La denuncia de la Fiscal de la Nación contra el presidente Pedro Castillo

Mediante escrito, Patricia Benavides, denuncia al mandatario por casos Puente Tarata III , Petroperú y ministerios de transportes y vivienda

Judicial

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, presentó esta tarde a la mesa de partes del Congreso de la República una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por los casos Puente Tarata III y Petroperú. La titular del Ministerio Público emitirá un pronunciamiento a las 5:30 pm. tras haber presentado acusación constitucional contra el presidente Pedro Castillo.

La cuestionada titular del Ministerio Público imputa al jefe de Estado los delitos de organización criminal y tráfico de influencias, por el primer caso. Y por los presuntos delitos de colusión agravada y tráfico de influencias agravado, por el segundo caso.

Según el documento preparado, la denuncia alcanza además a los exministros Juan Silva (Transportes y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda, Construcción y Saneamiento).

Como se informó, la última semana, Benavides Vargas acumuló los dos casos en una sola carpeta fiscal. Esto porque se trataría de la misma organización criminal liderada por el jefe de Estado.

Pronunciamiento de la Fiscal de la Nación

Tal como lo anunció, la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides emitió un pronunciamiento tras la entrega de la denuncia constitucional en contra del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones.

La titular del Ministerio Público señaló: “en cumplimiento de mi función constitucional de investigar y perseguir el delito puedo anunciar a todos los peruanos que hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno”.

Según explicó, ésta tendría la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado, para obtener ganancias ilícitas. Asimismo que esta organización estaría presuntamente liderada por el presidente de la república Castillo Terrones. Y que estaría integrada entre otros, por los exministros Silva Alvarado y el ex gerente general de Petroperú, Hugo Chávez.

“Luego de haber realizado todas las diligencias de urgencia, podemos señalar que los indicios hallados constituyen para el Ministerio Público una sospecha fundada de la comisión de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los casos denominados, Ministerio de transportes y comunicaciones, Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de vivienda construcción y saneamiento”, refirió.

“Suficiencia de indicios sustenta la decisión de presentar la denuncia”

Dijo además que la suficiencia de los indicios que sustenta la decisión de presentar la denuncia constitucional se expresa en el descubrimiento de la obtención de beneficios económicos por nombramientos en puestos claves, en el cobro de porcentajes de las licitaciones ilícitamente obtenidas y, en el uso ilícito de las facultades presidenciales.

“Ahora mismo se vive la constante y feroz obstrucción a la justicia desplegada por la presunta organización criminal. (Esta) que, aprovechándose de todo el poder que les da el estar en el gobierno y que se expresa en una constante amenaza contra la autonomía del Ministerio Público. El permanente amedrentamiento contra mi persona y mi familia. La hostilización contra el equipo especial de Fiscales y de la Policía Nacional, entre otros actos, pone en grave peligro la continuidad de las investigaciones. Y el descubrimiento de la verdad que todo el pueblo espera conocer”.

Benavides Vargas, enfatizó: “por estas razones, en cumplimiento de mis atribuciones constitucionales hoy presentamos ante el Congreso de la República, la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo Terrones y los demás integrantes aforados de la presunta organización criminal”.

Es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso decidir sobre la denuncia

“Quiero remarcar que nuestras investigaciones son siempre objetivas conforme a la ley y respetando todas las garantías del debido proceso. Los fiscales no somos actores políticos sino operadores de justicia. Investigamos a partir de los hechos y no de las personas. Nosotros estamos haciendo lo correcto en cumplimiento de las funciones otorgadas por la Constitución y los tratados internacionales”, añadió.

Para finalizar resaltó que ahora es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional, en el marco de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción.

“La corrupción socaba el orden democrático y atenta contra los Derechos Humanos, por ello el combate contra la corrupción en todas las esferas del Estado debe ser unánime porque solo así la inmunidad no será impunidad. Los peruanos merecemos conocer la verdad, concluyó.

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