El pasado 29 de octubre del 2021, el presidente Pedro Castillo suscribió un Decreto de Urgencia que autorizó la transferencia de 9,6 millones de soles para el financiamiento de obras públicas en el distrito de Anguía (Chota, Cajamarca). Es por este dispositivo que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, resolvió iniciar una nueva investigación al mandatario Pedro Castillo y al exministro de Vivienda y Construcción, Geiner Alvarado por el presunto delito de crimen organizado.
Y fue precisamente con los fondos que permitía este decreto 102-2021 que, el alcalde de Anguía, Nenil Medina Guerrero, licitó cinco obras públicas. Una de éstas por 3 millones de soles, con la empresa de los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana. Esto, luego de que el burgomaestre visitara varias veces al presidente Castillo y se reuniera con el exministro de Vivienda, Geiner Alvarado según informó La República.
Y en las mismas fechas, previas a la emisión del decreto, el empresario Hugo Espino Lucana, también se entrevistó varias veces con la cuñada del jefe del Estado, Yenifer Paredes Navarro. Se sabe que, trabajó en la alcaldía de Anguía. Y luego ingresó a la empresa de su amigo Hugo Espino, quien ya había prestado servicios para su amigo, el alcalde de Anguía.
Con decreto de Castillo, Hugo Espino gana licitaciones en Cajatambo y Anguía
Según las investigaciones hechas, Hugo Espino tenía dos empresas, JJM Espino Ingeniería & Construcción y la otra, que estaba a nombre de su hermana, Anggi Espino Lucana, Destcon Ingenieros & Arquitectos. Anggi ya confesó que, solo era una fachada, pues su hermano Hugo Espino era el que la manejaba.
Es así como, JJM Espino Ingeniería & Construcción gana en setiembre del 2021 un contrato de 3,8 millones de soles de la Municipalidad Provincial de Cajatambo. Dos meses después, a través de Destcon Ingenieros & Arquitectos obtuvo la buena pro de la Municipalidad Distrital de Anguía para un proyecto de 3 millones de soles.
La hipótesis de la Fiscalía es que existió concertación entre los implicados para favorecer a las constructoras de los hermanos Espino Lucana, amigos de la familia presidencial. Y también a otras empresas de sus allegados en proceso de identificación.
¿Cómo se relacionan ambas alcaldías?
Lo que se ha podido descubrir al momento es que las licitaciones de Cajatambo y Anguía, tienen una relación entre sí. Tanto en una y otra municipalidad, uno de los integrantes del comité de adjudicación fue Viviana Alcántara Montes. Y en ambos casos ganaron los contratos los hermanos Hugo y Anggi Espino Lucana.
Se cree que Viviana Alcántara Montes tendría vínculos de amistad con Yenifer Paredes Navarro y Hugo Espino Lucana. Los tres trabajaron en el municipio de Anguía entre 2019 y 2021. Yenifer Paredes era funcionaria en Anguía y participó en varias licitaciones, mientras que Hugo Espino realizaba consultorías para dicha comuna.
Se conoce ahora que, además de los 9,6 millones transferidos con el Decreto de Urgencia, el presidente Castillo, también aprobó la transferencia de fondos al municipio de Anguía. Esto, para financiar la construcción de un camino que une a varias comunidades. Entre ellas Chugur, donde reside la familia del jefe del Estado.
Hagamos un repaso de las investigaciones que ha emprendido la Fiscalía contra el mandatario y sus sustentos.
Quinta investigación: Contra la administración pública y tráfico de influencias
La fiscal, Patricia Benavides, reabrió la investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, por los delitos contra la administración pública y tráfico de influencias. Para ello, dispuso dejar sin efecto la suspensión del inicio de actos, hasta la culminación de su mandato presidencial.
Esto debido a que la investigación la inició en enero la exfiscal general Zoraida Ávalos por presuntas irregularidades en la compra de Biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. Después la suspendió por la inmunidad de la que goza el jefe de Estado.
Presuntamente, las reuniones que sostuvo Castillo con la lobista Karelim López y el empresario Samir Abudayeh, permitieron que dicha empresa gane una licitación en la petrolera estatal Petroperú para venderle biodiesel. Además, el empresario y aspirante a colaborador eficaz Zamir Villaverde acusó a Castillo de haber recibido 2 millones de soles (510.000 dólares) por la licitación.
Cuarta investigación: Presuntos delitos contra la Administración de Justicia y encubrimiento personal
Esta investigación preliminar puesta en marcha contra el presidente Castillo es, por presuntos delitos contra la Administración de Justicia y encubrimiento personal. También se basa en las declaraciones del extitular del Interior Mariano González quien acusó al mandatario de obstrucción a la Justicia por su sola destitución, a 15 días de ocupar el cargo.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Aníbal Torres, cuando se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, aseguró que a González se le despidió porque no tenía como prioridad la lucha contra la inseguridad ciudadana. Tan es así que, en el consejo extraordinario dedicado exclusivamente a este problema, insistió en que no existía y que solo era una percepción. Tampoco “tuvo la menor intención de materializar el decreto de emergencia” anunciado para Lima, Trujillo y Callao, por dicha inseguridad ciudadana.
Tercera investigación: Organización criminal
La Fiscalía abrió la tercera investigación preliminar al presidente Pedro Castillo a causa de las declaraciones del destituido exministro del Interior, Mariano González. En la misma, incluyó a los funcionarios de Palacio Eder Vitón y Beder Camacho. A este último se le sindica como autor de la fuga de Pacheco.
La indagación contra el mandatario al inicio solo era por el delito de encubrimiento personal. Pero, el Ministerio Público (MP) determinó que además se le investigue por el delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal. Tendrá un plazo de investigación de 36 meses. El período inicial era de 60 días.
Segunda investigación: Tráfico de influencias
Fue la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos quien inició las indagaciones preliminares por las visitas de Karelim López en la casa del Pasaje Sarratea en Breña y Palacio de Gobierno. Hecho que se encuentra ligado a la adjudicación de dos contratos con el Estado, tales como el caso de Provías Descentralizado y Petroperú.
Pero esta investigación se inicia bajo el sustento del artículo 117° de la Constitución Política del Perú: “El Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”
Bruno Pacheco, ex hombre de confianza de Castillo también se ve implicado en esta investigación por la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en el proceso regular de ascensos en las Fuerzas Armadas.
Primera investigación: Tráfico de influencia, patrocinio ilegal y colusión en agravio del Estado
La exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos abre la primera investigación preliminar por la licitación del proyecto Puente Tarata III. Se sospecha que el jefe de Estado habría intervenido “indebida e indirectamente” en el otorgamiento de un contrato millonario para la construcción del puente vehicular Tarata, en el departamento de San Martín. Según la Fiscalía, el mandatario habría intercedido “a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata III”.
Esto luego de conocerse que la empresaria Karelim López Arredondo, vinculada al grupo constructor, se reunió con Castillo en Palacio de Gobierno como quedó registrada, pero otra secreta en el domicilio particular, la misma que registró un medio televisivo. Se cree que las reuniones estarían relacionadas con la adjudicación de los contratos.
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