La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso admitió las denuncias contra las parlamentarias María Acuña Peralta (APP), Magaly Ruíz (APP), Katy Ugarte (no agrupada) y Rosio Torres (APP), acusadas de recortar el sueldo a sus trabajadores. Hasta la fecha, ya son siete los casos de congresistas ‘mochasueldos’ denunciados a través de la prensa.
La SAC, que preside la parlamentaria Lady Camones (APP), iniciará las indagaciones contra las cuatro congresistas a quienes la Fiscalía ya investiga por el presunto delito de concusión.
Tras su aprobación a trámite, las denuncias pasarán a la Comisión Permanente, instancia en la que deben otorgar un plazo para la indagación por 15 días, con la posibilidad de ampliarse por única vez por otros 15 días. Luego se presentará el informe final para su votación. Si se aprueba, pasará nuevamente a la Comisión Permanente y, tras ello, al Pleno.
El 24 de abril, la SAC puso a evaluación la denuncia constitucional contra la congresista María Cordero, quien también es acusada de recortar los salarios de los servidores de su despacho.
En Ética también investigan a ‘mochasueldos’
Los casos de las cuatro congresistas ‘mochasueldos’ están también en la Comisión de Ética Parlamentaria, que preside Karol Paredes (AP). Este grupo de trabajo puede imponerles una sanción máxima de suspensión por 120 días, según lo establece el Reglamento del Congreso de la República.
En esta Comisión de Ética, el lunes 8 de mayo también se aprobó por unanimidad abrir investigación contra los congresistas José Arriola y Marleny Portero (Acción Popular). Ellos recortaban el salario de sus trabajadores para realizar obras de “ayuda social”.
Las congresistas, abusando de su cargo, obligaban a sus trabajadores a que les den parte de su sueldo. Según la denuncia, les recortaban entre S/ 300 a S/ 400 bajo el concepto de “aportes voluntarios”. Además, entre S/ 1,000 y S/ 3,000 para “mejorar” la imagen de la parlamentaria, en el caso de Katy Ugarte.
Rosio Torres (APP) hacía los recortes con la ayuda de su sobrino y ahora coinvestigado, Juan Daniel Pérez Guerra. En el caso de María Acuña Peralta (APP), se escuchó un audio en el que intentaba negociar con uno de los trabajadores de su despacho en Chiclayo para que no la denuncie. Y Magaly Ruíz (APP) puso como condición para trabajar un “aporte voluntario” de S/ 1500 y una “colaboración” extra de S/300.
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