Perú no cuenta con refugios para mujeres sobrevivientes del delito de trata de personas

Ninguna región posee hogares temporales especializados en atender víctimas mujeres, pese a política nacional en contra de violencia

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Acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, fecha importante que nos permite recordar las amenazas sociales que atentan contra la dignidad humana de las mujeres en el país, entre ellas, la trata de personas. Una economía ilícita silenciosa que todavía pasa desapercibida ante el Estado Peruano y la sociedad civil. 

Sobre ella, la Defensoría del Pueblo alerta que ninguna de las regiones del Perú brinda espacios de albergue y recuperación para sobrevivientes de este delito. Esto, según el Informe de seguimiento de recomendaciones defensoriales sobre derechos de las mujeres. A la fecha, los refugios existentes atienden a todas las víctimas de violencia, independientemente del tipo que hayan sufrido. A pesar que estas necesitan una atención especializada.

Inforegión publicó una nota el mes pasado, donde resalta que entre 2015 y 2021, el Ministerio Público registró 8 842 denuncias por dicho delito. Siendo Madre de Dios el departamento que posee la tasa de incidencia más alta con 66 denuncias por cada 100 mil habitantes, en comparación con otras regiones. Además, el mismo estudio reveló que el 80% eran mujeres.

No existe una estrategia a nivel nacional para proteger a las víctimas de trata

El informe también indicó que solo entre el 2015 y el 2018, en el país se produjeron entre 14 000 y 26 000 casos de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes al año. De estos, el 68% de las denuncias ingresadas entre los años 2018 y 2019 fueron archivadas, y solo el 3.2% lograron sentencia condenatoria. 

En ese sentido, la entidad encargada de defender los derechos constitucionales y fundamentales de la ciudadanía, advierte que no existe una estrategia concreta a nivel nacional para fortalecer la protección de las mujeres víctimas de trata. Esto, en coordinación con la Unidad de Asistencia Distrital a Víctimas y Testigos (Udavit), programa de la Fiscalía de la Nación. 

No obstante, pese al avance alarmante de la problemática se sabe que 14 gobiernos regionales han aprobado sus planes para combatir la Trata de Personas. Éstas son, Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Madre de Dios, Moquegua, Puno, San Martín y Tacna. 

La Policía Nacional del Perú ha demostrado un cumplimiento a medias en la protección y atención a víctimas y testigos de este delito

Sin embargo, los esfuerzos aún parecen no ser suficientes. Pues, la Defensoría informa que en el proceso para garantizar la reserva de identidad de las víctimas adultas de trata, la Policía Nacional del Perú ha demostrado un cumplimiento a medias en la protección y atención a víctimas y testigos de este delito. Una barrera impide de manera constante que estas puedan acceder a su derecho a la debida diligencia, a la no revictimización y a la justicia. 

Cabe añadir que, existe una política nacional frente a la trata de personas y sus formas de explotación, aprobada mediante Decreto Supremo n. °009-2021-IN. En esta se remarca que el Estado a la fecha demuestra planes débiles de vigilancia. Así como de seguridad ciudadana e incluso recursos económicos para reducir esta economía ilícita que atenta especialmente contra las mujeres en el país. 

Además, estas debilidades se ven reforzadas con la discriminación social y de género, la pobreza como factor estructural. También por los deficientes mecanismos de fiscalización y sanción, el desconocimiento de derechos, y sobre todo la escasa sensibilización ante la trata de personas. 

Por lo tanto, la creación de espacios de albergue y recuperación a las víctimas de esta economía criminal es una demanda urgente en el país para proteger a las sobrevivientes de trata, diferenciando su atención en las mujeres, infancias y adolescencias. Para ello, es necesario que se mejore la coordinación con la PNP, con el propósito de asegurar diligencias policiales eficientes para la identificación de los presuntos responsables. 

Sin embargo, lamentablemente hasta el momento no se cuenta con información relacionada al cumplimiento de esta recomendación hecha por la Defensoría del Pueblo a la institución policial. 

El Estado sigue siendo cómplice de la impunidad. 

Fuente: Inforegión, medio integrante de la Red de Medios Regionales del Perú

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