El premier Aníbal Torres anunció esta noche que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley que penaliza la difusión de información reservada en un proceso penal. Así se terminará con esta forma de comercializar la información penal reservada y se sancionará a quienes lo hagan, en algunos casos, hasta con 4 años de pena privativa de la libertad”.
El presidente del Consejo de Ministros dijo, que la norma se aprobó en la última sesión del Consejo de Ministros.
“Se ha aprobado un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal. La investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva”, informó en la conferencia del Consejo de ministros.
Aníbal Torres sostuvo que se debe evitar esa divulgación de información reservada y precisó que la sanción sería de cuatro años de prisión.
Proyecto de ley busca proteger la presunción de inocencia
Lo que sucede en la actualidad es que, en las investigaciones, la información reservada se hace de conocimiento público rápidamente. A veces seleccionando información con el propósito de imputar la comisión de delitos. Eso no debe suceder. Por eso estamos presentado al Congreso este proyecto de ley para que eso termine y se sancione, dijo Torres.
Según se informó, el ministro de Justicia, Félix Chero, anunció con anticipación este proyecto, el pasado 13 de junio. Aseguró que con la medida se busca “proteger” la presunción de inocencia de investigados. En ese sentido, recalcó que, “en lo absoluto”, se va a obligar a los periodistas a revelar sus fuentes.
“El sistema de justicia tiene que ver que sus funcionarios reserven la investigación a efectos de que esta no se desnaturalice […] Cuando se hace con fines de obstruir, obstaculizar o desnaturalizar el desarrollo de la investigación, creo que resulta pertinente que se tengan que establecer no solo mecanismos de control de fiscalización, sino también punitivos cuando esta información llega a manos de terceros con esa finalidad”.
Sin embargo, este proyecto fue rechazado por la Asociación nacional de Periodistas del Perú (ANP) que consideró como un “potencial riesgo” esta iniciativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) de “promover un proyecto de ley para sancionar a los jueces, fiscales y policías que filtren información a la prensa de sus aspirantes a colaboradores cuando se trata de casos en reserva”.
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