La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, dispuso el inicio de una investigación preliminar contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra, el primer ministro Alberto Otárola Peñaranda y otros ministros, luego de producirse 17 muertes producto de los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes en Juliaca, Puno.
También están comprendidos los titulares del Interior, Víctor Rojas Herrera y de Defensa, Jorge Chávez Cresta. La indagación es por la presunta comisión de los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves.
El despacho de la Fiscal dispuso la investigación preliminar por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. Los hechos habrían sido cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023. Esto, en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho.
Según se informó, en esta diligencia preliminar también está incluido el primer jefe del gabinete en el Gobierno de Dina Boluarte, Pedro Angulo Arana. Y el exministro del Interior, César Cervantes Cárdenas.
Congresista Ruth Luque denuncia penalmente a Dina Boluarte como autora mediata de las muertes en protestas
La congresista Ruth Luque Ibarra, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú, presentó este martes 10 de enero una denuncia contra la presidenta Dina Boluarte Zegarra ante la Fiscalía por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves en la que incluye como autor al primer ministro, Alberto Otárola Peñaranda.
La denuncia penal contra Boluarte Zegarra es “como autora mediata por los presuntos delitos de homicidio calificado y lesiones graves de las muertes ocurridas en las protestas que piden su salida y el cierre del Congreso”. Está imputado también el premier Alberto Otárola Peñaranda y los ministros Víctor Rojas Herrera y Jorge Chávez Cresta; así como al extitular del Interior César Cervantes Cárdenas.
Según la denuncia, se responsabiliza a estas autoridades del fallecimiento de 17 personas en Juliaca, como también las registradas en Ayacucho y Apurímac. La parlamentaria instó a la Fiscalía a investigar estos decesos a fin de que “no queden en impunidad”.
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