Habitantes del Valle de Tambo en Islay (Arequipa) acatan una medida de protesta indefinida por quinto día, en rechazo a la Resolución Directoral del ANA que otorga la licencia de agua superficial en favor de la empresa minera Anglo American – Quellaveco.
La medida de fuerza ha escalado, llegando a producirse el bloqueo de varias carreteras claves. Esto ha afectado el desarrollo de las labores escolares presenciales en tres colegios ubicados en los distritos que comprende el valle.
Ángel Manrique Linares, representante de la Defensoría del Pueblo de Arequipa, informó que hasta tres centros educativos han optado por realizar clases virtuales debido a las vías bloqueadas, lo que afecta el tránsito de los docentes.
Hasta este viernes 16 se mantenía el bloqueo de la carretera Costanera, en diversos puntos, sumándose a los piquetes del arco de ingreso a La Curva, en el distrito Deán Valdivia. Otro similar en el sector de El Boquerón, de la misma localidad. A su vez, en el ingreso al distrito de Islay – Matarani al lado norte de la provincia, también estuvo bloqueado.
“Existe el derecho a una protesta legítima, pero este derecho no tiene por qué afectar el derecho a la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así se lo hemos hecho saber a la UGEL de Islay, para que garantice el derecho a la educación y se evite que la medida de fuerza afecte a los estudiantes de la provincia”
Ángel Manrique Linares, representante de la Defensoría del Pueblo en Arequipa.
Defensoría del Pueblo de Arequipa visitará el Valle de Tambo
Asimismo, Manrique informó que, el último viernes, autoridades del Gobierno Regional de Arequipa junto con el comité técnico que conformó la gobernadora Kimmerlee Gutiérrez, visitaron el Valle de Tambo. “Vamos a esperar los resultados de esa visita de la delegación. A partir de esa respuesta definiremos un plan de visita a la zona”, sostuvo.
Agregó que el gobierno nacional debe establecer los canales de comunicación con el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional del Agua para que los reclamos sean atendidos con razones técnicas y garantizar el derecho de agua a la ciudadanía.
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