SUNEDU alerta nueva maniobra de congresistas contra reforma universitaria

Alerta a toda la opinión pública lanza SUNEDU por nuevo ataque a las universidades. Parlamentarios buscan retorcer ordenamiento jurídico

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Desde el Congreso de la República hay una nueva amenaza en contra de la reforma universitaria advierte la SUNEDU.

El Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) alertó este miércoles a la opinión pública sobre un nuevo ataque a la Reforma Universitaria por parte de algunos congresistas de la República.

La SUNEDU tomó conocimiento de un hecho inaudito, como lo calificó. Unos 33 congresistas que promovieron la Ley 31520 contra la reforma universitaria, han presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad sobre la ley que ellos mismos impulsaron y aprobaron”.

“Estamos ante una situación insólita, en la que un grupo de congresistas presenta una demanda ante el TC con la expresa intención de perder. Es evidente que si estos parlamentarios se hubieran convencido de que la ley que promovieron es inconstitucional tendrían el camino de la derogatoria en su propio fuero, el legislativo”, refirieron desde el Consejo Directivo de SUNEDU.

Según explican, lo que este recurso -en apariencia desconcertante- busca, es retorcer el ordenamiento jurídico peruano. Esperan que el TC desestime su demanda. De esa manera, pretenden lograr que queden sin efecto los mandatos del Poder Judicial.

Poder Judicial declaró fundada demanda de amparo de SUNEDU

Como se informó, el pasado 19 de julio de 2022 el Poder Judicial declaró fundada la demanda de amparo interpuesta por la SUNEDU. Y, en consecuencia, se dispuso la inaplicación de la Ley 31520.

Sin embargo, esto no ha detenido a los actores políticos aliados con un grupo de rectores y promotores de universidades que no alcanzaron el licenciamiento institucional. Siguen impulsando una serie de acciones para seguir avanzando en su contrarreforma, advirtieron.

“Una evidencia de esto es la persistencia del Congreso en publicar la ley en el diario oficial ´El Peruano´. Así como la decisión del grupo de rectores de llevar a cabo un proceso de selección de miembros para un nuevo Consejo Directivo. Sin contar con ninguna reglamentación, contradiciendo el mandato del Poder Judicial”.

Alerta a la ciudadanía

Frente a esta situación, “el Consejo Directivo de la SUNEDU considera que es necesario alertar a la ciudadanía sobre la presentación de esta insólita demanda, que pretende instrumentalizar al TC para ‘sacarle la vuelta’ a una resolución del Poder Judicial y desnaturaliza el sentido de una demanda de inconstitucionalidad”.

El pronunciamiento de Sunedu expresa también que éste no es el único ataque en curso contra la Reforma Universitaria. A esta acción legal se suma la presentación de una demanda competencial ante el mismo TC, con la que “se busca recortar las posibilidades que la ciudadanía y las instituciones tienen ante el Poder Judicial para solicitar demandas de amparo y medidas cautelares cuando se vean vulnerados sus derechos”.

Recuerdan también que el Pleno del Congreso aprobó el pasado mes de octubre una moción de Orden del Día que exhorta a dar cumplimiento a la mal llamada Ley de Autonomía, a pesar del mandato vigente del Poder Judicial.

Ley aprobada en el Congreso recorta autonomía y facultad de supervisión de la Superintendencia

La SUNEDU recuerda que la ley aprobada por insistencia en el Congreso recorta la autonomía y facultades de supervisión de esta entidad, así como el rol rector del Ministerio de Educación en las políticas de educación superior. Además, introduce a representantes de las universidades en la institución encargada de fiscalizarlas y suprime la competencia de la SUNEDU para actualizar las Condiciones Básicas de Calidad, así como evaluar y licenciar programas.

Finalmente refieren en el comunicado que la Ley Universitaria 30220 representó un cambio para el sistema universitario peruano. Aseguran que la reforma universitaria está dando sus primeros frutos, pero algunos intereses particulares pretenden desconocerla y revertirla.

“Se requieren normas que representen un salto de calidad en beneficio de miles de estudiantes y no leyes que signifiquen una vuelta al pasado. Un pasado que el mismo TC describió en su sentencia como un estado de cosas inconstitucional de carácter estructural en el sistema educativo universitario”, finalizan.

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