El próximo año, se cumplirán 30 años de la promulgación de la actual Constitución Política del Perú. Su periodo de vigencias solo ha sido superado por los documentos de 1860 y 1933, que tuvieron 60 y 46 años de duración, respectivamente. Pero, su longevidad no sería motivo para considerar la necesidad de una renovación, sino los descalabros políticos que, bajo su anuencia, se han venido cometiendo, en especial desde el año 2016.
Cuando tenemos un sistema político que mantiene en zozobra a la democracia, sin que la Constitución sirva para poner freno, es una evidencia inequívoca de que la carta magna ha perdido vigencia fáctica. En primera instancia, en el 2016, el Congreso utilizó el artículo 113 de la Constitución para arrinconar a un presidente a la renuncia, impulsando un proceso de vacancia por un presunto delito que se encontraba apenas en etapa investigatoria. Una interpretación caprichosa de la Constitución, entonces, permitía hacer tabla rasa de varios principios jurídicos, como la presunción de inocencia y el debido proceso.
Con esta maniobra, la mayoría parlamentaria fujimorista fingió estar actuando en contra de la corrupción, cuando en realidad estaba poniendo en marcha un plan maquiavélico para gobernar desde el Poder Legislativo. Esta circunstancia es posible debido a la línea de sucesión constitucional. En esa medida, en 2019, el presidente Martín Vizcarra, forzó el artículo 134, para presentar ante el Congreso una cuestión de confianza que fuera negada. Así pudo – con amparo constitucional- cerrar las puertas del Legislativo. En síntesis, la actual Constitución necesita reformularse para poder resistir las embestidas de la clase política y, en lo posible, corregirla.
Independientemente de las simpatías o rechazos que generen el Congreso o el Poder Ejecutivo, lo ocurrido entre 2016 y 2019, ha sentado un pésimo precedente que se está trayendo abajo lo poco que nos quedaba de principios democráticos. Ahora, la voluntad del pueblo es solo un cliché que los políticos de izquierda y derecha utilizan para justificar la defensa de sus propios intereses. Para comenzar, los resultados electorales no son más que una suma de desconocimiento, manipulación y emociones desbordadas, como la frustración, el miedo y la soberbia.
En tales condiciones, no se puede esperar un voto pensado en el desarrollo conjunto del país. En segundo término, a la clase política poco le interesan los resultados electorales. Los menosprecian, desprestigian e invierten todos sus recursos y esfuerzos en echarlos por tierra. Por eso, tenemos hoy un Poder Ejecutivo que, con argucias, quiso provocar el cierre del Congreso. Y unos congresistas dedicados a exclusividad a vacar al presidente.
Todo este desbarajuste de poderes sucede dentro del marco de la actual Constitución. ¿Alguien puede dudar que hacen falta cambios? Ante esta necesidad, son dos los problemas a los que nos enfrentamos: quién hará ese cambio y qué cambios son necesarios. Para llegar a esas respuestas se requiere de diálogo y consensos. El proceso será largo, pero en algún momento se tiene que comenzar. Cada vez más es necesario iniciar un proceso de discusión, análisis y debate de los distintos actores, en búsqueda de los ideales que puedan ayudarnos a salir de este bucle de crisis que nos tiene entrampados. Las bases constitucionales, como están, no dan para más, negarlo es seguir el camino del abismo.
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