El informe de Amnistía Internacional, cuya publicación en Perú tuvo un intento de sabotaje, concluye de manera desalentadora sobre la situación mundial de los Derechos Humanos.
Este movimiento, presente en más 150 países, enfatiza que en Perú, con un marcado sesgo racista, las fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo y letal de la fuerza contra población indígena y campesina, desde que inició la crisis política.
Hasta el 1 de marzo, fecha en la que esta institución cierra el tratamiento de cifras para el informe publicado, 48 civiles y un policía murieron “en el contexto de la represión ilícita de las manifestaciones que iniciaron en diciembre de 2022”.
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El informe señala también las denuncias de 303 ataques a la prensa durante el año, 63 de ellos ocurridos en el contexto de la conflictividad desatada tras la destitución de Pedro Castillo.
Amnistía Internacional también observa críticamente algunos blindajes a favor de los agentes usados por el Estado para la represión:
“La Ley de Protección Policial siguió vigente, limitando de manera efectiva la rendición de cuentas de las fuerzas del orden por las violaciones de derechos humanos”.
Inti Sotelo y Bryan Pintado
La publicación también alerta sobre la inmunidad de Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez en el caso de las muertes de Inti y Bryan. Recordó cómo la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República archivó la denuncia contra estos presuntos responsables políticos, interrumpiendo la investigación penal contra los policías implicados.
Constantes violaciones a los derechos humanos y desprotección a los defensores
Entre otras cifras preocupantes que cita el documento están los seis asesinatos de defensores de los derechos humanos. Estos ciudadanos resistían por sus derechos y el de sus comunidades en Madre de Dios, Loreto, Junín y Huánuco. Fueron eliminados por oponerse a la tala ilegal, el tráfico de drogas y otros ilícitos.
También dio cuenta del Caso Repsol, en el que esta empresa habría derramado al menos 11 mil barriles de petróleo en Ventanilla, Callao, sin consecuencias para la empresa.
Otra situación similar, pero en la selva peruana es el caso Petroperú. Fue responsable de que se derramaran al menos 2500 barriles de petróleo, afectando gravemente a comunidades indígenas.
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Derechos de las niñas y mujeres
“Entre enero y diciembre, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) registró 27 362 casos de violencia sexual, 95% contra mujeres. De ellas, 18.521 eran niñas y adolescentes. Es decir, cada día aproximadamente 50 niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia sexual en 2022”, reporta el informe de Amnistía Internacional. Además cita la espeluznante cifra de 137 feminicidios en ese periodo.
Añade el reporte sobre al menos 700 esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori, sin reparación. El texto indica que “en noviembre, el poder judicial ordenó la reparación integral de las sobrevivientes de esterilización […] No obstante, hasta diciembre ninguna de estas reparaciones había sido otorgada”.
Precisamente, antes de la clausura del LUM el día de la publicación del Informe de Amnistía Internacional, este museo realizaba actividades sobre María Elena Moyano con la guía de la exministra Diana Miloslavich.
Sesgo racista
En una amplia entrevista de este medio a la excongresista Rocío Silva Santisteban estableció una necesaria y aguda comparación entre el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la reciente publicación de Amnistía Internacional:
“En efecto, el Informe de Amnistía Internacional dice cosas muy importantes y sobre ello mi colega José de Echave me hizo reflexionar un punto muy importante.
En el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, en números aproximados sostiene que el 80 % de las cerca de 69 780 víctimas del Conflicto Armado Interno, eran personas quechuahablantes o que hablaban otro idioma. Entonces, este 80% eran personas indígenas.
El informe de Amnistía Internacional señala que de los muertos de estos últimos tres meses de este gobierno de Dina Boluarte, que ya no es demorático, casi el 90 % de estas víctimas, son personas de la sierra sur o son personas que hablan quechua o aymara u otro idioma.
Es decir, entre el Informe de la CVR publicado hace 20 años y el Informe sobre Derechos Humanos 2022-2023 de Amnistía Internacional, pareciera que no hubiera pasado tiempo alguno.
Pareciera que no hubiera nada. Pareciera que el Estado no hubiera hecho nada para evitar el racismo de las Fuerzas Armadas y policiales que tienen el gatillo fácil contra los indígenas.
Eso es atroz y horroroso. Es una vergüenza para este país. Es increible que este Estado, esta presidenta del Perú y el presidente del Consejo de Ministros se hagan los tercios como si no pasara nada en el Perú. Es una vergüenza internacional que los muertos del sur andino no valgan nada.“
Los Derechos Humanos a nivel internacional
“Las violaciones del derecho internacional humanitario provocaron terribles tragedias humanas. Con todo, dejó mucho que desear la respuesta de la comunidad internacional”, empieza el Análisis Global.
El informe anual de Amnistía Internacional hizo el penoso recuento de las víctimas de conflictos bélicos como el de Ucrania-Rusia y el de Etiopía.
También pone especial atención a Palestina. “El año 2022 fue el más mortífero para la población palestina de Cisjordania en un decenio, ya que murieron a manos de las fuerzas israelíes al menos 151 personas —entre ellas, decenas de menores de edad—”, menciona.
A 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Amnistía Internacional pone en evidencia el retroceso en los derechos de salud sexual y reproductiva de niñas y mujeres. Entre los lamentables precedentes internacionales se hace mencion a la aprobación de leyes para prohibir o restringir el acceso al aborto en varias ciudades de Estados Unidos. Y el acoso judicial en Polonia a activistas, por ayudar a mujeres a conseguir píldoras anticoceptivos.
“Aunque las dinámicas de poder mundiales están inmersas en el caos, los derechos humanos no pueden perderse en mitad de tanta confusión. […] No esperemos a que el mundo arda de nuevo”, lamentó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, respecto a este informe.
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