El último año ha sido malo para la lucha contra la corrupción en Arequipa. Solo por mencionar el final funesto que tuvieron dos casos emblemáticos de corrupción de funcionarios: “Los malditos de Chumbivilcas” y “Los Correcaminos del Sur”, acabaron con la liberación de todos los investigados antes de llevarlos a juicio.
Ambos casos pusieron al descubierto tramas de corrupción en las máximas instituciones de la región: la Municipalidad Provincial de Arequipa y el Gobierno Regional de Arequipa. Y comprometieron, además de funcionarios, a las más altas autoridades.
Pero no son los únicos casos impactantes que han sacudido Arequipa. Según la Comisión Regional Anticorrupción de Arequipa, al momento están en curso 25 casos considerados emblemáticos por su connotación pública, por los funcionarios y políticos involucrados y por la gravedad de los delitos cometidos. Así lo expresó el juez superior Johnny Cáceres Valencia, quien preside esta comisión y presentó recientemente un informe en el que se incluyó la creación de una plataforma web para difundir el estado de cada proceso.
“Los casos emblemáticos son aquellos donde están considerados altos funcionarios o funcionarios de envergadura, que puede ser considerado incluso por la Fiscalía como caso emblemático”, añadió Cáceres.
Estado de los casos emblemáticos de Arequipa
El Búho revisó la data recabada en cada proceso y encontró que cinco de los 25 casos emblemáticos habían concluido con una sentencia, dos se hallaban en apelación de sentencia y uno había ascendido a la Corte Suprema de Justicia. Es decir, apenas un 32% había conseguido llegar a la última etapa del proceso, que es el juzgamiento. El resto de los casos se encontraban en etapa de investigación o por iniciar el juicio oral. (Ver gráfico).
El caso del exalcalde de Arequipa, Omar Candia Aguilar, es el único que ha llegado a casación. El abogado del prófugo burgomaestre, Pablo Talavera, presentó en noviembre último el recurso ante la Corte Suprema, tras la condena de 6 años de prisión efectiva en primera y segunda instancia que le dictaron y que provocó que huyera de la justicia. Los jueces encontraron al exalcalde culpable de colusión agravada en el caso de la compra irregular de 40 cámaras de seguridad, cuando fue alcalde distrital de Alto Selva alegre. Este caso está a la espera de que sea programada la audiencia de vista de la causa.
Entre tanto, el caso del expresidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén Benavides, es uno de los pocos que ha llegado a una segunda instancia. La exautoridad fue condenada en marzo pasado a 3 años años de pena suspendida por negociación incompatible. Se le encontró responsabilidad penal por implementar un sistema paralelo de contrataciones en el Gobierno Regional de Arequipa que favoreció a proveedores sin previo concurso. La defensa del burgomaestre apeló la sentencia y será vista el 13 de abril de 2023.
El segundo caso en apelación es el del tráfico de camas UCI. Dos de los imputados, Luis Enrique Gonzáles Cerpa y Julio Víctor Pilco Gómez, obtuvieron condenas de más de 5 años y 4 años, respectivamente. Constituyeron una mafia que estafaba a pacientes con covid-19 exigiendo pagos a cambio de la obtención de camas UCI en el hospital de Essalud. Los dos condenados apelaron la sentencia y han pedido que sea revisada por una sala superior. La causa será vista en junio de 2023.
Un traspié en los casos más sonados de corrupción
Los correcaminos del Sur
El escándalo de corrupción descubierto en la Gerencia Regional de Transportes de Arequipa, en los últimos días de 2018, durante la gestión de la gobernadora,Yamila Osorio Delgado, sufrió un revés recientemente.
Los investigados, entre ellos el exgerente de Transportes José Gamarra, recuperaron su libertad en diciembre. Entonces venció el plazo de la prisión preventiva y el arresto domiciliario. Esto ocurrió porque el Ministerio Público agotó los 3 años de la investigación más 1 año que adicionalmente le otorgó el Poder Judicial. En ese tiempo no pudo formular acusación contra los implicados. Aunque no ha variado la orden de captura para el prófugo exasesor, Juan Bermejo. Él es presunto cabecilla de la organización criminal que cobraba cupos a los transportistas de minivans.
Al respecto, el abogado Arturo Salas Vildoso, representante del colectivo civil Solidaria Perú que presentó un petitorio en este caso, señaló que este hecho evidencia una falta de proactividad de la fiscal Marita Cueva. Además, pone en riesgo el caso ante la posibilidad de que los investigados escapen como lo hizo el exasesor Bermejo. Añadió que la fiscal no ha respondido su pedido de incluir a la exgobernadora como cabecilla de la red criminal. La solicitud consideró los testimonios de los involucrados.
Los Malditos de Chumbivilcas
El caso es otro de los más grandes y complejos vinculado a la Municipalidad Provincial de Arequipa y su exautoridad, Alfredo Zegarra Tejada. En el centro de la trama se encuentra uno de sus hombres de confianza, José Luis Cavero, entonces jefe de la Oficina de Conflictos Sociales, con quien tomaban contacto los dirigentes de la Asociación de Vivienda Jardines de Chachani para lograr apropiarse legalmente de terrenos privados y luego traficarlos.
Este año, a mediados de marzo, cinco investigados dejaron la cárcel tras permanecer 4 años con prisión preventiva. La fiscal contra el Crimen Organizado, María Cabana, no consiguió presentar a tiempo el requerimiento acusatorio y el juicio comenzó con los 31 implicados en libertad, incluido el otrora edil Zegarra Tejada.
Los hijos del cóndor
Este es un caso que el Ministerio Público puso al descubierto gracias a la colaboración de un agente infiltrado en la organización criminal. Las autoridades detuvieron al gobernador Elmer Cáceres Llica, a la mitad de miembros del Consejo Regional de Arequipa, exfuncionarios de la región y dirigentes. En el centro de la trama está la exautoridad regional, a quien acusan de entregar dádivas a los consejeros a cambio de favores políticos y evitar cualquier acto de fiscalización contra su gobierno.
En este caso, que involucra a más de 20 investigados, la Corte de Justicia de Arequipa concedió libertad a dos imputados, el exconsejero Veto Bernal y el exgerente general Gregorio Palma, quienes cumplían prisión preventiva junto al exgobernador Cáceres Llica. Esto, después de acreditar que contaban con arraigo laboral. Aunque la investigación tiene un gran avance, según el fiscal Arturo Valencia, por lo que la investigación culminaría en el 2023.
Cabe mencionar que en este caso también hay un investigado prófugo. Se trata del exconsejero por Caravelí, Santiago Neyra, quien permanece en la clandestinidad más de un año.
Mala percepción en la ciudadanía
El abogado Arturo Salas Vildoso, de la asociación Solidaria Perú, que ha presentado denuncias por corrupción contra diversas autoridades de Arequipa, lamentó que pese al tiempo transcurrido la Fiscalía no haya presentado mayores elementos para formalizar las investigaciones. Indicó que en cada operativo, el Estado moviliza personal, logística, horas de trabajo hombre para enfrentar organizaciones criminales.
“Todo lo que se hace queda en nada. Después pasa un cierto periodo de tiempo y estos señores salen libres y el aviso es peligroso porque se puede caer el proceso. ¿Cómo queda el Estado Peruano representado por el Ministerio Público? O aquí no se quiere investigar como se debe, o hay una incompetencia”, cuestionó.
El letrado también hizo referencia a las denuncias que presentó Solidaria Perú en ciertos casos. Manifestó los petitorios presentados en el caso Los Correcaminos del Sur, para incluir a la exgobernadora Yamila Osorio en el proceso. Sin embargo, han pasado tres años y no han obtenido alguna respuesta por parte del despacho de la fiscal Marita Cueva. Lo mismo ha ocurrido con una denuncia que interpuso en el caso del proyecto Majes Siguas II, ante una serie incumplimientos por parte de la concesionaria y alertas emitidas por la Contraloría de la República. Al momento, la denuncia se encuentra en indagaciones en la Policía Anticorrupción, mencionó.
“El Ministerio Público para unas cosas es muy célere, pero para otros casos donde se comprometen exautoridades caminan como una tortuga”, expresó.
Esta situación genera una mala percepción sobre la administración de justicia. “Lo primero que mira un ciudadano cuando ve que la administración de justicia no funciona en hechos tan graves, es que la justicia está al servicio de los poderosos”, lamentó.
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