó de motu propio, sin convocar a la Junta de Fiscales. Y ordenó, bajo responsabilidad, que el fiscal supremo Víctor Rodríguez Monteza se incorporara como nuevo miembro del JNE. Con ello, asumió funciones que no le correspondían”, concluye.
Conclusiones del informe no halan de fraude
Montoya señaló que la “inscripción del actual presidente de la República y su plancha presidencial fue realizada con violación de la Ley”. Encuentran que constituye una “violación de la ley el caso de la señora Dina Boluarte Zegarra. Nunca debió pertenecer a la plancha presidencial de Perú Libre, pues la ley se lo impedía”.
Sobre la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE) afirmó que hay delito de omisión. Asimismo, que en “el proceso de investigación sobre la falsificación de firmas en las actas de votación, se han encontrado presuntas responsabilidades administrativas y penales en funcionarios de la ONPE.
No se designaron miembros de mesa conforme a los requisitos del artículo 55º de la Ley Orgánica de Elecciones”. Dijo también que su informe final recomienda una serie de reformas constitucionales al Congreso.
Informe en minoría sustenta que no hubo fraude
La congresista Sigrid Bazán Narro (CD-JP), al sustentar su informe en minoría, concluyó que las elecciones generales realizadas en el año 2021 se realizaron conforme a lo establecido por el marco legal peruano, el mismo que fue “expuesto por diversas instituciones internacionales y nacionales”.
En ese sentido, enfatizó el hecho de su informe expone las razones por las cuales “no ha existido fraude como lo sostuvieron las organizaciones políticas derrotadas, y tampoco se han producido irregularidades graves que pongan en cuestión los resultados electorales”.
Afirmó que todos los organismos que participaron en la observación y supervisión electoral concluyen, “de manera unánime, que deben respetarse los resultados electorales, la elección de Pedro Castillo Terrones como presidente de la república es legítima y conforme a ley”.
En el debate participaron los congresistas Ruth Luque Ibarra (CD), Alejandro Aguinaga Recuenco (FP), Martha Moyano Delgado (FP); Guido Bellido Ugarte (PL), Germán Tacuri Valdivia (BMCN), Alex Paredes Gonzales (BMCN), Susel Paredes Piqué (SP) y Edgard Raymundo Mercado (CD-JP).
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