Aprueban nueva denuncia constitucional contra Martín Vizcarra por caso ‘Vacunagate’

También aprobaron la acusación contra Betssy Chávez y tres congresistas “mocha sueldos”

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Con 20 votos a favor y una abstención, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó denunciar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra y a la exministra de Salud Pilar Mazzetti, por el presunto delito de concusión.

La comisión dio un plazo de 15 días hábiles a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que elabore el informe final sobre el caso conocido como ‘Vacunagate’.

Fue la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien presentó la denuncia constitucional contra Vizcarra y Mazzetti el 28 de abril del presente año.

Según la tesis fiscal, ambos políticos recibieron vacunas destinadas exclusivamente a inmunizar al equipo de investigación y al personal relacionado con el ensayo clínico del laboratorio chino Sinopharm y la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH).

También aprueban denuncia contra Betssy Chávez

La Comisión Permanente también aprobó la denuncia constitucional contra la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez. Fueron 21 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Igualmente, se le otorgó a la subcomisión 15 días para investigar y presentar el informe final contra la también excongresista. En este caso, la imputación es por los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias.

Chávez es cuestionada por supuestamente haber favorecido a familiares de su pareja, Abel Sotelo Villa, con diversos trabajos en el Estado peruano. También la investiga el Ministerio Público (MP) por el presunto delito de rebelión respecto al golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre.

Cuatro congresistas ‘mochasueldos’

Con 22 votos a favor, la Comisión Permanente también aprobó la denuncia contra las congresistas Rosío Torres, Magaly Ruíz y María Acuña (APP), y contra la parlamentaria no agrupada Katy Ugarte.

A ellas se les acusa de haber recortado sueldos a los trabajadores de sus respectivos despachos. Por este mismo caso, las congresistas tienen una investigación fiscal abierta por el presunto delito de concusión.

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