La dramática situación de los albergues en Arequipa que pone en riesgo a niños vulnerables

A sus escasos 7 años, Sebastián lleva una cicatriz en el cuerpo. Es una cicatriz que le ha dejado marcada la piel y que aún sigue fresca. De la que se va recuperando, mientras intenta comprender lo que le sucedido a su corta edad. Es la cuarta cirugía a la que se ha sometido, luego del abuso sexual que sufrió a mano de otros dos menores en un albergue, en Arequipa. Sebastián es un nombre ficticio que se ha utilizado porque es necesario proteger la identidad del menor.

Sebastián es uno de tantos niños que el Estado ha rescatado de entornos de violencia y explotación. En concreto, Sebastián era una víctima más del inhumano delito de trata con fines de explotación laboral. Según la denuncia, era obligado por su progenitora a trabajar en las calles mendigando junto a sus hermanos. Por lo que al estar expuesto a una situación de alto riesgo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través de la Unidad de Protección Especial (UPE), lo rescató y trasladó al albergue Los Obedientes en enero pasado, para que al fin esté cuidado y protegido. Sin embargo, cinco meses más tarde, Sebastián sufrió otro terrible abuso: la agresión sexual por parte de dos niños, de 10 y 12 años, que vivían junto a él en el albergue. 

Este caso de abuso, sumado a otros dos terribles hechos de violencia reportados en otros dos albergues de Arequipa, – el asesinato de una menor albergada y el crimen de una cuidadora-, encendieron la preocupación sobre la situación en que operan los centros de acogida residencial, a donde llegan decenas de niños y niñas en total estado de desprotección. Sin un padre ni una madre, sin una familia.

La situación ha despertado una discusión sobre la capacidad de atención en estos establecimientos, entre los que hay una gran mayoría administrados por entidades privadas.

En Arequipa, funcionan en la actualidad 19 albergues, también conocidos como Centros de Atención Residencial (CAR). Sin embargo, solo tres de ellos son administrados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mientras que el resto está a cargo de congregaciones religiosas, oenegés, beneficencia pública y gobierno regional.

ALBERGUES PARA MENORES EN AREQUIPA

En estos albergues residen más de 380 niños y adolescentes, de acuerdo a un informe reciente de la Defensoría del Pueblo con datos levantados hasta junio de este año. Según la capacidad que tienen estos centros, pueden llegar a albergar entre 5 a 30 menores. Cabe precisar que la cantidad de menores va variando constantemente ya que el albergamiento es solo temporal. Es así que para el 2019, se tenían albergados 489 menores de 18 años, para el 2020 en plena pandemia residían 424 niños y adolescentes y para el 2021 habían registrado 411 albergados.

Albergues no acreditados

El representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel María Manrique, advirtió que uno de los problemas que afrontan estas instituciones es que no se encuentran acreditadas. De los 19 CAR, solamente 12 están acreditados y el restante, es decir 7, están en proceso de acreditación. A estos centros se les ha extendido este proceso de acreditación hasta el próximo año, pero ¿qué consecuencias trae que un CAR no esté acreditado?

“El proceso de acreditación no se limita solamente a un trámite documentario, sino que, si tengo una estrategia territorial y de acompañamiento técnico, pero, principalmente, presupuestal, se puede dotar de recursos públicos para atender a niños en el escenario de desprotección”, señaló el representante de la Defensoría.

Justamente, el CAR “Los Obedientes”, donde se cometió la agresión sexual contra Sebastián, no se encontraba acreditado por el MIMP en ese momento. Este albergue, ubicado en Characato, estaba a cargo de la asociación cristiana Amor de Dios que también administra otros dos albergues en los distritos de Miraflores y Cerro Colorado.  

Precisamente, a raíz de este hecho, la Dirección de Políticas de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP, inició un procedimiento administrativo sancionador contra la asociación Amor de Dios. Durante una visita inopinada que se realizó 13 días después de los hechos al centro “Los Obedientes”, se encontró que “no había evidencia de que personal trabajara en dicho establecimiento” y que “no contaba con el equipo multidisciplinario completo”.  Para aquel momento, el albergue ya no acogía a ningún menor y había cerrado.

Al no existir albergues acreditados, señala el defensor del Pueblo, no están dentro del registro oficial del MIMP y por lo tanto, no se asegura su supervisión.  

“Nuestra primera recomendación al Ministerio de la Mujer es que tengamos claro una supervisión en todo el territorio de la región Arequipa. ¿Cuántos centros existen? para que también cumplan una labor de monitoreo y supervisión; porque como se advierte hay algunos centros que funcionan básicamente en la práctica, pero que no tienen ningún tipo de acompañamiento de supervisión por parte del Estado”.

Asimismo, al no contar con todo el equipo técnico multidisciplinario tanto en los temas de trabajo social, psicología, educación y salud que se requieren justamente para la atención integral los niños y niñas en situación de desprotección, no se puede garantizar la atención. Además, no se cuenta con todos los recursos necesarios para la alimentación y tampoco cuentan con una estrategia de monitoreo y supervisión.

En cuanto a la atención de Sebastián, que fue víctima de violencia, seis meses después y el niño no ha recibido ninguna atención por parte del Estado. La abogada que ha asumido la defensa de los intereses del menor, Jacqueline Gorbeña Pinedo, indicó que ni el Ministerio de la Mujer ni otras entidades han cubierto los gastos del tratamiento del menor.  Así, solo vienen recibiendo apoyo de entidades privadas.

“No tenemos apoyo por parte del Estado, ni del Ministerio de la Mujer”, cuestionó la letrada el día que intervinieron por cuarta vez a Sebastián.

Esta denuncia fue corroborada por la Defensoría del Pueblo que ha señalado que el sector privado ha asumido la atención del menor desde un inicio.

Normas y cambios poco efectivos

Desde el 2019, cuando entró en vigencia el Decreto Legislativo 1297, el MIMP actúa en los casos de niños y niñas en estado de riesgo y desprotección familiar. Antes de esta norma, ese trabajo lo ejercían únicamente los juzgados y fiscalías de Familia.

El juez Yuri Corrales, exmagistrado de Familia y actualmente titular del Sétimo Juzgado Civil de Arequipa dijo que esta norma se dio para hacer más rápida y efectiva los procesos de desprotección familiar, antes conocidos como procesos de abandono. Hasta hace cinco años, los casos de menores se tramitaban como un proceso normal, en medio de otros procesos como divorcios, tenencias, nulidad de partidas, etc.

“Este es un proceso similar al abandono, sin embargo ya no lo hace el Poder Judicial, sino lo hace la Unidad de Procesos Especiales (UPE) que depende del Ministerio de la Mujer. Ellos hacen todo el trámite administrativo pues cuando el menor está para ser declarado en estado de desprotección familiar viene el expediente al Poder Judicial, con previa revisión, emita el dictamen final de desprotección”.

El magistrado también ha señalado que este proceso ha traído efectos positivos y negativos. Uno de ellos es que se atiendan de forma célere los casos de los menores, para evitar que los casos lleven años tramitándose como venía ocurriendo en el Poder Judicial.

Pero al poco tiempo, los procesos sobrepasaron a la única UPE implementada en la provincia de Arequipa. En el último año ha realizado más de 1200 solicitudes de evaluación de menores, reportó la Defensoría del Pueblo.

Parte de esa sobrecarga se ve reflejada en el retraso de las atenciones.  La fiscal Virginia Aquize, coordinadora de las Fiscalía de Familia de Arequipa, dijo que durante la pandemia se advirtió ciertos casos en los que no se habían dictado medidas de protección inmediatas a menores en situación de vulnerabilidad. Debido a la suspensión de la atención presencial y el trabajo remoto, varios casos quedaron desatendidos.

Eso ocurrió con el caso de una menor de edad que era víctima de abandono y maltrato por parte sus progenitores y que, además, había la sospecha de que sufría abuso sexual. El Juzgado de Familia subespecializado en violencia no dictó medidas de protección y derivó el caso a la UPE para que lo haga, pero tampoco emitió una medida a favor de la menor. El caso se reportó en agosto de 2020 y recién se brindó la protección en marzo de 2021, cuando el caso subió en apelación a la fiscalía superior.

“Pasaron varios meses y no se dictaron medidas de protección. Entiendo yo por la pandemia, que motivo la desatención de muchos casos. Pero esta situación se ve replicada en la grave vulneración de los derechos de los niños”, aseveró la magistrada.

Otro inconveniente que demuestra un vacío en las políticas de atención de estos casos tienen que ver con la falta de atención a los menores que infringen la ley. En el caso de los menores que agredieron a Sebastián, que apenas tenían 10 y 12 años, la única medida que se dictó fue cambiarlos a otro albergue. Y es que, según el Código del Niño y Adolescente, los niños y adolescentes menores que comenten un acto tipificado como delito, están completamente exentos de responsabilidad penal. Es decir, no pueden enviarlos a un centro juvenil. Pero sí recibir tratamiento.

“Se pueden aplicar medidas socioeducativas que están previstas en el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que se encuentra vigente, no está siendo aplicado en ninguna parte del Perú, debido a la falta de presupuesto y a la falta de compromiso del Ejecutivo en hacer cumplir con la norma y el cronograma”, agregó la magistrada.

Alternativas y salidas a la crisis

Las autoridades reconocen que el albergamiento de un menor debe ser la última opción frente a un caso de abandono o desprotección. Es por eso que una de las primeras acciones que debe tomar el Estado es fortalecer el rol de las UPE, dotándolo de personal capacitado, mayor presupuesto y que el Ministerio de la Mujer, como ente rector en la protección de los niños y niñas, trabaje de manera articulada con las instituciones involucradas y los gobiernos locales.

A pesar que la UPE lleva más cerca de tres años ejerciendo funciones no ha conseguido ampliar sus servicios a lo largo del territorio nacional. En Arequipa, solo funciona una sola oficina en la provincia de Arequipa, mientras que en las otras siete provincias siguen las fiscalías y los juzgados encargándose de los casos de menores en situación de vulnerabilidad.

Un aspecto relevante es el presupuesto que se destina a la atención de estos casos. Un juzgado de provincias no dispone de recursos para poder trasladar a un menor en estado de desprotección a un albergue. En principio, casi el 99% de los centros están instalados en la capital y para ello, es necesario que el niño viaje con un tutor o responsable.

 “Yo tenía que traer conmigo al menor porque no hay presupuesto para trasladarlo. Y es algo irónico. Cuando hay un requisitoriado que han capturado, por ejemplo, en el norte, hay presupuesto para que viaje el policía y el requisitoriado.  En el caso de los niños, a quien debiéramos de proteger más ni siquiera hay presupuesto”, expresó el juez Yuri Vilca.

Por su parte, la fiscal Virginia Aquize considera que es necesario trabajar desde un enfoque más preventivo desde las propias familias. En caso, trabajar con los equipos multidisciplinarios para reeducar a los progenitores que ejercen violencia sobre el niño. También abrir más espacio y trabajar con familias acogedoras que pueden reciben temporalmente a menores víctimas de maltrato y abuso. Asimismo, trabajar para agilizar los procesos de adopción y que un menor no permanezca años viviendo en un albergue.

“Hay un gran número de niñas niños y adolescentes que se encuentran institucionalizados en albergues, lo cual tampoco es que sea positivo.  Los niños tienen derecho de tener una infancia feliz. Si llegan al albergue pueden pasar 4 o 5 meses, el tiempo que dura el trabajo con la familia. Luego el niño siente que cuando va a un albergue lo están castigando por ser víctimas de violencia, por haber sido abandonado por sus padres, por su situación de pobreza…”, sostuvo la fiscal Aquize.

Desde la Defensoría del Pueblo, se recomiendó trabajar desde la prevención mediante las la Defensoría Municipal del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNA), para que adviertan y prevengan escenarios de riesgo.

“De los 29 distritos de la provincia Arequipa solo 13 DEMUNAS están acreditadas. Esto quiere decir que cuentan con personal técnico que funciona, pero los 16 restantes no está acreditados y en 2 exactamente ni siquiera existe en el organigrama del distrito”, alertó el abogado Ángel María Manrique.

Desde la Sociedad Civil también se ha propuesto alternativas para abordar el problema de atención de los menores abandonados.

En principio, reclamaron al Estado transparentar las acciones que cumple la UPE y que se abran mayores espacios de discusión para buscar soluciones. La activista y defensora de los derechos de la comunidad LGTBI, Ana Flavia Chávez, ha manifestado que se ha pedido informes sobre las acciones adoptadas en los casos de violencia producidos en los albergues, pero desde el mes de mayo a la fecha no se pronuncian las autoridades. Desde el Gobierno Regional de Arequipa como la Gerencia de Desarrollo e Inclusión no hay respuestas, dijo. Pese a ello, como organización han tomado conocimiento sobre denuncias de menores que tienen diferente orientación sexual y que han llegado a estos albergues a seguir sufriendo una mayor discriminación.

Es este aspecto, Chavez dijo que se pone en evidencia la falta de centros especializados, donde atiendan no solo estos casos especiales, sino también aquellos donde hay víctimas de adicción, trata, explotación sexual o con problemas de sociabilidad.

“Arequipa está dentro de las cinco primeras regiones con mayor índice de violencia a la mujer e integrantes del grupo familiar. Somos los que lideramos en cifras de violencia. Por lo que se requiere que las autoridades atiendan ya esta problemática”.

Al respecto, Dessy Zanabria, directora del Centro de Prevención del Abuso Sexual (CPAS), señaló que hay un “cuello de botella” con la información que maneja el propio Estado. Según cifras del MIMP, este año la UPE realizó 1 mil 200 atenciones a niños y adolescentes, de los cuales más de la mitad son adolescentes de 12 a 17 años. Sin embargo, lamentablemente, no informa dónde acaban estas atenciones.

“No nos dicen dónde están estos niños. Si están en sus casas, si se mantienen en las familias extensas o si se han ido a albergues. El propio Estado no es transparente con esa información”.

Asimismo, señaló que la MIMP muestra información solo de siete albergues y no del resto de centros que hay en Arequipa. A pesar que cada año el MIMP solicita esa información a cada CAR. Aunque lo que más le preocupa es la poca cantidad de adopciones de niños en abandono. Solo 5 niños fueron adoptados en el presente año, lo que demuestra que sigue siendo muy complejo el proceso integrar a menores en familias sustitutas sanas.

Desde su punto de vista, el Estado debería trabajar por mejorar la atención de los servicios, pero desde un enfoque preventivo. Indicó que gran parte del dinero se destina mayormente a la atención de los albergues, lo cual es bueno, pero debería considerarse trabajar más en prevención.

Para este informe, solicitamos una entrevista con alguno de los funcionarios o representantes del MIMP para que nos brinde información sobre la situación de los albergues, pero lastimosamente no atendieron nuestro pedido.

*Nota actualizada al 24 de noviembre de 2022.

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