Declaran fundada acción de amparo de presidente del JNE en contra del Congreso

Jueza constitucional de la Corte de Arequipa ordena al Poder Legislativo archivar toda denuncia constitucional "por tener efecto intimidatorio"

Judicial
Poder Judicial declara fundada acción de amparo presentada por Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones en contra del Congreso.

La jueza constitucional de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, Karina Apaza del Carpio, dispuso el cese de amenaza de vulneración de los derechos fundamentales al ejercicio pleno de la función pública y a la independencia funcional del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, declarando fundada la demanda de Acción de Amparo interpuesta por la autoridad electoral en contra del Congreso de la República.

Así, la magistrada declaró fundada la demanda de Acción de Amparo, interpuesta por el presidente del JNE. El amparo es contra del accionar del Congreso que está tramitando denuncias constitucionales que lo afectan directamente. Y dispone el cese de dichas amenazas, puesto que con el trámite de las mismas se pretende someterlo. Esto, mediante la prerrogativa del juicio y antejuicio político que no le corresponde conforme al Art. 99° de la Constitución Política del Perú.

“Las amenazas de destitución o inhabilitación para ejercer función pública hasta por 10 años, son un atentado contra el ejercicio de la función pública en el cargo de Presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y tienen un efecto intimidatorio”, sostiene la jueza Apaza del Carpio en la sentencia expedida.

También declara nulidad de registro de denuncias constitucionales contra presidente del JNE

Asimismo, declara la nulidad del acto de ingreso y registro de las denuncias constitucionales; y todo lo actuado en el trámite de las mismas y ordena al Congreso de la República, proceda al archivo correspondiente.

Finalmente, exhorta al Congreso de la República a través de la sub Comisión de Acusaciones Constitucionales, la Comisión Permanente y eventualmente al pleno del Congreso, se abstengan de incurrir en situaciones antes descritas, bajo apercibimientos que permite el Nuevo Código Procesal Constitucional.

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