Un funcionario del Ministerio Público busca intimidar y presionar a la máxima instancia judicial del país, para que resuelvan de acuerdo a los intereses del Ministerio Público, en un caso específico. Así lo denunció la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, a través de un pronunciamiento público transmitido por Justicia TV.
“Ante la inminente visita de la OEA, hacemos presente nuestra posición institucional de independencia judicial y rechazamos cualquier acto de intimidación y presión que se viene realizando por parte de un funcionario del Ministerio Público”, advirtió la presidenta del Poder Judicial y la Corte Suprema, Elvia Barrios, acompañada del pleno de los jueces de la Corte Suprema.
Refirió que, en estos días se está ratificando a los jueces de la Corte Suprema, proceso a cargo de la Junta Nacional de Justicia. En ese sentido, esperan que este proceso se realice con justicia y equidad, ajeno a cualquier interés antijurídico y particular.
Rafael Vela queja a juez de la Corte Suprema
Según fuentes judiciales, los jueces supremos se pronunciaron en respuesta a las declaraciones periodísticas hechas por el coordinador del Equipo Especial de Fiscales del caso “Lava Jato” y vocero no oficial de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el fiscal superior Rafael Vela Barba.
Rafael Vela dijo que la fiscalía ha presentado una queja ante la Junta Nacional de Justicia contra el juez supremo César San Martín Castro. Esto, por sus “actitudes sospechosas”, al no querer apartarse de la próxima audiencia que realizará la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a fin de definir, en el caso Ollanta Humala, si los aportes irregulares en campañas políticas constituyen delito de lavado de activos.
Según Vela Barba, el juez San Martín Castro solía apartarse de ver los casos referidos al expresidente Ollanta Humala y Nadine Heredia y ahora no lo hace. Esto les llama la atención, pero el fiscal no mencionó otro indicio para dudar de la imparcialidad del referido magistrado.
Frente a esta situación, la procuraduría del caso Lava Jato y la fiscalía suprema recusaron la intervención de San Martín. Pero la Sala Penal Permanente, integrada por cinco jueces supremos, consideró que no había razón para que el juez no intervenga en esta causa. Luego, rechazaron la recusación y programaron la audiencia pública para evaluar el caso el 8 de noviembre.
JNJ cita a Elvia Barrios en base a un informe
Mientras que Rafael Vela declaraba en una radioemisora, la Junta Nacional de Justicia notificaba a la Corte Suprema. El consejero instructor Guillermo Thornberry Villarán propone la destitución de la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios. También, de los jueces supremos titulares Javier Arévalo Vela y Rodolfo Walde Jauregui.
Esto porque se atribuye a estos magistrados, una supuesta influencia indebida en el Jurado Nacional de Elecciones para que contraten a sus familiares. De Elvia Barrios, a su esposo Eduardo Laca Rivadeneira. En el caso de Arévalo a su hermano Javier Arévalo Vela y en el de Walde Jaurégui, a su esposa Carmen Ortega Paredes. La única prueba de esa influencia indebida sería el vínculo familiar.
Esta propuesta de Thornberry es el primer paso del proceso disciplinario. Los jueces mencionados deberán presentar sus descargos por escrito y se realizará una audiencia. Luego, otro consejero emitirá un informe y el pleno de la Junta tomará una decisión.
Jueces supremos manifiestan suspicacias sobre informe
Sin embargo, la Junta Nacional de Justicia salió a aclarar que no es este órgano el que pide su destitución, sino es un informe de Thornberry que primero tendrá que seguir su curso, entre otras cosas, escucharse la defensa de los citados jueces supremos.
Los magistrados han manifestado sus suspicacias porque, si la JNJ en una oportunidad sancionó con suspensión por un mes al juez César San Martín por haber llamado al destituido Walter Ríos para que acelere un proceso de interés propio, pero sobre las llamadas que tiene la actual fiscal de la Nación con presuntos integrantes de la red de Los Cuellos Blancos del Puerto, la Junta Nacional de Justicia aún no ha iniciado una investigación.
Al respecto, la JNJ emitió un comunicado el 26 de agosto en el que señalan que admitieron oportunamente las denuncias contra la fiscal y que se encuentran procesándolas. Además que, en el marco de su autonomía e independencia, la JNJ no acepta presión alguna en el ejercicio de sus funciones constitucionales.
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