Luego de un año y dos meses de evaluación, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidirá si ratifica a seis jueces supremos y dos fiscales. Entre los magistrados están la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios Alvarado y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas.
La JNJ ha entrado en la etapa final del proceso de ratificación que inició el 17 de setiembre del 2021 y será en noviembre que entrevisten a los magistrados. Luego discutirán y votarán la decisión, para renovarles sus credenciales de magistrados titulares o cancelarlos. Por tanto, serían retirados del Poder Judicial y el Ministerio Público.
Los días miércoles 2 y jueves 3 de noviembre entrevistarán a los seis jueces, el primer día, y a los dos fiscales, el segundo día, según ha trascendido.
De acuerdo a lo establecido, todos los jueces y fiscales a nivel nacional pasan por un proceso de ratificación cada siete años. Este es un paso intermedio entre la selección y nombramiento y el proceso disciplinario. Sin embargo, la ratificación siempre ha causado cuestionamientos.
¿Cómo se realiza el proceso de ratificación?
Según han explicado, desde que se convoca a los magistrados a la ratificación, la Junta Nacional de Justicia ha revisado los antecedentes académicos, profesionales, familiares, amicales, económicos, personales y desempeño de cada magistrado. Ellos debieron presentar ocho resoluciones o dictámenes, uno por cada año de evaluación, que considere son los más destacables que ha emitido desde su nombramiento o anterior ratificación.
La Junta selecciona otro grupo de resoluciones y todo en conjunto es evaluado y obtiene una calificación sobre el desempeño jurisdiccional del magistrado, que se toma en cuenta en la decisión final. Los juristas evaluados también debieron entregar informes de gestión, dirección y organización de su despacho.
Asimismo, debieron adjuntar las constancias o certificados de estudios realizados en este periodo, detallando la especialidad, número de horas de estudio en la Academia de la Magistratura o en una universidad nacional o extranjera. No haber realizado al menos un curso en el periodo es un demérito.
Primer proceso de ratificación de la Junta Nacional de Justicia
De acuerdo a lo informado este es el primer proceso de ratificación que desarrolla la Junta Nacional de Justicia por lo que no hay registro de cómo desarrollaron su labor y los alcances de ésta.
Se sabe que los miembros de la JNJ han revisado también los ingresos económicos, personales y familiares de los magistrados. Así como sus cuentas bancarias, compras y viajes, relaciones familiares, vecinales y amicales. E incluso han tenido que revisar nuevamente las denuncias o procesos disciplinarios que pudiera haber tenido el magistrado en el pasado.
Lo más cercano a la JNJ fue el Consejo Nacional de la Magistratura del que sí se tiene antecedentes de cómo se utilizaba este proceso para expulsar de la carrera judicial a un magistrado cuando no se podía probar que hubiera participado en un acto ilícito, pero no era “aceptado”. Incluso en algún caso tuvo que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Decisión tiene que estar sustentada en hechos claros y probados
La Junta Nacional de Justicia debe sustentar en hechos claros y probados por qué ratifica o no ratifica a un magistrado. Previamente, debe haber notificado a los magistrados en proceso de ratificación, los vacíos o fortalezas que han encontrado en la evaluación y sobre estos aspectos será la entrevista.
Se tratarán las faltas, vacíos o deficiencias que se han encontrado, y de las denuncias y cuestionamientos públicos que se hayan hecho contra ellos. Incluso, hasta el día previo a la entrevista que inicialmente para jueces y fiscales supremos se programó para el 1 de marzo. Luego, se pospuso a junio, después setiembre y, por último, y esta vez sí parece definitivo, el 1 y 2 de noviembre del 2022.
El actual proceso de ratificación incluye a un total de 200 magistrados, entre jueces y fiscales de todo el país. Los magistrados supremos son los primeros en ser evaluados y, en los siguientes días seguirán los demás. Estaba programado terminar el 25 de marzo del 2022, pero se fue posponiendo.
¿Qué otros magistrados están por ser evaluados?
Los aplazamientos de la entrevista personal han generado gran expectativa en el Poder Judicial y el Ministerio Público. En este primer grupo de magistrados supremos, también se encuentran Pablo Sánchez Velarde, quien fue fiscal de la Nación. Y también fue antes el coordinador de las fiscalías especializadas que investigaron, acusaron y juzgaron a la red de corrupción del régimen de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y el Grupo Colina.
Asimismo, Zoraida Ávalos quien también fue fiscal de la Nación y quien comenzó a cambiar la jurisprudencia del Ministerio Público en lo que respecta a investigar a un presidente de la República en ejercicio. Antes a un presidente no se le investigaba.
Otros magistrados son César San Martín y Víctor Prado Saldarriaga quienes integraron la Sala Penal Especial que juzgó y sentenció a Alberto Fujimori por delitos de corrupción y violación de derechos humanos.
Ambos también fueron presidentes del Poder Judicial y son reconocidos académicos en la teoría del derecho penal. Prado Saldarriaga encabezó y dirigió la Corte Suprema, tras el escándalo de la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto.
Elvia Barrios es la actual presidenta del Poder Judicial, cargo en el que le tocó organizar la institución durante toda la crisis del covid-19.
En el caso del juez supremo Jorge Salas Arenas, actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la evaluación incluirá su desempeño en el organismo electoral. Como se sabe debe presidirlo hasta el 2026. Si la Junta decide no ratificarlo en el PJ, la Sala Plena de la Corte Suprema deberá elegir a su reemplazo.
Janet Tello Gilardi, una de las fundadoras de la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, y Javier Arévalo Vela están voceados como eventuales candidatos a presidentes del Poder Judicial en el periodo 2023-2025.
¿Qué podría suceder
La salida de uno o varios de ellos generará una serie de cambios en la máxima instancia del Poder Judicial, el Ministerio Público e incluso el Jurado Nacional de Elecciones.
Además, este proceso concluirá semanas antes de la elección del nuevo presidente del Poder Judicial, prevista para el 1° de diciembre. Las candidaturas de Arévalo o Tello no podrían avanzar mientras la JNJ no decida y con ello tampoco se concretarían las alianzas para obtener los votos necesarios. El mismo resultado de la votación se podrá alterar de acuerdo con el resultado de la ratificación.
“En el Ministerio Público, la salida de Sánchez o Ávalos solo consolidará el poder de la actual de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que trabajaría sin contrapesos en la Junta de Fiscales Supremos. La salida de Salas Arenas del JNE tendría implicancias políticas y podría potenciar las denuncias de fraude que un sector político enarboló en el último proceso electoral”.
Todo esto, sin tomar en cuenta el tiempo que la Junta demoraría en nombrar a nuevos magistrados titulares. La Junta aún no termina de cumplir las plazas que quedaron vacantes con las destituciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Así, lo que decida la Junta Nacional de Justicia puede afianzar y respaldar al Poder Judicial y el Ministerio Público, en medio de la crisis política, o hundirlos. Y a los peruanos dejarnos en una posible situación de indefensión.
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