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¿Por qué los familiares de las víctimas de las protestas no confían en la Fiscal de la Nación?

Dan sus testimonios sobre lo que vivieron y de lo que fueron testigos presenciales y creen que solo se quiere dilatar el tiempo para que luego quede todo en la impunidad. ¿Por qué cuando ya empezaban a declarar los militares, quieren pasar los casos a Lima donde de 9 fiscales una sola tiene experiencia en investigaciones de derechos humanos? cuestionan

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Los familiares de las víctimas de las protestas exigieron respeto por parte de la Fiscal de la Nación y dejar los casos ya avanzados en las regiones donde ocurrieron los hechos. No creen en las palabras de Patricia Benavides y sienten que solo se quiere dilatar el tiempo y lograr impunidad en todos los casos.

Según los familiares, hay razones de peso para afirmar esto: en La Libertad solo se cuenta con una fiscal mixta que en todo este tiempo, no hizo nada. Hubo constantes cambios de fiscales para ver los casos. Solo en Ayacucho y Puno se está investigando a los mandos policiales y militares. En el resto de regiones, no hay ningún investigado, pese a que todos los muertos fueron por arma de fuego.

Magno Sánchez, hermano de Nilson Sánchez fallecido en enero, dijo que en el caso de La Libertad, al no haber fiscales de Derechos Humanos no se ha hecho nada. “Si van a pasar el caso de mi hermano a Lima, quisiera que sea con fiscales de Derechos Humanos. Solo hay una fiscal mixta en Virú y no se está haciendo nada por el caso de mi hermano”.

Raúl Samillán en representación de la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero de Juliaca, Puno, dijo que emitieron un pronunciamiento frente a la última resolución de la Fiscal. Habla a nombre de los familiares de los asesinados por la Policía el 9 de enero en Juliaca, el 18 de enero en Macusani y el 20 de enero en Ilave; además de los heridos por proyectiles de bala, que son más de 300. Solo en el Ministerio de Salud hay 253, porque no se han dado a conocer muchos más, por miedo a represalias.

“Hechos claramente dilatorios”

Frente a la disposición de la Fiscalía de llevarse las carpetas fiscales a Lima, los familiares se oponen: “lo que nos preocupa, porque se estuvo avanzando las diligencias, es que se quiebran las que estaban programadas. Por esto no estamos de acuerdo con esta decisión y ponemos como denuncia pública estos hechos que son claramente dilatorios”.

“Desde la Fiscalía se está trabajando de manera irresponsable. Porque no se les ha preguntado a los familiares de los muertos o heridos, si se podría trasladar las carpetas a Lima. Y por el contrario, reclamamos a la Fiscal de la Nación reforzar a las fiscalías de derechos humanos en las jurisdicciones donde ya están instalados y en pleno funcionamiento, dijo Samillán.

Muchos familiares y testigos viven muy lejos de Juliaca

“En el caso de Puno, esta es la cuarta vez que se cambia de fiscal. Y eso se encamina a la impunidad de los responsables de las masacres y la indefensión de los agraviados. Primero fue la fiscalía de crimen organizado la que llevó los casos. Luego por reclamo de los familiares lo pasan a una fiscalía en lo penal. Después se crea la fiscalía de Derechos Humanos en Juliaca que venía de la Libertad y ahora se quiere llevar todo a Lima. Esto preocupa porque muchos viven en ciudades y provincias alejadas de Juliaca y son de pocos recursos económicos”, continúa.

Además, no se cuenta con una buena señal de Internet lo que dificultaría una buena comunicación. Y no podrían rendir sus manifestaciones o que se lleve una buena investigación. “Hacemos un llamado a la Fiscalía de la Nación a que corrija este despropósito. Y a la Defensoría del Pueblo a que exhorte a la Fiscalía a fortalecer e implementar con todo lo necesario a las fiscalías de derechos humanos. Pedimos que se investigue en el lugar de los hechos, porque de lo contrario, nos perjudica enormemente”, aseguró.

Lo ocurrido en Juliaca fue una masacre. Los familiares de las víctimas cuentan que también fueron testigos de los disparos a quemarropa cuando iban al hospital por sus familiares.

¿Por qué ahora que comenzaron a declarar los militares pasan los casos a Lima?

Por su parte, Ruth Bárcena, viuda de Leonardo Hanco y presidenta de la Asociación de Familiares asesinados y heridos del 15 de diciembre en Ayacucho, dijo: “como víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, merecemos respeto. Tenemos derecho a conocer las verdades sobre el asesinato de nuestros familiares. Por eso rechazamos la decisión de la Fiscal de la Nación de derivar los casos de Ayacucho hacia la ciudad de Lima”.

Dirigiéndose a la fiscal, Bárcena cuestionó: “¿por qué no nos ha consultado a nosotros que somos las víctimas de estos asesinatos a nuestros familiares, antes de trasladar el caso de Ayacucho a Lima? Esto porque el fiscal ha estado haciendo bien su trabajo. ¿Por qué ahora que empezaron a declarar los militares como ellos los llaman “los gloriosos militares” que mataron, que violaron nuestros derechos, comenzaron a pasar los casos a Lima?”

“Ella dice que confiemos, cuando ella está poniendo a fiscales que no tienen conocimiento en lo que son derechos humanos. Nosotros necesitamos a fiscales que sepan lo que es defender esos derechos, investigar sobre derechos humanos. Nos preguntamos con qué fin los trae a Lima, ¿con el fin de desaparecerlos?, traerlos acá y va a quedar en el olvido, impunes”. Nosotros exigimos que los casos de Ayacucho los dejen ahí y tenemos abogados que nos están apoyando allí. Los asesinatos no pasaron en Lima, pasaron en Ayacucho. El 15 de diciembre se mató a diez personas, civiles y 78 heridos de bala. Esos casos se tienen que investigar allá. No queremos que los cambien porque tenemos un fiscal de derechos humanos allá”.

Ruth Bárcena, representante de las víctimas en Ayacucho
A todo lo sufrido en los años del enfrentamiento armado en el país, los ayacuchanos tuvieron que defenderse de la simpleza con que se les acusó de terroristas por salir a protestar en contra del Gobierno de Dina Boluarte.

“Un policía pateaba en las partes privadas de una señora y mi hermano fue a defenderla…fue así que le dispararon”

Lady Quispe, hermana de Leonel Alejandro Quispe Valencia, herido en las movilizaciones de Puno en Juliaca el 9 de enero, participó en representación de su hermano quien no puede movilizarse: “No puede moverse. Él no estaba en la protesta. Estaba regresando del trabajo a la casa en Jirón Aeronáutica, cerca al aeropuerto por el by pass. Ahí, un policía agrede salvajemente a una madre de familia y él, indignado, va a ayudarla porque el efectivo le pateó en las partes privadas de la señora.

“Mi hermano se levanta y quiere regresar a la casa y ahí es donde recibe los petardos. Uno le roza el pecho y el otro entra por el hombro derecho, le roza el tórax y le perfora el pulmón. A las 6 de la tarde nos llaman para decirnos que nuestro hermano está herido en el hospital, botando sangre. Estuvo de 5 a 6 horas botando sangre, debido a la bala y empieza el fuego en Jirón Moquegua. Mis padres y yo fuimos testigos de cómo fueron los balazos a quemarropa. Se cometió una masacre en Juliaca. Nosotros no pudimos llegar al hospital por esta balacera y mi hermano estuvo allí, sin nadie”, se lamenta.

De esta manera narra las barbaridades que ocurrieron aquel fatídico día en Juliaca. La policía actuó de manera incomprensible, no se sabe bajo qué órdenes..

“En el hospital, el fiscal y los policías vestidos de terna, jaloneaban a los heridos para que vayan y den su declaración queriendo llevárselos detenidos, hasta que llegó la señora de recursos humanos y exige que se les dé atención a los heridos”.

Lady Quispe, hermana de herido

No queremos que los casos se trasladen a Lima. ¿Acaso en Lima ha habido la masacre?

“Es así que mi hermano ahora se encuentra postrado en cama, sin poder levantarse, no puede hacer sus cosas, aparte de que está herido de gravedad, está herido psicológicamente y así hay varios. Son más de 300 heridos que tenemos en Juliaca y hay otros que han sido atendidos particularmente, en su casa o a establecimientos privados” continúa.

Añade que están a la espera de justicia. “Estamos muy muy molestos porque se está trasladando y cambiando de fiscal a cada rato. Nosotros nos damos cuenta que así quieren dejar pasar el tiempo y quieren que los hechos queden impunes, la masacre que ha ocurrido en Juliaca”.

 Los familiares de las víctimas no confían en la Fiscal de la Nación, porque el equipo de fiscales que presentó no tiene experiencia en investigaciones de derechos humanos y porque con éste, ya es el cuarto cambio de fiscales que hace o en algunos casos ni siquiera se iniciaron las diligencias.

“No queremos que la fiscal traslade los casos a Lima. Queremos que se quede en el lugar de los hechos, que se investigue donde ocurrieron. ¿Acaso en Lima ha habido la balacera, en Lima ha habido la masacre? No. Ha sido en Juliaca y queremos que se investiguen allá a la espera de justicia es lo que buscamos que se quede en el lugar de los hechos fue en Juliaca la masacre no en Lima que se investigue en Juliaca porque los heridos son personas humildes, no tienen cómo solventarse, han herido a padres de familia que no pueden solventarse y a sus familias, no pueden vivir de la caridad de la gente. Queremos que se queden en Juliaca los casos para que puedan llevarse a cabo bien la investigación”, culmina Lady Quispe.

Carlos Rivera: “Decisiones de la Fiscalía responden a un discurso político”

Carlos Rivera, abogado de IDL, refirió que, desde el mes de diciembre, se ve una actuación no solamente errática de la Fiscalía de la Nación, sino una actuación que parece indicar que hay una voluntad de que no avancen las investigaciones.

“Hay diversos hechos que dan cuenta que el curso de las decisiones políticas que toma el Ministerio Público en la persona de la Fiscal de la Nación pareciera que responden a ser funcional a un discurso político que intenta evitar que se determinen las responsabilidades de carácter criminal y los graves hechos en contra de los derechos humanos que se han cometido desde diciembre, hasta enero de este año.

El abogado enfatiza en que los hechos son de público conocimiento y considera particularmente grave el traslado de todas las carpetas de investigación de 7 departamentos hacia Lima. Advierte que esto puede tener consecuencias lamentables en cuanto al avance de los casos.

De diez fiscales nueve no tienen experiencia en casos de derechos humanos

“Las carpetas fiscales vienen a un equipo especial que por más nombre rimbombante que quiere aproximarnos a otra realidad, lo cierto es que en el Ministerio Público tenemos un equipo especial con diez personas de las cuales solo una ha tenido experiencia con delitos de derechos humanos, los otros nueve fiscales no han tenido ninguna experiencia en investigación de derechos humanos. Ese solo dato ya es el más preocupante”, dijo Rivera.

Añadió que lo importante en este caso es verificar el avance de las investigaciones, pues solo así se mide la actuación del Ministerio Público. “Y lo que tenemos acá es que, de los siete departamentos, Ayacucho es el que tenía una actuación más diligente, más estratégica. Por una razón muy concreta, estaba a cargo de una fiscalía de Derechos Humanos”, señala.

En cualquier caso, cuatro fiscales en tres meses, no tiene ningún rumbo

Explico que incluso en el caso de Lima se dieron instrucciones sumamente erráticas. Luego del 28 de enero, con casos muy graves, salvo el caso de Víctor Santisteban Yachani, se derivaron a las fiscalías penales comunes por decisión de la Fiscalía de Derechos Humanos de Lima. “Una decisión sin ningún tipo de sentido. Después de un mes de trabajo, recién están retornando a Fiscalías de Derechos Humanos. Por lo tanto, las decisiones del Ministerio Público han sido bastante erráticas”, continúa Rivera.

En diciembre, la Fiscalía de la Nación toma la decisión de partir en dos la fiscalía de derechos humanos e interculturalidad y terrorismo y luego destituye al fiscal provincial, Luis Valdivia, a quien la propia Patricia Benavides había ascendido encargado la coordinación de un equipo especializado de Derechos Humanos. Y en plena crisis de derechos humanos, trajo al fiscal Daniel Jara, fiscal de experiencia, pero especializado en drogas.

“No hay que ser jurista, ni analista, pero la experiencia nos dice que, en cualquier caso de investigación, con cuatro fiscales en tres meses, eso no tiene ningún rumbo. Y lo único que indica es que está manipulando y con esta actuación está buscando que no se determine ninguna responsabilidad”, declara.

Fiscalía dispuso que la Comisaría de Cotabambas realice la investigación y no hay nadie investigado

Hay decisiones irracionales como de la Quinta Fiscalía Corporativa Penal de Lima en un caso de un herido con bomba en la cabeza, dispuso que la Comisaría de Cotabambas haga la investigación. Y que retornen las investigaciones a las fiscalías de derechos humanos duró unas seis semanas y ya la fiscal comenzó a acumular casos complejos donde había decisiones institucionales sobre los hechos delictivos.

“Tenían un modus operandi, una forma de cometerse y apuntaba a señalar responsabilidades de los policías que dispararon sino también de los jefes y probablemente muy pocos casos de los varios abiertos. El que marcó la ruta fue Ayacucho se abrió investigación contra el jefe policial y en contra del jefe de la brigada militar del Ejército de Ayacucho luego en ningún otro caso había personas investigadas”, señaló.

Añadió calificando el escenario como de gravedad. Y dijo que la propia fiscal tiene la carpeta de Dina Boluarte y Alberto Otárola y los otros ministros. “Esa carpeta ya tiene tres meses está abierta pero no se está investigando a nadie. No encontramos en el curso de esta investigación una actuación proactiva, diligente o que tenga una estrategia de investigación”.

Comando Conjunto no entregó Planes de Operación a Fiscalía

En la conferencia también se señaló que, a inicios de enero, la Fiscalía fue al Comando Conjunto a solicitar los Planes de Operación y éste le contestó que no le iba a entregar nada, porque dicen que son documentos secretos. El fiscal Marco Huamán a cargo de las investigaciones anunció que iba a ser un pedido al Poder Judicial para que le entreguen esos documentos. “No tenemos conocimiento de que eso haya ocurrido”, señalaron.

“Luego, un periodista los solicitó por medio de la Ley de Transparencia y el Comando Conjunto respondió lo mismo, pero el Tribunal de Transparencia ha determinado que en esta situación de emergencia son documentos públicos que se los tienen que entregar. Se le ha pedido a la Fiscalía que haga un nuevo documento o haga algún apercibimiento como suele hacer. Hay que allanar el Comando Conjunto para saber si esos documentos existen. Pero más allá de eso, no hay nada”.

No se les puede exigir a los familiares que estén pendientes de una investigación que se lleva a cabo a centenares de kilómetros

Mar Pérez de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirigió directamente a la Fiscal para exigirle poner fin al manoseo político de los casos. “Exigimos tratar estos temas con seriedad y a las víctimas con respeto. Y la primera manifestación de respeto es pedirles a las víctimas su opinión antes de tomar decisiones tan importantes como estas. Uno de los elementos fundamentales de la justicia es la accesibilidad”, dijo.

Añadió que no se les puede exigir a las víctimas y a los familiares que estén pendientes de una investigación que se lleva a cabo a centenares de kilómetros de donde sucedieron los hechos. “Debemos señalar que este manoseo político que estamos denunciando afecta no solamente a las víctimas de regiones, sino también a las de Lima.

“Este es el caso de Salas Huanama, que recibió un impacto de bomba en la cabeza y cuyo caso está pasando de mano en mano y eso es un obstáculo fundamental para el avance de las investigaciones. Estamos en una situación de incertidumbre permanente. Exigimos a la Fiscal de la Nación, reconsiderar su decisión”, dijo.

“Señora fiscal, los casos deben quedarse allí donde hay fiscalías de Derechos Humanos. Fortalezca a las fiscalías de derechos humanas de Juliaca y Ayacucho, tal como solicitan los familiares. Si quiere demostrar la valía, la eficacia de este equipo especial que ha constituido empiece por los casos donde no hay fiscalía de derechos humanos. Empiece por el caso de La Libertad que está botado en una fiscalía mixta. Inicie por los casos de Ica donde hay heridos de bala, incluso menores de edad y nadie está preocupado por eso”, añadió.

Empiece por esos casos. Demuestre que en tres meses el equipo especial que ha constituido pueden empezar a tener resultados importantes que empiece a construir una relación de confianza con las víctimas, siempre escuchándolas a ellas en primer lugar.

Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos

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