La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dispuso dejar sin efecto la disposición que suspendía la investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, por el presunto delito contra la Administración Pública – Tráfico de Influencias, en calidad de autor.
Asimismo, dispone que la investigación preliminar se inicie contra el mandatario y se le cita a declarar el jueves 4 de agosto. También dispuso citar a Karelim López el lunes 18 de julio, así como a Zamir Villaverde el martes 19 de julio. Además, se llamará a Bruno Pacheco el miércoles 3 de agosto y también a seis oficiales del Ejército del Perú.
Como se sabe, a finales de mayo de este año, el entonces fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispuso ampliar la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por “la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada. Sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en las investigaciones”.
Castillo habría intervenido en ascensos de oficiales
De acuerdo a un comunicado, el Ministerio Público explicó que se amplió la investigación inicialmente abierta contra el exministro de Transportes Juan Silva -actualmente prófugo- y 6 congresistas. Esto, “luego de un análisis técnico jurídico, ante la seriedad y gravedad de las imputaciones”.
La disposición de investigar al presidente Castillo por tráfico de influencias se origina en la denuncia de supuestas injerencias cometidas desde el Ejecutivo para presionar en el proceso de ascensos de las Fuerzas Armadas. Esto, según el testimonio que brindaron comandantes generales en retiro del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú.
Como se recuerda, en estas intervenciones también está incluido el exsecretario del presidente Castillo, Bruno Pacheco, hoy prófugo de la justicia.
Abogado de Castillo pedirá nulidad absoluta de nueva disposición fiscal
De acuerdo a su abogado Benji Espinoza Ramos, esta nueva investigación es inconstitucional dado que existe una disposición fiscal de Zoraida Ávalos, del 2 de enero, por la que no se le puede perseguir o investigar al presidente de la República, mientras ejerce el cargo.
Espinoza Ramos preguntó si la actual fiscal Patricia Benavides dejó sin efecto la disposición anterior y respondió que no. Argumentó que cuando la Disposición fiscal dictada por Ávalos tiene la calidad de cosa decidida a nivel fiscal y a nivel judicial, se trata de una cosa juzgada; por lo que presentarán una nulidad absoluta a esta disposición.
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