Tal como lo temían los familiares de las víctimas de la represión policial y militar durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, todo se ha ralentizado y hasta paralizó en las regiones.
Incluso la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas, decidió trasladar la competencia de la investigación a un equipo especial de Lima.
En la ciudad capital ni siquiera se inicia las investigaciones contra de Dina Boluarte, Alberto Otárola y quienes resulten responsables de las masacres. Tampoco ha hecho mucho el equipo especial creado para recibir las carpetas que estaban avanzadas. Todo hace indicar que no hay voluntad de investigar y encontrar a los responsables de las muertes en las protestas.
A decir del fiscal adjunto supremo provisional adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación, Marco Miguel Huamán Muñoz, no pudieron hacer nada porque “no tenían los nombres completos de los jefes policiales y militares de Ayacucho y Apurímac”. Este fiscal está a cargo de la investigación a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y dos exministros ,por las muertes durante las protestas sociales contra el Gobierno y el Congreso.
Sin embargo, su argumento fue desmentido pues el coordinador de las fiscalías supraprovinciales de derechos humanos, Daniel Jara, sí le envió un oficio informándole sobre las acciones que se ha realizado hasta el momento. Respondía así un pedido que el propio Huamán le hiciera cinco días antes.
Fiscales que sí investigaron las muertes para que se haga justicia
Huamán dio cuenta de que la fiscalía especializada de Ayacucho abrió investigación preliminar contra Antero Mejía Escajadillo, quien fue jefe de la Macrorregión Policial Ayacucho. También a Jesús Amarildo Vera Ipenza, entonces comandante general de la Segunda Brigada de Infantería de Ayacucho, y los que resulten responsables. Por tanto, el fiscal tenía los nombres desde el 15 de enero, pero prefirió no citarlos pese a los meses transcurridos y la impotencia de los familiares.
Otro fiscal que sí hizo su trabajo es el fiscal adjunto provincial de Yunguyo, Hugo Javier Vizcarra Mamani, quien tendría más avances en la investigación respecto a los hechos suscitados durante las manifestaciones en Juliaca.
A finales del mes de abril, el fiscal logró citar a tres coroneles PNP, Alberto Rojas Mendez, Jefe de la División Policial Juliaca. También a Julio Mauricio Contreras, Jefe de la División Policial de Puno, quienes poco o nada declararon respecto a los fallecidos por impactos de bala. En tanto, Carlos Bravo Cáceres, general de la Policía, ni siquiera se presentó a la diligencia, la misma que consta en la carpeta fiscal N° 23 – 2023.
¿Quién es el fiscal Vizcarra Mamani?
Cabe recordar que la fiscal de la Nación, el pasado 3 de marzo, designó a Vizcarra Mamani en el despacho de la fiscalía penal supraprovincial especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad en el distrito fiscal de Puno para investigar la aparente masacre ocurrida el 9 enero en alrededores del aeropuerto de Juliaca.
El fiscal Vizcarra Mamani tiene una trayectoria limpia. En 2021, logró cadena perpetua para un sujeto que violó sexualmente a su menor hija de 12 años, hecho que sucedió en la ciudad de Yunguyo. El mismo año, además, logró la máxima pena para tres sujetos que abusaron sexualmente y asesinaron a una colegiala también en la ciudad fronteriza. Otro de los hechos emblemáticos que asumió fue el caso de un exalcalde del centro Poblado que cometió un horrendo feminicidio contra una pareja en 2018, hecho que terminó con una máxima condena.
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