Un reciente artículo de Cecilia Méndez plantea varias pistas para la necesaria reflexión en estos tiempos turbulentos y, sobre todo, para revisar la larga lista de temas pendientes que tenemos como país.
El artículo comienza con una cita de Luzmila Alarcón, pobladora de Ayacucho: “La justicia no existe para nosotros, los campesinos”. Si no fuese porque se precisa la fecha de la declaración de Luzmila Alarcón (diciembre 2022), ésta podría calzar perfectamente con los testimonios recogidos en su momento por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Esto, aproximadamente hace 20 años y que provenían de los años de la violencia terrorista y del conflicto armado interno.
Pero hay otra parte del artículo que nuevamente nos lleva a pensar en lo que le pasó al país y, lamentablemente, le sigue pasando. Los lugares con mayor número de asesinatos en las manifestaciones de diciembre, incluyendo niños y adolescentes, han sido Ayacucho (10) y Apurímac (6). Cómo no volver a pensar en los pasajes del informe de la CVR, en los que se señala que, precisamente, en regiones como Ayacucho, Apurímac y otras vecinas, “se concentró el 85% de las víctimas registradas, principalmente campesinos de áreas rurales, poniéndose así de manifiesto la gravedad de las desigualdades de índole étnico-cultural que aún predominan en el país”. Transcurridos 20 años del informe de la CVR y 40 años del inicio del conflicto armado interno, pareciera que nada sustantivo ha cambiado.
Volvemos a citar el artículo de Cecilia Méndez: “…el abuso de la fuerza por parte de las FF.AA. al amparo del estado de emergencia decretado por Boluarte y su ahora premier Otárola, recae solo sobre ciudadanos de cierto perfil: gente de regiones y zonas rurales, hijos de familias quechuahablantes en pobreza extrema”. “En otro (video), de la misma región, se ve cómo los policías destrozan a patadas una olla común en Abancay, arrojando la comida al suelo”. Testimonios recogidos señalan que los policías les decían “indios” y “terroristas”. Este mismo comportamiento de la Policía Nacional se ha visto en varios casos de conflicto en zonas con presencia minera.
En suma, veinte, treinta o cuarenta años, aparentemente no son nada en nuestro país; en varios aspectos las cosas siguen igual. El comportamiento de las fuerzas policiales y militares siguen casi el mismo patrón de los años 80 y 90. Y los indolentes gobernantes del pasado también se reproducen en la actualidad: basta mencionar declaraciones como las del ahora expresidente del consejo de ministro de Dina Boluarte, Pedro Angulo. En una entrevista intentaba justificar la violenta represión policial de la siguiente manera: “traen gente de altura, como en Andahuaylas, que no habla español”.
El informe de la CVR señaló de manera precisa las enormes fracturas sociales que existieron y que, a todas luces, todavía existen en nuestra sociedad. Así también, la evidente relación que se produjo entre la situación de pobreza y exclusión social y la probabilidad de ser víctima de la violencia. A las desigualdades de índole étnico-cultural que aún predominan en el país: “la tragedia nunca fue asumida por el resto del país, el cual se ha mantenido ajeno al conflicto, demostrando un velado racismo”(1)
La reparación implicaba corregir las actitudes racistas que subsisten. En la etapa de transición se esperaba que retornando a la democracia, la nueva gobernabilidad y la justicia tenían que asumir esa tarea. “La reconciliación no es posible si no va acompañada de un ejercicio efectivo de la justicia”. Por ello, el informe de la CVR proponía un proceso de Reconciliación Nacional. Lamentablemente, nada de eso fue hecho y todo ese proceso quedó trunco.
“Los tenemos identificados”
Si todavía alguien tiene alguna duda sobre qué terreno hemos comenzado a pisar, basta escuchar a personajes como el ex marino y ahora congresista, José Cueto. Cuando alude al trabajo de inteligencia que se viene haciendo y del que parece estar muy al tanto, dice: “Todos están identificados…” “Los que están en su curul y los que están fuera, ya los tenemos a todos identificados. Ya hay un plan que está en camino que confío, tanto en la gente de Inteligencia, la gente de las Fuerzas Armadas y la gente de la Dincote, que se están encargando. Y espero que en muy poco tiempo podamos empezar a trabajarlos y a eliminar a esta gente”.
Cuando se da cuenta lo que ha dicho, se trata de corregir y observa que cuando habla de “eliminar que no se entienda por matar”. Sin embargo, vuelve a decir algo sumamente grave: “eliminar significa sacarlos del contexto político”.
Es decir, poco importa que, por ejemplo, congresistas de izquierda hayan sido elegidos por el voto popular. Al final de cuentas, ellos son los que pretenden decidir quiénes pueden participar y hacer política y quiénes no. Y para lograr ese objetivo, también pretenden ir por los organismos electorales. El propio congresista Cueto ha arremetido contra la Onpe, el JNE y el Reniec. “Hay que tener cambios de las personas que no nos han dado justicia electoral”, ha dicho sin inmutarse. Está claro que nunca aceptaron el resultado de las urnas. Y en el colmo de los absurdos, tampoco perdonan que los organismos electorales no les hayan dado la razón en el pretendido fraude que inventaron sin darse el trabajo de presentar una sola prueba. Son tiempos difíciles los que estamos viviendo y, peor aún, los que se vienen.
Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, nos recuerda que: “Los asesinatos en protestas no son un hecho nuevo en el Perú. Desde el 2003 al 2020 se produjeron 167 muertes a manos de las fuerzas armadas. Las situaciones más graves se han dado cuando interviene el Ejército y la tasa de impunidad en estos asesinatos es cercana al 100%”. Como diría Rocío Silva Santisteban, es el contínuum de la violencia.
El mensaje “los tenemos identificados” tiene varios destinatarios. Solo recordar que el “terruqueo” está, más que nunca, a la orden del día. Así lo demuestra la citación que ha recibido Everardo Orellana Valverde, subsecretario general de la Confederación Campesina del Perú: “Mediante la presente se le notifica a Ud., del contenido de la Disposición Fiscal N°01, de fecha 19 de diciembre de 2022, así como de la Providencia Fiscal N°01, de fecha 22 de diciembre de 2022., ambos documentos escritos por la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Lima, recaída en la Carpeta Fiscal N°191-2022, investigación seguida en su contra por la presunta comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública-Terrorismo, en agravio del Estado”.
Como decía un mensaje en twitter: “por favor difundir. Hoy vienen por los campesinos, mañana vendrán por ti”.
(1) De Rivera, Manuel (2003): La Comisión de la Verdad y Reconciliación en Perú: conclusiones y perspectivas
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