Hace dos semanas, el prófugo ex presidente Alberto Fujimori envió desde su guarida en Japón, un mensaje a sus seguidores donde les aseguraba su pronto retorno al país. La algarabía de los personajes más conspicuos del régimen fujimontesinista no se hizo esperar. En Arequipa, frente a un eventual retorno del dictador, sus seguidores más representativos se encuentran libres de polvo y paja sin que las autoridades hayan hecho algo al respecto.
En el 2001 a raíz de las publicaciones de diversos medios periodísticos que sindicaban a Daniel Postigo Cerpa, Sonia Sánchez González, Olger Vásquez, Danilo Loayza Alatrista, Felipe Dominguez, entre otros, como las figuras que controlaban todo el aparato fujimorista en nuestra ciudad, la Fiscalía decidió abrir una investigación para determinar su responsabilidad en los actos ilícitos que habrían sido cometidos en aras de lograr la ilegal reelección del mandatario.
Por el volumen de las acusaciones, la investigación se individualizó, por lo que la policía fiscal tuvo la tarea de conseguir por separado, las pruebas concretas que derivarían en una acusación formal frente al Poder Judicial. No obstante, dicha investigación, no arribó a conclusiones certeras. Pudo haber jugado en contra la falta de infraestructura y presupuesto u otros factores menos santos.
Es en esta situación que en la capital se crean las fiscalías anticorrupción, quienes ordenan que todas las investigaciones que tuvieran que ver con los actos ilícitos cometidos por funcionarios públicos vinculados al régimen fujimorista, fueran derivadas a Lima. Es por esta razón que todo el expediente remitido a través de la secretaría de la Fiscalía de la Nación.
Este hecho también determina que las pesquisas en nuestra ciudad se detengan para dejar paso a las acciones que consideren pertinentes los fiscales anticorrupción en Lima, por lo cual, los avances en las averiguaciones por parte de la policía fiscal quedan truncos.
Al parecer, la investigación fiscal fue deleznable, por lo que las fiscalías anticorrupción en Lima devolviesen algunos de los casos para que la fiscalía en Arequipa emitiera su propia resolución.
Según el fiscal decano Jesús Fernández Alarcón, toda la investigación sobre los casos de corrupción está en manos de Lima. Específicamente, dijo, en alguna de las fiscalías anticorrupción, aunque desconoce cuál es.
Al parecer, un incomprensible desinterés del Ministerio Público en nuestra ciudad dejó que los casos queden en nada. Mientras que los pocos procesos iniciados no tienen relación con lo sustantivo que es el manejo de fondos públicos para favorecer la reelección. Por este tema acusaron al general Abraham Cano, así como por enriquecimiento aparentemente ilícito de él y de ciertos personajes ligados a su entorno.
Incluso este año, específicamente el 28 de febrero, devolvieron el expediente de la investigación seguida al ex prefecto Javier Quezada Rivas. Según dijeron, no es parte de las investigaciones de corrupción. La fiscalía debe emitir pronunciamiento al respecto en los próximos 15 días.
Luego de la denuncia hecha por Rolando Bernal Inca respecto a la infiltración de agentes del servicio de inteligencia en las principales instituciones públicas a través de su antigua empresa (Seguridad Integral Peruana), Daniel Postigo volvió a la palestra para negar todas las acusaciones en su contra acerca de su papel como ex hombre fuerte de Montesinos en Arequipa. Según Postigo, jamás manejó un fondo especial para la campaña re-reeleccionista del ex presidente Fujimori, ni en manipulaciones a la prensa.
El fiscal decano, preguntado sobre el tema y las posibles medidas a tomar por parte de fiscalía sobre la denuncia de Bernal Inca, manifestó que no tenía mayor conocimiento pero que en todo caso, él entendía que el ex gerente de SIP ya había hecho esta denuncia en Lima.
En Arequipa, libres como el viento
Daniel Marcelino Postigo Cerpa es sin duda, la figura más polémica de los años fujimoristas en nuestra ciudad. Acusado por diversas versiones de prensa como el hombre fuerte del régimen pasado. Sin embargo, ninguna investigación realizada por el Ministerio Público ha logrado probar algún ilícito. Sólo existe un proceso abierto en su contra por peculado y asociación ilícita para delinquir, donde están también involucrados Olger Vásquez y Danilo Loayza.
Otro caso sorprendente es el de Sonia Sánchez Gonzáles, una de las “joyitas” del gobierno fujimorista. El expediente de Sonia Sánchez que contenía denuncias por manejos irregulares durante los ocho años en que se desempeñó como jefa del PRONAA lo devolvieron de Lima a la fiscalía local por carecer de pruebas. Y la fiscalía, entonces a cargo de Eliana Casas no apeló dicha decisión, ni pidió ampliación de la investigación.
Simplemente se archivó. Sólo como muestra del tipo de manejo que realizó Sonia Sánchez, después de 10 años recibió recientemente una condena por Peculado y Colusión desleal. La denuncia se refiere a malos manejos en PRONAA en el 93, cuando los mayores cuestionamientos son en los años previos a la reelección presidencial. Esto es, desde 1998, donde ya hubo evidencias de su activa participación a favor de la campaña electoral de Vamos Vecino.
También sorprende el caso del ex presidente de CTAR, Olger Vásquez. Detenido y encarcelado en penal de Socabaya por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado Peruano. Luego de dos meses y alegando un precario estado de salud, Vásquez salió del penal con arresto domiciliario. Hoy se encuentra con la bastante cómoda orden de comparecencia.
En mejor situación se encuentran Danilo Loayza Alatrista, Felipe Domínguez y Gustavo Rondón. Todos ellos, prominentes fujimoristas en la década pasada y hoy “pasapioleros” de la mejor estirpe. Ninguna investigación determinó contundentemente cuáles eran sus verdaderos roles en la oscura red tejida por Fujimori, Montesinos y el servicio de Inteligencia.
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