No Necesitamos un “Ministerio de la Familia”

"Expreso mi rechazo a la aprobación del dictamen del proyecto de ley que propone el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) por el de ´Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables´ aprobado por la Comisión de Descentralización"

Columnista invitada

La propuesta de la creación de un Ministerio de la Familia, que presenta el legislador Américo Gonza no es nueva y siempre ha sido rechazada en el último quinquenio (2017 – 2022), sin embargo, nos pone en la necesidad de recordar cuál ha sido la evolución del Ministerio de la Mujer y su trabajo en defensa de la igualdad de género y los derechos fundamentales de las mujeres.

El año 2017, a punto de cumplir 21 años de labor el MIMP, fue presentado el proyecto de ley N° 01782/2017/ CR; el objetivo: fusionar el MIMP con el MIDIS y convertirlo en el Ministerio de la Familia e Inclusión Social (MUFADIS). La referida iniciativa fue archivada. 

Cabe resaltar que el Estado asume compromisos internacionales en el deber de fortalecer y dotar de mayor presupuesto al MIMP; tal como ha recomendado en reiteradas oportunidades el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). En su informe del 2014 señaló: “El Comité reitera sus anteriores recomendaciones al Estado parte y lo insta a reforzar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en cuanto principal mecanismo para la aplicación de la Convención incrementando sustancialmente los recursos humanos y financieros destinados al cumplimiento de su mandato relativo a la aplicación de políticas y leyes en pro de la igualdad de género, promover la descentralización de las políticas públicas de adelanto de la mujer, y mejorar la coordinación de todas las ramas y niveles de gobierno mediante una presupuestación eficaz con perspectiva de género” 

Durante más de dos décadas y media (1996-2022), el Perú cuenta con un mecanismo de alta jerarquía en el Estado, referencia en nuestro continente. Fue el primer Ministerio de la Mujer constituido en el contexto de post Beijing 1995. En Sudamérica, Venezuela lo implementó en el 2009, Paraguay en el 2012; y durante el mandato de Michelle Bachelet, se implementó en Chile, en el 2016; más recientemente en Argentina (2019) se creó el Ministerio de la Mujer, Géneros y la Diversidad. Se ha tomado como referencia el modelo peruano para que antiguos institutos o secretarías de la Mujer (como el SERNAM en Chile); encuentren un espacio en los consejos de ministros de los diferentes países de la región. “La desigualdad que viven las mujeres peruanas requiere un ente rector que se concentre en sus derechos, en su autonomía y en sus libertades” (MIMP).

Ese nivel en la jerarquía del Estado garantiza participación en igualdad de condiciones para implementación de políticas públicas favorables a la mujer y poblaciones vulnerables; buscando garantizar de manera transversal en todos los sectores la brecha de inequidad o desigualdades de género, las mismas que son de naturaleza diferente a aquellas que buscan cerrar brechas de orden socioeconómico vinculadas a la lucha por erradicar la pobreza, tal es en el caso peruano el MIDIS. 

La política de igualdad de género, así como el propio MIMP, enfrentaron y enfrentan una ofensiva conservadora que a la fecha no se ha superado; impedir la educación sexual integral (ESI) y suspender en el caso de la educación, el enfoque de género, son solo dos muestras de este retroceso. Es por ello que las diferentes organizaciones de mujeres, organizaciones feministas y de la sociedad civil demandamos al Legislativo, al Ejecutivo y la ciudadanía a desestimar y archivar en el nuevo proyecto de ley antes mencionado y su reciente dictamen y cerrar filas en defensa del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Debemos recordar que uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) el N°5, señala que los Estados deberán hacer esfuerzos para garantizar la Igualdad de Género y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Desde la perspectiva de los desafíos globales se puede afirmar que el ritmo de los avances de la igualdad de género ha sido menor que los de las transformaciones ambientales, económicas y sociales ocurridas en el mundo.

El dictamen aprobado invisibiliza a 17 millones de mujeres peruanas como sujetos de derechos y de las políticas públicas; buscando relegarlas en el espacio de la familia reproduciendo una concepción tradicional de sus roles.

Esta última iniciativa presentada el 1 de febrero del 2022, cuyo dictamen se aprobó este 5 de julio no debe aprobarse, pues representa un retroceso. El proyecto y su dictamen buscan además modificar los nombres de los vice ministerios y de los Centros de Emergencia Mujer. La política de género tiene hoy otras prioridades que atender que son más relevantes si se enfocan adecuadamente. 

Un Ministerio de la Mujer es relevante 

Su relevancia está dada por la necesidad de hacer efectiva la igualdad de género. En tanto subsiste como problema importante la enorme dificultad para cambiar prioridades en la asignación de recursos económicos a través del mecanismo presupuestal nacional, sectorial y regional. Y a ello que se suman el insuficiente y/o muchas veces deficiente calidad del gasto; insuficiente desarrollo de capacidades en la gestión de los recursos humanos y materiales para hacer efectiva la igualdad.

Una perspectiva de igualdad de género si bien es cierto deberá reducir las brechas de género hasta su superación, sobre todo su mirada estratégica deberá centrarse en enfrentar el Sistema Patriarcal sexo/ género, para deconstruir los patrones de desigualdad y subordinación vinculados a la situación de roles y estereotipos de género que los refuerzan, esto es, una atención no sólo centrada en la atención de necesidades básicas, considerando a las mujeres como carenciadas y no como ciudadanas.

Hoy, urge decidir si el ministerio se mantiene operando sin cambios; o se introducen ajustes y rediseño de estrategias (proceso en el que actualmente se encuentra). El MIMP es un ministerio vulnerable, sin embargo, debe fortalecerse. 

El Plan Nacional de Igualdad de Género (PLANIG) y la Política Nacional de Igualdad de Género (PNIG) deben mantenerse operando y no descontinuarse; se requiere sin embargo, la introducción de ajustes en diferentes aspectos vinculados a parte de los ejes temáticos, si bien la aprobación de normatividad para la igualdad (eje 1) y la incorporación del enfoque de género en la gestión pública (2) tienen un crecimiento exponencial en términos normativos y de formulación de políticas. Esto deviene en que subyace una concepción conceptual -racional – legal, distante aún del ejercicio efectivo o sustantivos de los derechos, que requieren reducir la brecha entre lo que se dice y lo que se hará para que los enunciados tengan un contenido real.

No retrocederemos en lo avanzado y rechazamos el giro conservador desde las calles.

(*) Ex ministra de la Mujer y Desarrollo Social, Magister en Políticas Públicas de Igualdad y Género (FLASO)

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