La presidenta de la República, Dina Boluarte, ratificó este lunes su pleno respaldo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, para el informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), envió 178 observaciones. En ellas, individualiza las responsabilidades y deslinda la suya de las acciones de las fuerzas del orden durante las protestas de diciembre 2022 a enero 2023.
Luego, en una entrevista insistió que tanto los militares como los policías actúan basados en sus propios protocolos. “Yo puedo ser la jefa suprema de las Fuerzas Armadas, pero no tengo comando y los protocolos los deciden ellos”, dijo. Esto fue inmediatamente considerado por expertos constitucionalistas y por los propios militares como una “lavada de manos”.
En este momento, militares en retiro de la Adogen, congresistas de la República y exministros de Defensa cuestionan sus cambiantes declaraciones. Le recuerdan además que, de acuerdo con la Constitución, el(la) presidente(a) de la República es jefe(a) supremo de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, las FFAA se encuentran sujetas a sus órdenes y a su dirección.
El Informe final de la CIDH desató sus enredos
Como se recuerda, el pasado 3 de mayo se hizo público el informe final de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en Perú. En sus conclusiones, el informe señala que el gobierno de Dina Boluarte respondió con “un uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” ante las protestas ciudadanas.
Concluyó, además, que en Ayacucho hubo casos de “ejecuciones extrajudiciales” que “habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos”, y que en Juliaca podría hablarse de una “masacre”.
Boluarte solo atinó a minimizar las conclusiones y negó los casos de ejecuciones extrajudiciales, así como cualquier masacre durante las protestas sociales contra su gobierno, o que haya habido estigmatización racial alguna.
Lo que no dijo es que el gobierno había enviado 178 observaciones, haciendo ver que hubo una participación individual de las Fuerzas Armadas y la Policía durante las protestas en su contra y del Congreso. Estas aclaraciones las ratificó la jefa de Estado en una entrevista a El Comercio en la que dijo que “ni los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre protocolos de FF.AA. y PNP”.
Todo indica que luego de recibir más críticas y conocerse el sentir de algunos oficiales en situación de retiro, la presidenta tuvo que rectificar sus palabras y reiterar su apoyo a las Fuerzas Armadas y la Policía.
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