Este martes se realizó una nueva reunión entre la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, y pobladores de Caylloma que se oponen a la firma de la Adenda 13 en el contrato de concesión del proyecto Majes -Siguas II. Pese a que ya se anunció que la firma se concretará este jueves 30 de junio, dirigentes y otras autoridades mantienen su oposición y rechazo al proyecto.
En el acta final de la reunión, se acordó retomar la mesa de trabajo técnica con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) con el fin de revisar el contrato que se firmará. Ellos consideran que no beneficia ni a Caylloma, ni a Arequipa.
Asimismo, propusieron que la gobernadora no firme la Adenda 13 hasta que se concluya esta mesa. Según el acuerdo, la deben integrar: congresistas por Arequipa, Kimmerlee Gutiérrez, el Consejo Regional, ProInversión, la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) y los ministerios de Ambiente y de Cultura.
Sin embargo, los funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) señalaron que no es viable, por temas técnicos, realizar la mesa de trabajo antes de la firma. Tampoco se puede aplazar la oficialización de la Adenda 13, que tendría que efectuarse después.
Advierten conflictos por firma de Adenda 13
La decisión tomada por el GRA, no fue del agrado de los pobladores de Caylloma que estuvieron en la reunión. Advirtieron que este jueves actuarán si se llega a firmar la Adenda 13.
“El presidente del Frente de Defensa del distrito de Caylloma y el presidente del Frente de Defensa de la provincia de Caylloma señalaron que, si se firma la Adenda 13, es responsabilidad de la gobernadora lo que pase socialmente”, se puede leer en el acta.
Desde hace semanas, agricultores de esta provincia exigen que se les otorgue el 30% de las tierras que comprende el proyecto agroenergético, Majes – Siguas II. En respuesta, la gobernadora indicó que estaban desinformados ya que la Adenda 13 implica un cambio tecnológico, mas no una repartición de tierras.
Richard Cáceres Uscaymayta, ex presidente del Frente de Defensa Provincial y nuevo presidente de Jardines del Colca, aseguró que no están cumpliendo con los parámetros que debe tener el documento antes de ser firmado; y que se está haciendo por la presión de la empresa que llevará a cabo el proyecto hacia la autoridad. Además, señala que sus reclamos son también por la forma en cómo se está llevando todo para favorecer a una empresa en un proyecto tan importante.
“Legalmente esta adenda no tiene buen fundamento. Debe ir a la par de un reclamo social, por ende se ha formado un comité de lucha y un equipo técnico que fundamente (…) Sabemos que estamos poniendo a la gobernadora entre la espada y la pared, pero en el fondo ella tiene que entender que tarde o temprano esto tendrá un efecto negativo”, finalizó.
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