¿Qué pasaría si en un juicio, el juez es pariente cercano del acusado? Sería difícil, sino imposible, esperar imparcialidad en la sentencia. Por ello, los sistemas judiciales no permiten que una situación así suceda. Existen recursos que permiten pedir un cambio de juez o que sea el propio magistrado quien se retire del caso. Tiene lógica, ¿no? Pues, parece que esa lógica no tiene validez cuando se trata de congresistas legislando sobre la calidad de la educación superior y el derecho de los jóvenes a aspirar un futuro mejor.
El Congreso ha aprobado una ley para que las universidades sean juez y parte de la calidad educativa de nuestros jóvenes. Y están peleando por ello con uñas y dientes. Recordemos que, en el 2014 se produjo una reforma universitaria con la que se creó la Sunedu (Superintendencia Nacional de Educación Superior). Esta institución, a través de su Consejo Directivo, ordenó el cierre de 49 universidades porque no cumplían con requisitos mínimos que garanticen educación de calidad. Pues bien, los grupos económicos que estaban detrás de esas universidades tienen vínculos con varios de los partidos políticos que hoy cuentan con representación en el Congreso.
Y están usando ese poder para debilitar a la Sunedu y poder regresar al mercado con su oferta nefasta de universidades sin calidad. ¿Cómo lo están haciendo? Han aprobado una ley para que ese Consejo Directivo de Sunedu, que decide sobre los licenciamientos, sea conformado mayoritariamente por representantes elegidos a dedo por las universidades. El pretexto que han escogido es la “autonomía universitaria”. El Poder Ejecutivo ha anunciado que no promulgará ley y que sugerirá correcciones. Pero el Poder Legislativo no se ha quedado tranquilo y ha acudido al Tribunal Constitucional (TC) para que se manifieste sobre la inconstitucionalidad… de su propia ley. ¿Por qué? Porque confían que los tribunos –designados por el Congreso- fallen a su favor y detengan cualquier intención del Ejecutivo por frenarla.
Si el Congreso se sale con la suya, volverán las universidades de baja calidad a operar con impunidad, afectando el derecho a una educación de calidad, estafando a miles de familias que invierten dinero e ilusiones en sus hijos con la expectativa de una superación profesional. Este es el tipo de problemas que deberían unirnos para exigir, de una buena vez, que se vayan todos.
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