Arequipa: pérdidas superiores al millón de soles por pagos indebidos de bonos a personal de salud

Contraloría encontró pagos indebidos por covid-19 y de alimentos en el hospital Honorio Delgado y en la Red de Salud Arequipa - Caylloma.

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En el marco del Megaoperativo Regional de Control, la Contraloría emitió el informe donde identificó un perjuicio económico por un millón cien mil soles debido a pagos indebidos del bono covid-19 a personal administrativo del Hospital Honorio Delgado. Así también, por la entrega indebida de bonificación por alimentos a servidores de la Red de Salud Arequipa – Caylloma.

Estos hechos habrían ocurrido durante dos períodos. Del 1 de agosto de 2020 al 31 de enero de 2021 y del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2021. Así lo detallan los informes de Servicio de Control Específico N° 009-2022-2-0663-SCE y 010-2022-2-0663-SCE. En el Hospital Honorio Delgado se ha encontrado a cuatro presuntos responsables, mientras que en la Red de salud Arequipa Caylloma a nueve.

Hospital Honorio Delgado

Según el informe de control 009, en agosto, septiembre y octubre de 2020 se pagó bonos por el covid-19 de manera irregular a 128 trabajadores que no cumplían los requisitos para este beneficio.

También recibieron pagos de bonos el director general y el director adjunto del nosocomio, pese a que la norma no incluye a los directivos. En los dos casos se generó una pérdida total de 244 mil 800 soles.

Red de Salud Arequipa – Caylloma

Por su parte, el informe de control 010 revela un perjuicio de 855 mil 200 soles debido al otorgamiento de bono alimentario a favor del personal administrativo en la Red de Salud Arequipa – Caylloma.

Los bonos se entregaron en enero y febrero del 2020 y costaron cerca de 950 soles por cada trabajador; mientras que de marzo a diciembre del mismo año fue de 600 soles. En 2021 el bono fue de 950 soles por cada servidor.

Estos pagos se realizaron a pesar de las restricciones de la norma presupuestal y del decreto legislativo N° 276. Estaáestablecido que las entidades públicas están prohibidas de negociar con sus servidores, directamente o a través de sus organizaciones sindicales, condiciones de trabajo o beneficios que impliquen “incrementos remunerativos”.

Estos informes ya fueron notificados a los responsables de los dos hospitales para el deslinde de responsabilidades administrativas pertinentes.

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