Según una encuesta reciente de IEP (Instituto de Estudios Peruanos), solo el 4% de peruanos afirma haber leído toda la Constitución, mientras un 53% indica que solo ha leído algunas partes. Al mismo tiempo, un 42% admite que no ha leído nada del documento. Estas cifras explicarían porqué resulta fácil propalar mentiras acerca de la Carta Magna como, por ejemplo, afirmar que es necesario abolirla y redactar una nueva para que la salud y la educación sean un derecho. Y esto es falso, porque el artículo 55 de la Constitución del 93 establece que “los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho nacional”; y el Perú, como Estado miembro de las Naciones Unidas, está obligado a cumplir la Declaración Universal de Derecho Humanos que incluye salud y educación.
Lo que falta es hacerlo cumplir. ¿De qué manera una nueva Constitución nos garantizaría que sí se cumpla? Eso es muy incierto, sobre todo porque los grupos que vienen promoviendo el cambio constitucional no ofrecen nada distinto en política. En otras palabras, los que promueven el cambio y los que se oponen a él, aun proviniendo de distintas canteras ideológicas, se manejan bajo los mismos estándares de corrupción. En ese marco, ¿conviene un cambio de la Constitución? Lo que parece ser más arriesgado que el propio cambio es el escenario político en que este se está moviendo.
Por un lado, tenemos al partido de gobierno como el principal promotor de una nueva Constitución. De hecho, la promesa más repetida por Pedro Castillo en campaña fue esa: el cambio. Pero vemos que, no hay nada distinto en el gobierno de Perú Libre respecto a lo que siempre ha hecho la clase política tradicional peruana. En los 10 meses que lleva en el gobierno, ya se han registrado diversas negligencias en el manejo del Estado que le vienen costando millones en pérdidas, además de acusaciones de corrupción que involucran a sus funcionarios, familiares y allegados; así como, una absoluta incompetencia para solucionar conflictos y proponer alternativas de desarrollo para la economía del país frente a la actual crisis mundial.
Con un 70% de desaprobación, el empecinamiento del gobierno por sacar adelante un cambio Constitucional parece más un pretexto para culpar de su fracaso al documento del 93 y lanzar una cortina de humo sobre todas las investigaciones fiscales que ya enfrenta el presidente y su entorno. Para sazonar el plato, la única respuesta del gobierno frete a estos hechos viene siendo la victimización y el enfrentamiento con los medios de comunicación. Además, la izquierda peruana ha caído en la vergonzosa contradicción de defender a este gobierno alegando que los de derecha hicieron lo mismo.
La oposición no se queda atrás en sus desaciertos y no deja de dispararse a los pies en su intento de mantener la Constitución fujimorista. Desde que Castillo fue declarado ganador en las elecciones de 2021, la derecha inició una cruzada para que se declare nula la elección; aseguró que hubo un fraude del cual nunca pudieron presentar pruebas. Eso, y las continuas marchas de protesta pidiendo la vacancia del presidente, desde el inicio de su mandato, desgastaron su imagen ante los sectores populares; pues, al mismo tiempo, se iba afianzado la polarización: pobres/ricos, Lima/el resto del Perú.
Para ilustrar el pésimo papel de la derecha, tenemos un temprano pedido de vacancia en el Congreso, presentado por Patricia Chirinos de Avanza País; pedido que fracasó porque varios opositores consiguieron favores políticos del gobierno y en retribución reservaron su voto. La calidad de la oposición a Castillo invierte el conocido refrán, ya que “con esos enemigos, quién necesita amigos”.
Si a la derecha peruana realmente le importara mantener la Constitución del 93, debería comenzar por demostrar que sí funciona para todos; no solo para una élite capitalina. Está en sus manos reformar la actual Carta Magna para mejorar el sistema representativo, por ejemplo. Esto conllevaría a una mejor elección de autoridades y un mejor manejo de los recursos del erario nacional.
El Congreso podría escuchar a los ciudadanos y no solo a sus financistas, para sacar adelante leyes que nos protejan de la informalidad y el abuso, en lugar de perpetuarlos; o que nos asegure una mejor educación y no una que sea indiferente a las necesidades sociales y cambios que requiere el país. Pero no, la oposición ha escogido ignorar las encuestas ciudadanas que piden “que se vayan todos”; y también juega al papel de víctima sin darse cuenta que así abona las ansias de cambio a la que tanto miedo le tienen y que está creciendo.
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