La revelación de la vigilancia sobre organizaciones ciudadanas efectuada por el Ejército Peruano no es una excepción. Similares situaciones se registraron en el pasado así como en los países vecinos. Expresa el sesgo autoritario que anida en nuestra vida política, pero también deja en evidencia otro aspecto clave: es un espionaje motivado por el temor de quienes saben que carecen de argumentos e ideas.
En efecto, la vigilancia, control, espionaje e incluso infiltración de organizaciones ciudadanas se repiten desde hace años en América Latina. En Perú basta recordar el modo en que se vigilaba a un grupo local en Cajamarca, Grufides, en el contexto de los debates alrededor de la minería en 2006. Marco Arana, que en aquellos años era la figura más visible de la institución, fue etiquetado como el “Diablo” por quienes lo espiaban, y Grufides era el “Infierno”. Los que realizaban esa tarea trabajaban para una empresa de seguridad privada, que a su vez era financiada por otra compañía de seguridad, Forza, que brindaba servicios a la minera Yanacocha. Esa intervención de las llamadas compañías militares y de seguridad privadas se repite en Colombia.
Ese caso peruano fue un escándalo, pero con el paso del tiempo se debilitó, hasta que en 2019 el fiscal responsable archivó el caso sin haber citado a nadie de Forza. La lección en esas y otras situaciones muestra que esos espionajes proliferan también por la impunidad que les brinda el propio Estado.
En los países vecinos se puede recordar que en Argentina, la Gendarmería espiaba a las organizaciones ciudadanas y a sus líderes. Conocido como “Proyecto X”, esas tareas incluyeron la infiltración en movilizaciones y en reuniones, las que parecería que se mantuvieron hasta por lo menos 2017 a pesar de las denuncias. En Brasil ocurrieron situaciones similares, incluyendo la infiltración de informantes dentro de movimientos sociales que denunciaban la construcción de megarepresas y que reportaban al servicio de la Agencia Brasileña de Inteligencia. En Ecuador, de modo similar se vigiló e infiltró al colectivo Yasunidos, quienes se enfocaban en detener la explotación petrolera en la Amazonia.
Un repaso de estos y otros casos muestra que el espionaje ocurrió tanto bajo gobiernos conservadores como progresistas. Desde el poder, sea desde una vertiente ideológica como de otra, se calló o se toleraron esos procedimientos. El Estado terminó siendo funcional a las empresas extractivistas, y éstas aprovechaban lo que podría describirse como una “tercerización” del espionaje al dejarlo en manos de empresas subcontratadas, de policías o militares. Además, el Estado mantuvo la incapacidad judicial penalizar a los responsables.
Son prácticas que violan múltiples derechos y que al mismo tiempo deterioran la democracia. Por esa razón se deben acompañar las denuncias que hacen las organizaciones peruanas, tales como las que expresó Cooperacción, y apoyarlas solidariamente.
Más allá de esto, no debe dejarse de advertir otra cuestión que está en juego y que es de la mayor importancia. Se espía a las organizaciones que denuncian los impactos de los extractivismos porque se les teme. Se tiene miedo que se conozcan los efectos sociales y ambientales negativos, ya que los extractivismos solo pueden prosperar cuando se los oculta.
Es que, se tiene miedo que se sepa que las aguas están contaminadas. O que hay enfermos graves, porque el desconocimiento es lo que blinda a los extractivismos. Se tiene miedo que el país advierta que las comunidades locales alrededor de esos enclaves siguen siendo pobres. Lo contrario de la propaganda que auguraban el paraíso económico. Se tiene miedo que las comunidades se organicen, porque para llevar adelante los emprendimientos extractivistas es necesario que los grupos locales estén desinformados y desorganizados.
Los defensores de los extractivismos repiten que controlan efectivamente la contaminación, brindan puestos de trabajo, promueven la mejora económica. Y por ello, solo una minoría está en contra. Si eso fuera cierto, que apenas unos pocos enfrentan los impactos de esos emprendimientos, seguramente ni las empresas ni los políticos se molestarían en lidiar con ellos. Serían tan pocos que no tendría sentido vigilarlos, espiarlos o infiltrarlos.
Pero sucede exactamente lo contrario. Montar esos dispositivos de control y vigilancia es una demostración de la fuerza y amplitud que han adquirido las alertas ante los extractivismos. Y de la relevancia que tiene toda la evidencia científica y cotidiana sobre sus impactos. No son ni pocos, ni ignorantes. Son muchos, están organizados, se sienten respaldados por informaciones y experiencias.
Si te espían, es porque lo que pregonas es tan importante que desde los salones del poder empresarial y político se tiene que organizar y financiar esas vigilancias. Ese espionaje es, en su esencia, una demostración de temor y debilidad.
Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). En su manual, publicado en Perú por Cooperacción y RedGE, se ofrecen otros ejemplos sobre vigilancia y violencia en los extractivismos. En las redes: @EGudynas
