Anderson rechaza retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

“Es una iniciativa de grupos autoritarios de derecha e izquierda” afirmó el congresista en su visita a la ciudad de Arequipa.

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“Es una iniciativa de grupos autoritarios de derecha e izquierda” mencionó el congresista Carlos Anderson al referirse al proyecto de ley para retirar a Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Es una ley que debe ser rechazada de inmediato”, dijo sobre el proyecto presentado por Renovación Popular que busca que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pierda jurisdicción sobre la justicia peruana.

Para Anderson, “Perú es una democracia débil, es una democracia joven” y no le convendría salirse de este organismo que tutela los derechos humanos en la región. Destacó también que no se debe imponer formas autoritarias de gobierno, como las vistas durante la protestas sociales de principios de año. Pues generan una incertidumbre económica afectando a todos los peruanos.

Defensa de los derechos humanos en crisis
Informe de Amnistía Internacional sobre los Derechos Humanos iba a ser presentado en el Lugar de la Memoria. Foto: LUM

Para el legislador no agrupado, el proyecto no tiene un sustento jurídico, pues según su perspectiva un proyecto de ley no puede tener valor sobre tratados internacionales. “Esto depende exclusivamente del ejecutivo” afirmo Anderson.

¿Qué pretende el proyecto para denunciar a la Convención de Derechos humanos?

El congresista Jorge Montoya, vocero de la bancada “Renovación Popular”, ha presentado este proyecto de ley bajo la excusa de “proteger la soberanía e independencia del país”. Para el congresista Montoya, “el sistema interamericano de Derechos Humanos se encuentra en crisis y desgaste por sesgo ideológico”.

El proyecto argumenta que la afiliación del Perú a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se hizo de manera incondicional. Para desvincularse de este tratado internacional el estado debe retirarse mediante la “denuncia” de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Si se aprueba el texto propuesto, Dina Boluarte estará forzada a presentar la denuncia ante el Congreso de la República. Esto en un plazo máximo de 30 días. En el caso de que la jefa de Estado opte por rechazar la denuncia, tendrá que remitir al Parlamento un informe. En él, deberá detallar las justificaciones que respaldan su opinión sobre la Convención Americana de Derechos Humanos.

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