De acuerdo al Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la respuesta del Estado a las manifestaciones contra el Gobierno se caracterizó por el uso desproporcionado y letal de la fuerza. Y concluyen que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. Entre el 7 de diciembre del 2022 y el pasado 23 de enero.
El informe al que tuvo acceso El Comercio se presentará este miércoles 3 de mayo en Washington, EE.UU.
La CIDH afirma que de la información que recibió en Lima, Ica, Arequipa y Cusco, “se desprende que la respuesta del Estado estuvo caracterizada por el uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza” contra los ciudadanos que se manifestaban.
Hechos deben investigarlos fiscalías especializadas en derechos humanos
“Se confirma por la cantidad de personas fallecidas y heridas con lesiones en la parte superior del cuerpo por impactos de armas de fuego. Y la ubicación de un número importante de víctimas que ni siquiera estaban participando de las protestas. O se encontraban en las inmediaciones de los focos de conflictividad”.
Asimismo, la organización agrega que esos hechos deben investigarlos fiscalías especializadas en derechos humanos, y luego juzgados por jueces independientes, competentes e imparciales.
En Ayacucho “se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas. Con debida diligencia y con un enfoque étnico-racial”, determina una de las conclusiones del informe.
Muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales
Conforme a la investigación de la comisión, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales al perpetrarlas los agentes del Estado. “Además, al tratarse de múltiples privaciones del derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre”, añadió.
También resaltan el caso de Juliaca, ciudad en la que la CIDH observó que “se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado”, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra, tanto de participantes en las protestas, como de terceras personas.
Los miembros de la CIDH visitaron el país entre el 11 y el 13 de enero pasado. Realizaron reuniones con autoridades del gobierno, poderes del Estado, organismos autónomos, familiares de víctimas y organizaciones de la sociedad civil.
Informe HRW: Retórica del Gobierno…plantea interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad
Como se sabe, otro informe, el de Human Rights Watch (HRW) concluyó que también que “el Ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias”.
“La retórica del Gobierno, que parecía excusar o minimizar los abusos, combinada con la aparente inacción de las más altas autoridades civiles […] plantea interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad”, dice el documento.
Sin embargo, la presidente de la República del Perú, Dina Boluarte Zegarra, apurimeña, como las primeras víctimas de las protestas, cuando fue consultada por la labor de HRW, dijo que esta organización “es una ONG, y acá en el territorio nacional cada institución tiene autonomía”.
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