El 22 de octubre último se cumplió 1 año de la detención del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica. Los graves actos de corrupción puestos al descubierto por una agente infiltrada en su entorno ocasionaron su caída en plena gestión y a mitad de pandemia. Pero a pesar de su salida, poco o nada ha cambiado en el Gobierno Regional de Arequipa.
Cáceres Llica ingresó a prisión, por 36 meses, ante la presunción de que lidera una organización criminal bautizada como “Los hijos del cóndor”, la cual operó al interior de la entidad. Entre los involucrados están funcionarios de su confianza, la mitad de miembros del Consejo Regional de Arequipa y dirigentes. El proceso penal incluye delitos de cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio y además, organización criminal.
Aunque ha transcurrido más de un año de su detención, la investigación contra la suspendida autoridad no tiene un avance significativo. El fiscal encargado, Arturo Valencia Paiva, se encuentra en plena toma de declaraciones a los testigos. Así lo han hecho notar más de una consejero regional la semana pasada. También ha sido citada a declarar la gobernadora en funciones, Kimmerlee Gutiérrez.
Paralelamente, la Procuraduría Anticorrupción de Arequipa ha expresado su intención de reclamar una indemnización al gobernador y los que resulten responsables. Como institución que cautela el Estado ha solicitado una reparación civil de 2 millones de soles, difundió recientemente diario Correo.
Lentitud en investigación contra gobernador de Arequipa
La consejera regional Cris Díaz, quien fue la agente especial que se infiltró para denunciar a Cáceres Llica, señaló a RPP Noticias que el proceso tiene un avance lento. Además, ha pedido una mayor protección ya que a pesar de la gravedad del caso no se le ha brindado la suficiente protección y teme represalias en su contra. De la misma postura es el consejero Harbeth Zúñiga, quien también ha advertido retrasos en el caso.
A estas alturas, solo uno de los investigados sigue prófugo. Se trata de Santiago Neyra Almenara, consejero regional por Caravelí, sobre quien pesa una detención preliminar. Mientras que Jeymi Flores Quicaño, consejera por Caylloma; Napoleón Ocsa y Marcelo Córdova, exgerentes de Autodema y el dirigente Mario Jacobo siguen presos.
En cambio, los consejeros Veto Bernal, Tomás Ayñayanque, Miguel Guzmán, Israel Zúñiga y Richard Cervantes recuperaron su libertad. Este último ha pedido su reincorporación al Consejo Regional de Arequipa. Por mayoría, se ha dispuesto que regrese, pero con previa aprobación del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Mientras que el resto de investigados como el exgerente general Gregorio Palma, se encuentran sujetos a una comparecencia con restricciones.
Actos de corrupción no cesan en el GRA
Un reciente informe de la Contraloría General de la República concluye que la gobernadora de Arequipa cometió irregularidades al contratar a personas que no cumplen el perfil técnico.
Son ocho trabajadores, entre los que se encuentran un grupo al que se le conoce como los “minions”. También la empleada que laboró en su casa, Paulina Díaz Cáceres del Carpio y la proveedora de Autodema que compartió su casa, Dalia Ancalle Peralta, obtuvieron puestos de trabajo en el GRA en tiempo récord.
Por estos hechos, el órgano de control ha encontrado responsabilidad civil en la gobernadora regional y sus funcionarios al permitir contrataciones sin cumplir la norma ni los requisitos del puesto.
Ante ello, la consejera Díaz dijo sentirse decepcionada y ha asegurado que la gestión de Gutiérrez ha sido “una réplica total de Elmer Cáceres Llica”. Ha pedido que se haga una auditoría a la gestión de Gutiérrez y que el Ministerio Público intervenga.
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