Pedro Bogarín Vargas, gobernador de la región San Martín y diez funcionarios a los que detuvieron este jueves por agentes de la Policía y del Ministerio Público. Integrarían -junto al hijo de esta autoridad regional- una presunta organización criminal en dicha institución.
Y con él, son siete los gobernadores regionales que se encuentran detenidos por actos de corrupción o por otros delitos. Por ejemplo, contra la tranquilidad pública por organización criminal y, contra la administración pública-colusión agravada.
De acuerdo a la fiscalía, Bogarín Vargas está comprendido dentro de una investigación, acusado de dirigir una red que cobraría coimas. Eran a cambio de direccionar procesoa de selección de obras por más de 300 millones de soles a empresas afines a los imputados. Al gobernador, lo llamaban ‘doctor’ y habría dirigido esta red del 2019 al 2022.
Todo indica que había delegado a su hijo, Iván Antonio Bogarín Urmachea, para que dirija las actividades ilícitas. Lo detuvieron en Lima en un edificio residencial de Miraflores.
La operación la ejecutó la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y agentes de la de la Dirección contra la Corrupción en San Martín, Arequipa, Loreto y Lima. Se allanaron 28 inmuebles y oficinas del Gobierno Regional de San Martín.
Los gobernadores que se encuentran detenidos son:
Huánuco, Juan Alvarado Cornelio desde el 25 de marzo del 2022 por presunta compra irregular de 7 995 laptops para profesores, que según peritajes de la Contraloría generó un probable perjuicio económico de 23 millones de soles al Estado.
Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, desde el 1° de diciembre de 2021, estaría implicado en caso de presunta organización criminal por caso de presunta corrupción ‘Los gestores’ liderada por funcionarios de ministerios de Economía y Vivienda, investigados por el cobro de 5 % del monto de obras públicas a gobernadores y alcaldes.
Arequipa, Elmer Cáceres Llica desde el 23 de octubre del 2021 por integrar la presunta organización criminal Los hijos del cóndor, dedicada a direccionar la ejecución de obras públicas a cambio de sobornos, así como a captar a consejeros y funcionarios regionales para obtener apoyo y evitar cualquier tipo de investigación a la gestión a cambio de beneficios económicos y laborales.
Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión desde el 27 de enero del 2021 por integrar una organización criminal, denominada el Imperio del Mal, que se habría instaurado en la municipalidad del distrito de La Victoria, provincia de Chiclayo, donde estuvo al frente del municipio entre 1999 y 2018 y que se habría expandido al gobierno regional de Lambayeque.
Áncash, Juan Carlos Morillo Ulloa. Detenido desde el 30 de noviembre del 2020 por presuntamente, favorecer a una empresaria con una obra. Se hizo, en la adquisición de bienes el hospital “Eleazar Guzmán Barrón” de Nuevo Chimbote. Fue en medio de la emergencia por la pandemia del covid-19 siendo la tercera prisión preventiva a la que hace frente.
Huancavelica, Maciste Díaz Abad, 31 de enero del 2020. Se le halló responsable al gobernador de Huancavelica por el delito de colusión simple. Fue por una compra irregular de computadoras portátiles realizada en su gestión anterior (2011-2014).
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